Veintiséis rupias o, lo que es igual, 46 céntimos de euro. Eso es lo que vale una vida en India según la sentencia publicada el lunes por el tribunal que ha juzgado a los ocho responsables del desastre de Bhopal, el escape de gas tóxico que en 1984 dejó, oficialmente, 3.787 muertos. Si se tienen en cuenta los fallecidos por causas directamente relacionadas con el isocianato de metilo, una de las sustancias más tóxicas del mundo, la cifra de víctimas mortales se establece en 15.000, que diferentes ONG elevan hasta 25.000. Cien mil personas más viven con graves secuelas por las emanaciones.
Así, no es de extrañar que muchas asociaciones de víctimas hayan acusado al tribunal de «dar gratis vidas humanas»: cada uno de los culpables de negligencia criminal tendrá que pagar una multa de 100.000 rupias (1.754 euros), pero no cumplirá ni un solo día de los dos años de cárcel a los que han sido sentenciados porque todos superan ya los setenta. A la empresa que explotaba la fábrica de Bhopal, la subsidiaria india de la estadounidense Union Carbide, la factura le resultará más abultada, pero no demasiado: 8.900 euros. Y eso que negó la existencia de una fuga hasta varias horas después de haberla controlado. En total, las familias de las víctimas han cobrado unos 800 euros por cada fallecido. «La decisión del tribunal no es sólo una vergüenza, supone una traición a la población de India y envía también un peligroso mensaje a las multinacionales, a las que se les viene a decir que pueden matar cuanta gente quieran», denunciaba al diario "The Hindu" Nitiyanand Jayaraman, activista de la Campaña Internacional para la Justicia en Bhopal. «Estos hombres han sido condenados por un delito equivalente al de un accidente de tráfico. El Gobierno ha demostrado que le importan más las corporaciones que la gente. Pero todavía tenemos esperanza, y mantendremos la presión», añadía Rachna Dingra, miembro del Grupo de Bhopal para la Información y la Acción.
A pesar de haber resultado mucho más letal que el accidente de la central nuclear de Chernobil, la mayor catástrofe industrial de la historia es poco conocida fuera de India, ha sido objeto de un estudio superficial y continúa cobrándose víctimas. Ha pasado un cuarto de siglo desde aquella madrugada del 3 de diciembre de 1984, en la que una fuga de agua inundó el tanque 610 de la fábrica química. El contacto con el isocianato de metilo provocó una reacción exotérmica que hizo aumentar la presión en el contenedor hasta que la válvula de emergencia se abrió, dejando que 42 toneladas de gas extremadamente nocivo escaparan a la atmósfera.
Fuego en los pulmones
Los vecinos de Bhopal, sobre todo aquellos que se habían instalado en chabolas alrededor de la fábrica, sintieron enseguida como si sus pulmones hubieran comenzado a arder, y los desastrados hospitales se llenaron de pacientes incapaces de respirar o de ver. Miles murieron en las primeras horas, y más de medio millón de habitantes estuvieron expuestos al gas. Según la investigación llevada a cabo por las autoridades indias, las causas de la tragedia fueron más allá del mero accidente: un diseño inadecuado, mantenimiento defectuoso, y personal poco cualificado permitieron que el agua entrara en contacto con el gas. Como consecuencia, en el lustro que siguió al siniestro se duplicó la tasa de muerte infantil, y se triplicó la de bebés que nacieron sin vida.
El desastre de Bhopal supuso el fin de la fábrica, y la sentencia de esta semana cierra por completo el caso, a la espera de la improbable celebración del juicio que tiene pendiente el responsable estadounidense de la compañía, Warren Anderson, que escapó de India y no tiene ninguna intención de regresar. Pero las consecuencias persisten. Diferentes ONG aseguran que hasta 10.000 toneladas de productos tóxicos abandonados por Union Carbide, adquirida en 1999 por Dow Chemical, siguen filtrándose por el subsuelo y contaminan el agua y la tierra de la que viven varios millones de personas.
El índice de nacimientos con malformaciones o discapacidad psíquica es muy superior a la media nacional, pero no existen datos fiables al respecto. Tanto el Gobierno como la empresa hace tiempo que dieron por cerrado un caso que todavía seguirá cobrándose su trágico precio entre quienes menos tienen para pagarlo.
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