La resistencia contra El ZapotilloSábado, 28 febrero 2015 por Rubén Martín
Si las leyes valieran de algo en México, si la justicia realmente fuera imparcial, el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo y el acueducto de León, que el Gobierno federal lleva a cabo en Los Altos de Jalisco, hace tiempo que estaría cancelado.
La tenaz resistencia de los pobladores de Temacapulín, Palmarejo y Acasico han conseguido no sólo cuestionar el proyecto en los aspectos técnicos y sociales, sino también en el terreno jurídico. Con el respaldo de sus abogados, los pobladores de estos tres pueblos que están en riesgo de desaparecer con la presa El Zapotillo, han interpuesto cuatro juicios de amparo y dos controversias constitucionales, a las que se suman demandas civiles y administrativas, que suman más de 20 expedientes en contra del proyecto hidráulico. Como bien reseñó el periodista Agustín del Castillo, el conflicto en torno a El Zapotillo, es el más “judicializado” de todos los que existen en México (Milenio, 27 febrero 2015). Ahora algunos de los amparos deberán ser revisados por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues los tribunales colegiados de circuito estimaron que el fondo del asunto de la presa El Zapotillo puede sentar precedentes para otros casos, dado que se está pidiendo considerar no solo el interés jurídico de los quejosos sino los derechos de la sociedad involucrada en el conflicto.
Y aquí hay un asunto muy importante: la alianza de sujetos que se ven afectados por la presa El Zapotillo consiguieron hacer conciencia y denunciar que la construcción de ese proyecto no afectaría solo a “unos cuantos” habitantes de tres pueblos. Como lo han denunciado con claridad los pobladores de Temacapulín, especialistas aliados de la talla de Pedro Arrojo, abogados, activistas y ONGs´, el proyecto de El Zapotillo afectará también a cientos de miles de habitantes de municipios de Los Altos que se verían afectados por el trasvase de agua de la cuenca del río Verde a León. No es casual que ahora que a las añejas protestas de Temacapulín se hayan sumado recientemente pobladores y agroproductores de municipios de los Altos.
Si bien la resistencia a la presa El Zapotillo ha desnudado los intereses privados que impulsan la construcción de esa presa, y han armado una eficaz batalla legal, hay motivos para ser pesimistas. El pesimismo está fundado en la actuación del Estado y la justicia en los casos de despojos que existen por todo el país. Casi sin excepción, el Estado y las leyes funcionan para los despojadores, para los intereses privados. En realidad las “reformas estructurales” son un paquete de legislación que valida y propicia los despojos. En esa lógica, los bienes comunes, como el agua, no están para el beneficio colectivo sino para ponerlos al servicio de la lógica de acumulación de capital.
Es lo que está ocurriendo en Sonora con el acueducto Independencia, donde a pesar de la razón jurídica a favor de la tribu Yaqui, se han impuesto los intereses privados consumando un “despojo institucional del agua”, como lo definió en un libro reciente, el investigador José Luis Moreno Vázquez. Esperemos que no sea el caso en El Zapotillo y que la tenaz resistencia de Temacapulín obtenga una victoria
