Reclaman más de 885 mdp al gobierno por banco de materiales
Se trata de una extracción en el ejido Puente de Arcediano para
la presa El Purgatorio; el director de la CEA niega monto, pero acatará
orden judicial.
Agustín del Castillo
Guadalajara
La construcción de la cortina del embalse artificial de El
Purgatorio, al fondo de la barranca del río Verde, entre los municipios
de Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo, enfrenta el reclamo de la mesa
directiva del ejido Puente de Arcediano, por la extracción de arena y
materiales por más de 885 millones de pesos que no se les habrían pagado
a partir de 1992.
Ese año se firmó un contrato para abrir el banco ante la ejecución inminente del proyecto de abastecimiento de agua para la zona conurbada de Guadalajara, que fue suspendido unos meses después. Los ejidatarios dicen que no se les entregó algún dinero, pero el gobierno estatal mantuvo abierto el predio desde ese entonces y utilizó arena y piedra para diversos trabajos relativos a los caminos. Con la reactivación de la obra en 2012, los volúmenes extraídos se incrementaron.
En el fondo, se trata de un problema de linderos entre esa comunidad agraria y el predio que el gobierno de Jalisco adquirió de un pequeño propietario, Luis Arturo Castañeda, dijo a MILENIO JALISCO el abogado del ejido, Alberto Montoya Romero, quien asegura que la certificación erial por el Procede y los planos realizados de forma oficial demuestran que el banco se ubica dentro del polígono de Puente de Arcediano.
Por ello, el ejido ha planteado el juicio agrario 1371/2012 ante el Tribunal Unitario Agrario número 16, el cual se fallará este año. Los peritajes que los quejosos han presentado revelaron al momento de plantear la demanda, hace casi dos años, 420 mil metros cúbicos movilizados, pero piensan que el tiempo que ha durado el litigio el volumen ya se ha duplicado, lo que a valor de mercado son 885 millones de pesos, calcula el representante legal.
En el peritaje de la demanda agraria “que nos llevó a cabo un ingeniero experto en el ramo, nos sacó el volumen aproximado que nos han perjudicado, en un área como de diez hectáreas de terreno; informó que habían extraído poco mas de 420 mil metros cúbicos de material, entre piedra, tierra y arena, hasta junio del 2012; desde entonces pensamos que se van acumular otro tanto, porque coincide con el periodo de reactivación de la obra”.
¿Cómo ha respondido el gobierno del estado a esta exigencia? A través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) niega esa enorme deuda y señala que su banco de materiales se ubica en el predio estatal. No obstante, el titular del organismo, Felipe Tito Lugo Arias, aseguró ayer, en entrevista telefónica, que se acatará lo que las autoridades judiciales determinen.
“Por supuesto que no es esa cantidad de dinero, entiendo que hay ya una orden judicial que nos obliga a pagar, pero se trata de unos seis millones de pesos que ya tenemos en proceso de entrega para finiquitar ese asunto”, refiere el funcionario. Recuerda que en el pasado hubo un pago realizado por el SIAPA, que era la entidad responsable del proyecto original, cuyo recibo se ha entregado a la autoridad judicial. Sin embargo, el monto de ese pago es inferior a 12 millones de pesos, una parte ínfima de lo reclamado.
A juicio de Lugo Arias, a todas luces es una exigencia abusiva. El abogado del ejido contesta que el abusador fue el gobierno, porque “se aprovechó de la ignorancia de los ejidatarios”; duda también de la legalidad del banco, dado que “se ha dañado el medio ambiente de forma drástica”, pues toda la fauna desapareció; la cobertura vegetal no se ha restaurado y hay daños a la cuenca hidrológica sobre la que está asentada.
Por si fuera poco, Montoya Romero señala que la autoridad ha violado la suspensión de plano que se les otorgó en un amparo que de forma agregada interpuso el ejido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa (1666/2013), cuyo incidente de violación está por fallarse.
DENUNCIAN PERSECUCIÓN PENAL
Los titulares del ejido Puente de Arcediano, Nicolás Ruiz Eugenio y Raúl Montes Rodríguez, denuncian que el gobierno del estado responde “a la mala” al reclamo que hacen de sus derechos, y aliados al propietario que les vendió la propiedad vecina, Arturo Castañeda, ha instaurado una averiguación penal en la subdelegación de procedimientos penales de la Procuraduría General de la República (PGR), 5160/2013.
