El uso del dinero de todos

Hace mucho tiempo que en México se ha señalado críticamente el uso discrecional que los gobernantes hacen con el dinero público, es decir, con el dinero de todos los mexicanos. Antes se pensaba que éste era un problema endémico de los priistas, y lo que entonces se denominaba la oposición, de izquierda y derecha, así lo señalaban y prometían que sería una contrariedad que desaparecería cuando ellos gobernaran y no lo hiciera más el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Vinieron los tiempos de la alternancia en el poder, pero nada de esto sucedió. Muy pronto descubrimos que más bien esta tendencia a usar los recursos públicos como si fueran personales está ligada a estar en el poder y para nada con cuestiones de banderas o colores partidarios.

Como sea, el discurso que señala este problema se sigue utilizando, pero ha terminado por convertirse en una pieza estrictamente demagógica. El PRI, el Partido Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD), el del Trabajo (PT), etc., se señalan mutuamente de esto, cuando cualquiera de ellos ocupa una posición tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. El problema mayor, si así se le quiere ver, es que todos tienen razón cuando lo dicen del otro, pero no dejan de hacerlo cuando ocupan un espacio de poder.

De México siempre se ha dicho que tiene un gobierno republicano y por ello, entre otras características, existe la división de poderes, entendida ésta como pesos y contrapesos, o de vigilancia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto desde luego nunca ha sucedido en la realidad política. Aquí todos sabemos del predominio del Ejecutivo sobre los otros dos poderes y, en todo caso, aunque actualmente en el Ejecutivo se haya debilitado esta supremacía, ello no significa que un poder vigile a los otros para lograr un mejor gobierno o, en este caso, un mejor uso de los dineros. En este sentido el proceder del gobernador Emilio González Márquez y el comportamiento de los otros dos poderes son un caso paradigmático.

Por ello no es gratuito que en nuestro país ningún poder haya logrado o querido frenar este comportamiento porque, en última instancia, todos están comprometidos con tal proceder. De esta manera los gobernantes, los legisladores, los ministros, por ejemplo, deciden de la forma más arbitraria los altos salarios para sí mismos. Salarios que por la cantidad de ceros, lejos, muy lejos están de los ingresos que reciben millones y millones de mexicanos. Con la misma arbitrariedad y alejados de la realidad nacional deciden gastar más dinero en un proceso electoral que lo que se destina al combate a la pobreza. Y peor aún, con la misma discrecionalidad, pero rayando en el cinismo deciden entregar el dinero de todos a intereses privados.

CRÉDITOS: Jorge Regalado Santillán