REPRESION IMPOSICION Y PROTESTA

El Lobby
RAÚL TORRES
Represión, imposición y protesta
Según un informe elaborado en febrero pasado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Jalisco es uno de los estados donde más se ejerce la “violencia estructural” para reprimir la protesta social o imponer proyectos económicos, lo que en consecuencia implica un alto índice de violación a los derechos humanos. Los documentos a los que haremos referencia en esta ocasión pueden consultarse íntegros y para mejores interpretaciones, en la siguiente liga: http://www.redtdt,org.mx/wwwf/iniciativas.php?subaction=showfull&id=1202131336&archive=&start_from=&ucat=5.
“El ejercicio efectivo de la democracia requiere como presupuesto el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En una democracia constitucional, la pobreza extrema es ilegal, ya que las condiciones de legitimidad del Estado, es decir, las condiciones para que un Estado merezca nuestra obediencia, no se alcanzan allí donde el Estado niega a millones de personas, a través de un orden institucional inequitativo, los recursos mínimos para una vida digna. En resumidas cuentas, no hay democracia sin derechos humanos, tomados éstos en su conjunto (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y la plena vigencia de los derechos humanos es lo que caracteriza al Estado de derecho y la legalidad”, señala el documento en el que se explica claramente cómo los diferentes niveles de gobierno en el país pervierten los conceptos de legalidad, estado de derecho, derechos humanos y democracia.
De los 60 casos reportados y documentados por la Red en 17 estados, en los que se ejerce “violencia estructural”, nueve (el mayor número) ocurren en Jalisco: ocho de ellos causados por la imposición de proyectos económicos y uno por criminalización de la protesta social.
Los casos que la Red documentó en Jalisco son el proyecto de la presa de Arcediano; la construcción de la carretera Amatitlán-Huejuquilla; la contaminación en el Río Santiago; el plan de desarrollo turístico Mazamitla 2020; la creación de un órgano operador del agua; la expansión del proyecto minero Peña Colorada, en la reserva de la biosfera de Manantlán; el programa de pago por servicios ambientales que, a través de remuneraciones económicas insuficientes, pretende legalizar la explotación indiscriminada de los recursos naturales; el programa de saneamiento de la Cuenca del Ahogado, y los retenes en las carreteras o caminos de acceso a la zona wixárika. Desde aquí podríamos enumerar otros casos que engrosarían esta lista, como el asedio a los vecinos de Bugambilias que se oponen a la invasión inmobiliaria en La Primavera; las detenciones de Raúl Muñoz y Eduardo Vergara, activistas de El Salto; la agresiva forma en que el gobierno del estado ignora a los habitantes de Temacapulín, poblado que se quiere inundar a favor de un proyecto turístico y supuesto abasto de agua para León, Guanajuato; la forma irregular en que el Ayuntamiento de Zapopan otorga permisos para construir dentro del bosque El Nixticuil, el proyecto de turismo “ecológico y cultural” que intenta imponer el gobierno del estado en la ribera de Chapala, ignorando lo que de ello opinen quienes habitan ahí, como la gente de Mezcala; y otra pila de casos que pueden consultarse en un blog que hace un recuento de las resistencias y las luchas en Jalisco: http://cronicadesociales.wordpress.com/.
No es casualidad que de los 60 casos que registra la Red en todo el país, 41 tienen que ver con la disputa de recursos naturales, y que de ellos, 21 pretendan la imposición de proyectos económicos “principalmente en las zonas indígenas y rurales, con una población total o mayoritariamente indígena y/o campesina”; de los nueve registrados en Jalisco, al menos cinco van en ese sentido. Desde esta mesa creemos que el poder tener acceso pleno de los recursos naturales representa para muchas comunidades la posibilidad de consolidar la construcción de autonomías que causan terror en los gobiernos que intentan seguir legitimando un sistema que viene haciendo agua desde hace tiempo. Eso es lo que demuestran las resistencias y luchas que desde las autoridades estatales o municipales quieren acallarse de una u otra manera.
En el caso de Jalisco es significativo que muchos de los proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo generen este tipo de conflictos, lo que habla de una ingenua forma de planear o, de plano, de una cínica manera de intentar imponer un proyecto económico que favorece a pocos.
“En los últimos años, en México se han registrado casos extremos de represión y criminalización de la protesta social. Los casos de Atenco y APPO son muestra de ello, donde el impacto de las acciones emprendidas por las organizaciones populares y el despliegue de cuerpos de policía para reprimirlas fueron de dominio público. Estos casos son un paradigma de la respuesta que aplica la autoridad a los desafíos de la protesta social. Sin embargo, un manejo poco crítico de estos dos casos pueden llevar a pensar que son casos excepcionales en la nueva democracia mexicana y que no reflejan la situación del país ni mucho menos las formas en que las autoridades deciden resolver los conflictos, y en casos extremos es posible encontrar declaraciones que avalan la respuesta señalando que los opositores habían pasado los límites que la democracia permite. Por ello es necesario dejar en claro que esas afirmaciones no corresponden a la realidad, los casos expuestos anteriormente demuestran que las respuestas represivas son una práctica enraizada en las instituciones del país. Lo excepcional, en todo caso, es el grado de legitimidad que social y el nivel de desafío que esas organizaciones populares lograron”, concluye el informe de la Red TDT. Y pensar que el gobierno estatal insiste en hacer ver que detrás de la gente de Temacapulín están los “macheteros de San Mateo” Atenco (así dicen), o que la APPO opera para promover la revocación de mandato.