El agua en Guadalajara: parte de guerra

El agua, sangre de la madre Tierra y un elemento fundamental para la vida en el planeta, es hoy un reto para la humanidad; el capitalismo global ha conducido a una crisis estructural, en las que aproximadamente mil 500 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. Es una emergencia sistémica que en el nivel local se vive de múltiples maneras y hoy se vuelve una emergencia, que para miles de personas es de vida o muerte.

Por una parte, se lanzó una red de acciones y propuestas técnicas aparentemente aisladas, como fue la iniciativa de construcción de la presa de Arcediano, proyecto que sigue avanzando pese a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), del Tribunal Latinoamericano del Agua, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Coalición de Organizaciones Ciudadanas por el Agua, entre otras, orientadas por una parte a advertir de los peligros que implica usar un agua tan contaminada como la del río Santiago para el uso doméstico en las casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de las implicaciones en el costo de bombearla mas de 400 metros hacia arriba desde la barranca hasta la ciudad y advierten de la urgencia en solucionar el fuerte problema de contaminación en el río y en su afluente contaminador más inmediato, que es la cuenca de El Ahogado, al sur de la ciudad.

La información referente a este tema es un asunto espinoso y de seguridad de Estado; hoy el acceso a Arcediano es impedido por policías municipales de Tonalá, policías estatales, guardabosques y elementos de seguridad privada. Están equipados con radios, motocicletas, patrullas y armas largas y no permiten pasar a nadie. Un asunto focal resulta ser el impedimento al paso que se cometió en contra de la señora Guadalupe Lara, quien mantiene un amparo en contra de la expropiación de sus tierras en Arcediano. Ya ni siquiera los procesos jurídicos fueron respetados cuando los policías le indicaron que la CEA les informó que la señora ya no es dueña del terreno, cometiendo con ello una violación más al proceso legal.

Paralelo a ese hermetismo, los cambios privatizadores no cesan en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo operador de agua potable en la ciudad. Por una parte, se cometen arbitrariedades en contra de la población como costos excesivos e injustificadas notificaciones de cortes totales o parciales del servicio de agua potable y el drenaje a pesar de ser un derecho humano fundamental.

Se trata de una garantía colectiva violada por el Estado mexicano al promover cambios como los efectuados en la legislación del municipio de Guadalajara para permitir el corte total de agua, como si se tratara de un producto más y no un elemento fundamental para la vida, con el que se puede lucrar.

En tanto, la privatización de bloques enteros del SIAPA es una realidad mediante las subcontrataciones en tareas de operación que deberían realizar los trabajadores sindicalizados en respeto a su contrato colectivo de trabajo, que fue uno de los motivos que llevo esta situación al borde de la huelga en meses pasados, situación que también propicia el encarecimiento del servicio. De esta manera, el SIAPA se va disolviendo entre las subcontrataciones y las presiones para privatizarlo institucionalmente, lo cual no ha sido posible gracias a la lucha de los trabajadores sindicalizados y al monitoreo de diversas organizaciones de la sociedad civil organizada.

En tanto, sigue siendo crítica la situación de contaminación en la cuenca de El Ahogado, causada por el drenaje de la ciudad y de las numerosas industrias que vierten solventes, sustancias tóxicas, cloro, metales pesados, pinturas, fertilizantes, etcétera, aunado a la complejidad hidrológica devastada por la urbanización e industrialización salvaje, protegida y auspiciada por una compleja red de corrupción.

Es una zona de devastación, una zona de guerra y que además sigue habitada por los que siempre han estado ahí defendiendo su vida campesina de la presión inmobiliaria, de los que expulsados del campo por la guerra de exterminio en su contra llegaron a crecer los cinturones de miseria en la ciudad, y de los que son sometidos a vivir en los grandes fraccionamientos que cada vez son más similares a campos de concentración con importantes deficiencias en su construcción, ubicadas sobre en zonas de alto riesgo por inundaciones de agua fétida con altos contenidos de drenaje y desechos industriales que llegan a ser de hasta 2 metros de altura sobre el piso de las casas,.

Aguas abajo, en el río Santiago donde desemboca El Ahogado, poblaciones enteras viven el envenenamiento y el genocidio silencioso que provoca la contaminación del río Santiago. Para muestra la situación que se vive en El Salto y Juanacatlán, así como en la colonia Las Azucenas, donde a todos estremeció la muerte de un niño luego de tres semanas de haber caído al río por contaminación de arsénico en su sangre. Información de alta seguridad para la Comisión Estatal de Agua y negada en su momento para evitar la creciente desconfianza y evidenciación de la verdadera naturaleza genocida de sus proyectos privatizadores.

Por otra parte, en este que parece un parte de guerra, encontramos la embestida contra el pueblo de Temacapulín para hacer la presa de El Zapotillo, donde la amenaza latente es desaparecer a todo un pueblo con una larga historia y fuertes valores en su gente para beneficiar a intereses privados.

Es un momento crucial para el pueblo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sus zonas aledañas, las comunidades y municipios cercanos, la academia, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil. Es un reto que sólo será posible reconstruyendo los tejidos sociales desde abajo, deteniendo el avance de los megaproyectos, organizarse al margen de los procesos electorales y compartiendo un diálogo sincero en la construcción de estrategias integrales.