MARIO ÉDGAR LÓPEZ RAMÍREZ

Agua en la ciudad: tensión entre los expertos y la sociedad

La política pública dirigida al abastecimiento, uso, consumo y distribución del agua en las ciudades, se ha transformado en una de las áreas más sensibles y polémicas de la vida pública, tanto para los gobiernos como para las poblaciones urbanas. Lo anterior debido a que el manejo del agua urbana ha generado una tensión fundamental entre los grupos de expertos gubernamentales que administran este elemento y los grupos ciudadanos que se sienten convocados por la importancia del agua en la vida cotidiana. Mientras que los expertos arguyen que la ciudadanía es incapaz de entender la problemática técnica del agua, los ciudadanos reclaman mayores espacios de decisión en torno a este líquido. Dicha tensión está en la base de gran parte de los problemas con los que se enfrenta la estructuración de la agenda y la argumentación de una política pública del agua, que permita realmente la participación ciudadana.

La operación de una política pública sobre el agua, en este escenario de tensión, puede agravarse si las élites de expertos gubernamentales (ingenieros, geólogos, hidrólogos, etc.) no están dispuestos a difundir y a explicar a la ciudadanía la información técnica sobre la cual basan sus decisiones. En ese caso, los administradores públicos forman grupos cerrados, con un lenguaje técnico especializado que protege sus cotos de poder ante la demanda de la participación ciudadana. El lenguaje de los expertos se convierte en el principal argumento gubernamental para descartar la opinión de la ciudadanía: se trata de utilizar la falta de saber experto como estrategia para la exclusión y la disuasión. Así, se establece que el mejor escenario es la sumisión de la ciudadanía a un discurso conservador en el que los expertos exigen total confianza en sus análisis, en sus estudios y en sus decisiones técnicas, y en el que el ciudadano común no tiene derecho a pensar, ya que corre el riesgo de ser descalificado.

El problema de esta actitud excluyente, sobre todo cuando se trata de la política del agua, es que este líquido vital es capaz de convocar de inmediato al interés público. Los ciudadanos no necesitan justificar técnicamente su preocupación por lo que sucede con el agua que consumen. En otras palabras, el argumento de que la falta de conocimiento técnico debe limitar la participación ciudadana en la política pública, es endeble en el caso del agua y queda de manifiesto claramente en situaciones críticas. Basta con imaginar una ciudad paralizada por la falta de agua, para entender el poder de convocatoria social que tiene este líquido y lo frágil que es descalificar la participación ciudadana sólo porque no se tiene una especialidad técnica.

De ahí que esta tensión entre expertos y ciudadanos, siempre contenga un grado de conflicto latente o manifiesto, que no se reduce a menos que se avance hacia la participación y la pluralidad. Siguiendo a Giandomenico Majone, la argumentación tradicional de la política pública, de parte de los gobiernos, es la que trata de legitimar la política por medio de dichos criterios técnicos. Pero para Majone, los criterios técnicos no representan la riqueza de convencimiento que implica una verdadera argumentación de cara a la sociedad. Las justificaciones técnicas pierden poder de persuasión, si no están destinadas a llegar a la necesidad real de los usuarios de la política pública.

El arte de la argumentación pública debe ser incluyente de los intereses sociales, por el contrario, las justificaciones técnicas son excluyentes y parcializantes: “Los argumentos de los analistas pueden ser más o menos técnicos, más o menos refinados, pero deben persuadir para que sean tomados en serio en los foros de deliberación… un argumento persuasivo no es una demostración lógica, pero no por ello se vuelve irracional o mera racionalización… ni siquiera los analistas técnicos de políticas pueden prescindir de la persuasión. Por una parte, los hechos y los valores están tan entrelazados en la elaboración de políticas, que los argumentos fácticos no apoyados en la persuasión rara vez desempeñan un papel significativo en el debate público… la selección de datos o modelos poco apropiados, su introducción en un punto inadecuado del argumento o la elección de un estilo de presentación que no sea adecuado para el auditorio al que se destina podría destruir la eficacia de la información utilizada como prueba, cualquiera que sea su valor cognoscitivo intrínseco”.

La tensión fundamental entre los expertos y los ciudadanos por la gestión del agua, es una problemática que enlaza tanto dinámicas globales como locales: por un lado, las soluciones a los problemas de distribución, disponibilidad, uso y consumo del agua; son, cada vez más, un asunto político. Lo anterior en tanto que las soluciones económicas y tecnológicas están profundamente limitadas al tratar con un elemento natural y cultural –el agua– que es inconmensurable, es decir, al cual es imposible asignarle un valor de mercado, ya que su valía esta cruzada por diversas consideraciones éticas y no sólo económicas. El agua es, además, un elemento complejo: es parte constituyente y fundamental de la biosfera, gracias a la cual existe la vida; posee un ciclo que abarca el subsuelo, la superficie y la atmósfera de la tierra; interactúa cotidianamente con todos los seres vivos del planeta, en sus procesos metabólicos. El agua es un elemento al que la tecnología humana, no puede –no consigue– entender como un todo socio-natural ya que, la visión científica actual de los expertos separa las cosas en lugar de relacionarlas, favorece la parte y olvida el todo –o convierte a las partes en el todo–, antepone lo minúsculo por sobre la organización, divide el tiempo del espacio y aísla el componente de su ambiente. Pero sobre todo las ciencias actuales, se han visto limitadas al predecir los efectos de sus ensayos experimentales a largo plazo.

La solución a los problemas del agua es, entonces, un asunto de la política y no sólo de expertos científicos, porque es la buena política la que puede integrar la diversidad de los hombres, sus saberes, sus experiencias, y sus conocimientos. Así la política del agua exige participación y pluralidad, a la vez que rigor de conocimiento científico y tecnológico, a condición de que éste sea un conocimiento integrado e integrador. El escenario contrario es el conflicto social por la distribución, disponibilidad, uso y consumo del líquido vital. Es imperativo que la política en la que se encuadre la gestión pública del agua, asuma la multidimensionalidad y la totalidad de los problemas humanos, pero sin convertirse en totalitaria; integrando la administración, la técnica y la economía “sin dejarse disolver, despolitizar de hecho, por lo administrativo, lo técnico y lo económico”. Gran parte de los problemas mundiales del agua: llámese escasez, inequidad, desigualdad, acceso, saneamiento, contaminación, etcétera, son explicados por esta paradoja entre la necesidad de una política más plural y los grupos de expertos que administran el agua a nivel global, nacional y local. La política del agua debe ser, necesariamente, una antropolítica: aquella política que, para decirlo en términos de Édgar Morin, “se ve llevada a asumir el destino y el devenir del hombre, así como el del planeta”. Es urgente que se establezca una política que obligue a los expertos a acercarse con el ciudadano, con el hombre común, en torno a un elemento como el agua que nos vincula con la vida y con la experiencia humana de tener un mundo. Éste sería el mejor homenaje de la política al Día Internacional del Agua.