BASUREROS SI CUMPLEN CON LAS NORMAS

El cierre de Los Laureles no fue por problemas de contaminación, sino de licencia, dice

Basureros del estado cumplen con las normas ambientales: Semades

Se abroga proyecto de ONG de El Salto y Juanacatlán tendiente a sanear el río Santiago

JUAN CARLOS G. PARTIDA


Ernesto Naranjo, Fernando Montes de Oca, procurador de Protección al Ambiente; Martha Ruth del Toro, titular de Semades, y Mónica Reyes, en rueda de prensa

Alejada de los problemas ambientales más serios de la entidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) promueve la trituración de llantas pero se olvida del saneamiento de los cuerpos de agua en una entidad donde hasta el propio gobernador acepta que todos están contaminados; aplica un programa de revisión de emisiones a la atmósfera de los automotores, mientras cientos de fábricas continúan con impunidad deteriorando el aire en la zona de Miravalle, y hasta se abroga como propios, programas como el que realizarán habitantes y activistas de El Salto y Juanacatlán con la aplicación de métodos científicos para limpiar los lodos que escurren por la Cuenca del Ahogado y llegan al río Santiago.

Martha Ruth del Toro, titular de Semades, dijo que en cuanto a los tiraderos de basura más grandes que hay en la entidad, aunque todavía tienen saldos ambientales por cubrir, están mucho mejor que como estaban hace un año, cuando ella llegó a su actual cargo. Por ejemplo, señaló que en el caso de Los Laureles, ubicado en Tonalá y donde se recibe la mayor cantidad de basura que se produce en la Zona Metropolitana de Guadalajara, han verificado que sus incumplimientos no están al nivel de lo que se ha señalado, en especial por la población de El Salto y Juanacatlán, que acusan a la empresa Caabsa Eagle, concesionaria del lugar, de no implementar medidas que impidan los escurrimientos de lixiviados hacia el río Santiago.

“El próximo martes (mañana) se dará a conocer todo un estudio que se hizo con un avión no tripulado, el video y las fotografías de toda el área, y ahí se advierte con claridad el nivel de cumplimiento que ha tenido la empresa; desde luego (también), todo lo que todavía no cumple en forma satisfactoria.
Y se verá con toda claridad que ése no es un punto focal de contaminación, como sí lo son por ejemplo las descargas de los dos penales, del federal y el local; como sí lo es la población de El Salto, que arroja en forma directa a Tololotlán y Puente Grande, y que se deriva de manera directa también al vaso anterior a la presa de Puente Grande”, dijo la funcionaria.

Afirmó que la clausura que el jueves pasado hizo el Ayuntamiento de Tonalá del vertedero Los Laureles no tuvo nada que ver con problemas ambientales, sino “con una licencia de uso del Ayuntamiento que no la tienen vigente”.

Aunque sólo permaneció 24 horas clausurado, luego de una reunión en Casa Jalisco en la que estuvo el alcalde tonalteca, la titular de Semades y el propio gobernador, es un hecho que la empresa –quien firmó un acuerdo con Tonalá desde la pasada administración– ha incumplido en la construcción de caminos alternos para el paso de los camiones recolectores rumbo al tiradero para evitar que transiten sobre el centro de ese municipio; además del mantenimiento a las vialidades, que deterioran por el uso sostenido de los camiones y por el pésimo servicio que hay hacia la ciudadanía tonalteca, que se queja de que hasta ocho días tarda en pasar el camión recolector, de los cuales, la empresa se había comprometido a comprar 24 unidades nuevas.

Sin embargo, para la secretaria los avances en materia de cumplimiento de normas ambientales en los basureros más grandes del estado son evidentes y ahora esos lugares “no tienen nada que ver con la manera, la disposición adecuada, el manejo de lixiviados, los taludes; todas las acciones que nos marca la norma 083 ahora sí se están cumpliendo”.

Saludar con sombrero ajeno

Martha Ruth del Toro dijo que la Semades no se quedará cruzada de brazos en tanto se construye la planta de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado, la cual, en hipótesis, permitirá que el agua que llegue por ese lecho al río Santiago ya no tenga las características que desde hace años han convertido la zona de Juanacatlán y El Salto como una de las más fuertemente contaminadas del país.

Habrá, dijo, “cuarentaitantas acciones” que se realizarán para mitigar el problema en tanto llega la solución de fondo.

El problema es que una de las inmediatas y que aseguró está bajo la responsabilidad de la Semades, es una acción tomada por los propios habitantes de las dos demarcaciones, quienes encomendaron a una empresa privada una serie de pruebas a los lodos de las aguas del canal del Ahogado para emprender así, a detalle, un proyecto de limpieza.

“Hay una variedad de problemática que hoy la tenemos bien identificada, entre el 4 y 16 de junio se están haciendo pruebas muy consistentes con tecnologías aplicables a la remediación en sitio de las aguas estancadas y las provenientes de industrias y de descargas residuales; esperemos que este tipo de tecnologías tengan un nivel de desempeño alto para que las podamos aplicar de inmediato y no esperarnos a que haya un tratamiento masivo de aguas residuales”, comentó.
Incluso señaló que esas pruebas “estamos haciéndolas sobre El Ahogado, en alguna confluencia con el Santiago”, y dijo que se trata de muestras de cómo un agua con una calidad inaceptable puede convertirse en un agua que puede descargarse sin riesgo para la salud.

Sin embargo, la ONG Un Salto de Vida había anunciado ya este trabajo, e incluso la contratación de la empresa Ecología y Biotecnología Natural a Tu Servicio, conocida como Corporativo Ecobyonat, un proyecto que surgió por iniciativa de la comisión edilicia de Ecología de Juanacatlán y de asociaciones civiles de El Salto.

De acuerdo con los resultados que se obtengan, la empresa elaborará el proyecto ejecutivo en un tiempo aproximado de 10 días a partir de la recepción de los resultados de laboratorio de las aguas del Canal del Ahogado.

Dicho proyecto ejecutivo incluirá costos, tiempo y será entregado a las ONG locales y los ayuntamientos. Si las pruebas resultan positivas, las ONG podrán exigir ahora sí que el apoyo del gobierno estatal sea más allá que simples palabras y entregue el dinero necesario para este proyecto.