Conagua aplazó las mesas sobre El Zapotillo por cuestión de agenda

GEORGINA GARCÍA SOLÍS

Luego de que el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo evidenció el incumplimiento del gobierno federal por no convocar las mesas de diálogo con los afectados por la construcción de la presa El Zapotillo en el plazo pactado –entre el 15 y 20 de mayo-, la Conagua informó que se pospusieron por “incompatibilidad de agendas” para el periodo comprendido del 30 de mayo al 3 de junio.

A pesar de que en entrevista el titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP), Raúl Antonio Iglesias Benítez afirmó que no se podían comprometer a convocar a los opositores de este proyecto en una fecha en especifico porque se habían presentado dificultades para empalmar las agendas del director de Conagua, José Luis Luege Tamargo y el subsecretario de la Secretaría de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez horas más tarde envió un comunicado para dar a conocer el nuevo plazo para reanudar negociaciones.

“La reunión se realizará en la nueva fecha indicada, en donde se contempla que estén presentes el director general de Conagua, José Luis Luege Tamargo y el subsecretario de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez”, decía la misiva.

Antes de fijar estas fechas, Iglesias Benítez aclaró que el incumplimiento no fue por “falta de voluntad” y que no se evadía el compromiso de llevar a los altos funcionarios federales para que escucharan de viva voz la demanda de los habitantes de los pueblos que serán inundados.

El titular de OCLSP aceptó que no han retirado las denuncias penales en contra de las personas que tomaron las obras el pasado 28 de marzo, pero le pareció extraño que se mantenga este reclamo cuando se habían aclarado los motivos en las mesas de diálogo que se iniciaron a raíz de este evento.

“Se tuvieron que levantar estas denuncias –porque si no– a la hora de hacer los pagos correspondientes a la empresa que está haciendo los trabajos, las denuncias las tendríamos que recibir directamente los funcionarios que van tener que firmar el pago correspondiente y si no hay un soporte específico para hacerlo, la responsabilidad no va a ser para el que se metió ni contra quien se levantaron las denuncias, sino para la gente que autorizó los pagos. Entonces eso se explicó ampliamente y se busca con la función pública cómo redondear esto para que no haya problemas ni para los habitantes de Temacapulín ni con la gente del gobierno federal que son responsables de esto”, argumentó.