YO MISMA FUI ALLA Y REGRESE ENFERMA

Visitadora de la Comisión expuso pruebas ante autoridades federales y estatales

Documenta la CNDH contaminación imperante en El Salto y Juanacatlán

“Yo misma fui allá y regresé enferma”, describe Eloísa López Jiménez, quien encabezó la reunión

MAURICIO FERRER


Aspecto de la reunión Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
“Sí, fui allá (a El Salto) y regresé enferma”, fue la frase que soltó ayer la visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Eloísa López Jiménez, en un momento de discusión que sostuvo con autoridades estatales, federales en Jalisco y organizaciones ambientalistas de los municipios de El Salto y Juanacatlán.
Así, la propia visitadora expresó lo que le ocurrió en la última visita que hizo a estos municipios en diciembre pasado para documentar la contaminación que ahí se vive a causa del río Santiago.
El encuentro de ayer, al que La Jornada Jalisco tuvo acceso, fue una especie de “desahogo de pruebas” de la queja que presentó ante el organismo defensor nacional el ciudadano Enrique Encizo Rivera, perteneciente a la asociación Un Salto de Vida.
Fue una reunión en la que abundaron los “papelitos”: una caja con documentos periodísticos que registran la contaminación del Santiago; una insistencia de la visitadora para que los quejosos soliciten la información a las instancias correspondientes “por escrito”; y una desesperanza de los habitantes que manifestaron estar hartos de tantos “papeles” puesto que las dependencias no les hacen llegar la información que piden.
Y es que, la información que piden, “toda es cuestionable”, señaló en la reunión Graciela González, de Un Salto de Vida.
En el papel, el diálogo estaba previsto para las 9:30 horas. Otros decían que estaba marcado para las 10 de la mañana; unos más que a las 10:30 y por ahí uno, dijo que a las 11 del día.
Para esa hora, estaban presentes representantes de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), de los ayuntamientos de Juanacatlán y de El Salto, y de unos cuatro grupos civiles de la zona. Sólo faltaban funcionarios de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Ante la espera, algunos tenían que irse, porque tenían otros compromisos. Tal fue el caso de la representante de Semades, Dulce María García. Al final, la visitadora le insistió que fuera reemplazada en el evento al que tenía que acudir. Lo hizo.
Poco antes, López Jiménez había marcado por teléfono a la Secretaría de Salud. Pidió que la comunicaran con Lucía Salazar, quien había estado presente en la anterior reunión, la de finales de 2007.
Minutos más tarde llegaron los burócratas de ambas dependencias. Luego, inició la lectura de la información que las oficinas estatales y federales le habían hecho llegar a la CNDH.
La CEA ratificó: la construcción de 11 plantas de tratamiento en los próximos años; la construcción de redes para rehabilitar el alcantarillado en 101 colonias de la Cuenca de El Ahogado; la construcción de 59 colectores y la construcción también de una planta de tratamiento.
El funcionario de la CEA parecía desconcertado ante toda esa información. José Ignacio García Guzmán, jurídico de esta dependencia, sólo se limitó a contestar que en septiembre se lanzaría la licitación para la planta de tratamiento en El Ahogado. No sabía más, era la primera vez que acudía a reuniones de este tipo. No conocía más del caso.
La Conagua aseguró que hizo un muestreo del Santiago y de El Ahogado en febrero pasado. Que todo está en orden, que son aguas “aceptables”. Que la presencia de metales, “no rebasa la norma oficial mexicana”. Que se infraccionó en 41 ocasiones a contaminadores de estas aguas.
Los habitantes sólo movían la cabeza mientras el municipio de Juanacatlán, destacaba en su informe, que no cuenta con registro alguno de empresas o áreas agrícolas que emitan descargas residuales en el Santiago. Lo mismo dijo el municipio de El Salto. Más movimientos de cabeza de un lado a otro.
Todos y cada uno de los puntos que habían señalado las autoridades en sus “pruebas” a la CNDH fueron cuestionados por los ambientalistas.
“¿Qué pasó con el convenio de la CEA para inspecciones cuyo monto asciende a un millón de pesos? ¿Pagan los municipios por tirar sus residuos, tienen plantas de tratamiento?”, fueron preguntas que hicieron los habitantes y que quedaron sin respuesta.
Al abrir la cloaca de El Salto y Juanacatlán, ahí, en esa pequeña sala de juntas de la Conagua, la visitadora se dio cuenta de más cosas: del vertedero Los Laureles, de que las descargas industriales no las toman en cuenta como información las autoridades, del tubo que construyó la Secretaría de Desarrollo Rural en la localidad La Azucena, de los casos de cáncer en los municipios y hasta de la criminalización de la lucha social emprendida por Raúl Delgadillo Muñoz, del Comité de Defensa Ambiental de El Salto.
Incluso se percató de la descoordinación entre instancias: Semades le pidió a la misma CNDH que Salud de a conocer los resultados de sus estudios sobre presencia de metales en la población para emitir la figura jurídica correspondiente en torno a la zona.
Hoy, la visitadora de la CNDH documentará con video y fotografías, la contaminación en El Salto y Juanacatlán.
Quizá regrese enferma otra vez.