Veredicto Caso Colapso Medioambiental – México
Estado mexicano, condenado por incumplir tratados internacionales sobre derecho humano al agua
Viernes, 9 de noviembre de 2012- En su veredicto sobre el caso “Posible
colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus
presentes y futuras generaciones, República de los Estados Unidos
Mexicanos”, el Tribunal Latinoamericano
del Agua ha condenado al Estado mexicano por la violación a los tratados
internacionales y al ordenamiento jurídico interno que garantizan el
derecho al agua como derecho humano fundamental
El veredicto ha sido emitido esta tarde y
ha dado cierre a la Sexta Audiencia Pública que se ha llevado a cabo
del 5 al 9 de noviembre de 2012.
Los actores del contradictorio en este
caso han sido Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México
(ANAA) en oposición a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente
(PROFEPA); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de
Salud.
En el veredicto, el Tribunal también ha
resuelto la incapacidad de las autoridades del ejecutivo, legislativo y
judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia
ambiental. También ha reconocido el creciente deterioro del derecho
humano al agua en la República Mexicana y la insuficiencia de los
mecanismos jurídicos-políticos para detenerla y ha alertado por los
niveles de conflictividad social en la República Mexicana y la ausencia
de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla.
En su fallo, el Tribunal ha recomendado
al Estado mexicano que defienda sus leyes, procedimientos, políticas
públicas y prácticas cotidianas para el acceso al agua y al ambiente
adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y
común.
En este sentido, el jurado del Tribunal
ha hecho hincapié en la necesidad de adaptarlas a las normas de
equidad, eficiencia y sustentabilidad que exigen la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
de los que México forma parte.
También ha recomendado a las nuevas
autoridades del gobierno mexicano que revisen el sistema de procuración
de justicia ambiental, estableciendo órganos jurisdiccionales en la
materia con plena autonomía administrativa y presupuestal encargados de
la tutela y aplicación de las leyes ambientales de acuerdo al principio
de separación de poderes sancionado por la Constitución Mexicana.
Para la emisión de este veredicto, el
Tribunal se ha basado en la jurisprudencia internacional en el
reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua y la Resolución
64/292 (2010) de Naciones Unidas que reconoce el Derecho Humano al Agua y
el Saneamiento.
Asimismo, ha retomado veredictos que
formulara en pasadas Audiencias, como las de 2006 y 2007, donde
escuchara una multiplicidad de casos de México.
“La complejidad del marco jurídico
ambiental existente entre los tres niveles del Estado mexicano impide
una coordinación eficiente de responsabilidades que garantice la
aplicación efectiva de las normativas pertinentes para una gestión
sustentable del acuífero, propiciando esto la elusión de las
obligaciones institucionales.”- ha formulado.
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