“Luis Arturo Castañeda Corona, nuestro colindante, vendió al gobierno del estado ese predio, incluso hay por ahí un decreto de que le pagaron 34 millones de pesos; pero dolosamente nos marca el terreno en el plano y se recorre dentro de las tierras del ejido […] ahora, nos tratan de intimidar y pretenden denunciar que hemos mentido sobre nuestro reclamo, que sí nos pagaron lo que nos debían, cuando eso será la decisión del tribunal, la que temen que salga pronto en su contra”, subrayaron.
Ese año se firmó un contrato para abrir el banco ante la ejecución inminente del proyecto de abastecimiento de agua para la zona conurbada de Guadalajara, que fue suspendido unos meses después. Los ejidatarios dicen que no se les entregó algún dinero, pero el gobierno estatal mantuvo abierto el predio desde ese entonces y utilizó arena y piedra para diversos trabajos relativos a los caminos. Con la reactivación de la obra en 2012, los volúmenes extraídos se incrementaron.
En el fondo, se trata de un problema de linderos entre esa comunidad agraria y el predio que el gobierno de Jalisco adquirió de un pequeño propietario, Luis Arturo Castañeda, dijo a MILENIO JALISCO el abogado del ejido, Alberto Montoya Romero, quien asegura que la certificación erial por el Procede y los planos realizados de forma oficial demuestran que el banco se ubica dentro del polígono de Puente de Arcediano.
Por ello, el ejido ha planteado el juicio agrario 1371/2012 ante el Tribunal Unitario Agrario número 16, el cual se fallará este año. Los peritajes que los quejosos han presentado revelaron al momento de plantear la demanda, hace casi dos años, 420 mil metros cúbicos movilizados, pero piensan que el tiempo que ha durado el litigio el volumen ya se ha duplicado, lo que a valor de mercado son 885 millones de pesos, calcula el representante legal.
En el peritaje de la demanda agraria “que nos llevó a cabo un ingeniero experto en el ramo, nos sacó el volumen aproximado que nos han perjudicado, en un área como de diez hectáreas de terreno; informó que habían extraído poco mas de 420 mil metros cúbicos de material, entre piedra, tierra y arena, hasta junio del 2012; desde entonces pensamos que se van acumular otro tanto, porque coincide con el periodo de reactivación de la obra”.
¿Cómo ha respondido el gobierno del estado a esta exigencia? A través de la Comisión Estatal del Agua (CEA) niega esa enorme deuda y señala que su banco de materiales se ubica en el predio estatal. No obstante, el titular del organismo, Felipe Tito Lugo Arias, aseguró ayer, en entrevista telefónica, que se acatará lo que las autoridades judiciales determinen.
“Por supuesto que no es esa cantidad de dinero, entiendo que hay ya una orden judicial que nos obliga a pagar, pero se trata de unos seis millones de pesos que ya tenemos en proceso de entrega para finiquitar ese asunto”, refiere el funcionario. Recuerda que en el pasado hubo un pago realizado por el SIAPA, que era la entidad responsable del proyecto original, cuyo recibo se ha entregado a la autoridad judicial. Sin embargo, el monto de ese pago es inferior a 12 millones de pesos, una parte ínfima de lo reclamado.
A juicio de Lugo Arias, a todas luces es una exigencia abusiva. El abogado del ejido contesta que el abusador fue el gobierno, porque “se aprovechó de la ignorancia de los ejidatarios”; duda también de la legalidad del banco, dado que “se ha dañado el medio ambiente de forma drástica”, pues toda la fauna desapareció; la cobertura vegetal no se ha restaurado y hay daños a la cuenca hidrológica sobre la que está asentada.
Por si fuera poco, Montoya Romero señala que la autoridad ha violado la suspensión de plano que se les otorgó en un amparo que de forma agregada interpuso el ejido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa (1666/2013), cuyo incidente de violación está por fallarse.
DENUNCIAN PERSECUCIÓN PENAL
Los titulares del ejido Puente de Arcediano, Nicolás Ruiz Eugenio y Raúl Montes Rodríguez, denuncian que el gobierno del estado responde “a la mala” al reclamo que hacen de sus derechos, y aliados al propietario que les vendió la propiedad vecina, Arturo Castañeda, ha instaurado una averiguación penal en la subdelegación de procedimientos penales de la Procuraduría General de la República (PGR), 5160/2013.
“Luis Arturo Castañeda Corona, nuestro colindante, vendió al gobierno del estado ese predio, incluso hay por ahí un decreto de que le pagaron 34 millones de pesos; pero dolosamente nos marca el terreno en el plano y se recorre dentro de las tierras del ejido […] ahora, nos tratan de intimidar y pretenden denunciar que hemos mentido sobre nuestro reclamo, que sí nos pagaron lo que nos debían, cuando eso será la decisión del tribunal, la que temen que salga pronto en su contra”, subrayaron.
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