Angélica Enciso L La Jornada. Tepeyahualco, Pue. Cada día alrededor de 30 mil personas padecen los efectos de las granjas de cerdos: malos olores y enfermedades. Los pobladores sólo piden que se cumpla su derecho constitucional a la salud. Apoyados por la quinta Asamblea de Afectados Ambientales lograron que un equipo de abogados analice este problema y también apoye en la defensa de las cinco personas sobre las que existen procesos judiciales abiertos por su oposición a estas instalaciones.
Entre los límites de Veracruz y Puebla, por la vía corta de Puebla a Perote, se observan decenas de instalaciones de granjas porcícolas, sin siglas que identifiquen que pertenecen a la empresa Granjas Carroll; los pobladores estiman que en esta zona hay en total 102 plantas que producen alrededor de 2 millones de cerdos al año y tienen 600 empleados.
A la celebración de la asamblea en la comunidad Chichicuautla asistieron habitantes de las diferentes comunidades del valle de Perote –que se sumaron a pobladores de otros estados del país con problemas ambientales–, cuyos caseríos y campos de cultivo están cerca de las instalaciones porcícolas.
Desde hace 15 años, los pobladores de esta región sufren la contaminación ambiental que ocasionan las plantas, "una prueba de los daños que ocasionan estas granjas sobre la salud es que en las comunidades de la zona, particularmente en La Gloria (donde presuntamente se dio el primer caso de influenza A/H1N1), en enero de este año, se dio un brote de enfermedades respiratorias y a principios de marzo muchos vecinos contrajeron gripe, que se convirtió en infección pulmonar", recordó el presidente de bienes ejidales de Chichicuautla, Vicente González, al leer un pronunciamiento de las comunidades, durante la clausura de la asamblea.
Dijo que sólo piden lo que dice el artículo cuarto de la Constitución, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
Agregó que se deben cumplir los ordenamientos legales para prohibir las emisiones contaminantes al agua y al aire, ya que padecen los malos olores de las granjas. Dijo que es necesario que se definan los límites de explotación de los acuíferos. Durante un recorrido por las lagunas que se encuentran en esta zona, como las de Alchichica y Quechulac, los pobladores explicaron que el nivel de agua ha descendido, tanto que en esta última apareció un pequeño islote, que cuando estaba bajo el agua, por tradición, cada año entraba un buzo para colocarle una cruz.
Otra demanda de las comunidades fue que la empresa y el gobierno se desistan de sus acusaciones de difamación y ataque a las vías de comunicación en contra de José Luis Martínez, Margarita Hernández, Berta Crisóstomo, Guadalupe Serrano y Verónica Hernández, habitantes de La Gloria. Todos ellos, afirmó González, sufren de hostigamiento y persecución.
Verónica Hernández, profesora de telebachillerato, fue acusada por la empresa de difamación en 2006, por leer un volante en una estación de radio, el cual era suscrito por diversas comunidades. Después se le agregó el delito de ataque a las vías generales de comunicación por un bloqueo carretero el 10 de enero de 2007, en el cual no participó.
En entrevista manifestó su preocupación porque a pesar de que los testigos que declararon en su contra ya se retractaron, el proceso sigue abierto y cada dos semanas tiene que ir a firmar, pues está en libertad bajo fianza. "Tengo temor por mi integridad física. Siempre buscan golpear a los más débiles, que somos los ciudadanos: las peticiones de la ciudadanía siguen vigentes y están apoyadas por la legislación, pero como ésta muchas veces es ambigua, las empresas y el gobierno se aprovechan de ello".
Patricia Ramírez, quien vive en un rancho en Xaltepec, comentó que los malos olores les impiden dormir, comer y hacer sus actividades normales; generalmente dependen de la dirección del viento para evitarlos. En esta situación, dijo, también están las comunidades La Gloria, Chichicuautla, Quechulac, Zalayeta, Alchichica, Laguna de Alchichica, Itzoteno, Techachalco, San Luis Atezcat, La Muralla, El Depósito y Guadalupe Victoria.
En la sesión de clausura se leyeron las conclusiones de las mesas, los afectados ambientales de las diferentes regiones del país determinaron fortalecer la asamblea y permanecer atentos de lo que sucede en cada uno de los problemas que enfrentan.
Ahí se dio a conocer una carta enviada por Francisco Ollervides, coordinador de campo de Waterkeeper Alliance -organización que en Estados Unidos luchó en contra de Granjas Carroll y tiene una agrupación similar a la asamblea– en la cual señaló que se deben hacer valer los derechos bajo las legislaciones vigentes y los invitó a realizar un trabajo conjunto. |
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