Gobierno estatal y líder nahua trabajan en solución a problema territorial en Ayotitlán
• Gaudencio Mancilla afirma que la mina clausurada por la Profepa sigue laborando
Gaudencio
Mancilla, del Consejo de Mayores del Ejido de Ayotitlán, se reunió ayer
con autoridades del gobierno del estado. Foto Arturo Campos Cedillo
03 de septiembre 2013.- El líder nahua Gaudencio Mancilla Roblada,
integrante del Consejo de Mayores del Ejido Ayotitlán, en el municipio
de Cuautitlán de García Barragán, se reunió con representantes del
gobierno del estado para iniciar la integración de una propuesta a la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en torno
a la dotación y ampliación de terrenos propiedad del ejido, lo que podría cerrar un proceso inconcluso desde hace más de 90 años.
De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, en la reunión realizada ayer a las 11 horas en Palacio de Gobierno, se empezaron los trabajos para dar solución al conflicto agrario en Ayotitlán, como parte de los acuerdos tomados entre el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y Gaudencio Mancilla el pasado sábado.
Zamora apuntó:
“Tuvimos reunión de trabajo con Gaudencio Mancilla para darle seguimiento a asuntos que tienen que ver con un problema que viene desde 1921, que es la dotación de tierras que le corresponden al ejido de Ayotitlán. Revisamos el tema jurídico para las dotaciones y ampliaciones (al ejido) que están pendientes”.
Indicó que tras una breve reunión con el líder nahua, promotor de la lucha contra la minería y la tala clandestinas en Ayotitlán,
se determinó llevar a cabo una mesa de trabajo con la finalidad de
hacer un planteamiento definitivo a la Sedatu, pues “gran parte de los
problemas y conflictos se deben a la situación de la tenencia de la tierra en esa zona”.
El secretario general de Gobierno explicó que también se trató el asunto de las mineras que operan ilegalmente en la zona.
Se informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
están actuando y procedieron a clausurar una mina.
Zamora señala que, en caso de que se violen los sellos de clausura, se procederá penalmente presentando las denuncias correspondientes de la mano con la autoridad federal.
Por otro lado, tras la reunión Zamora
Jiménez adelantó que el próximo jueves delegados federales y
funcionarios del gabinete realizarán una gira de trabajo por Cuautitlán de García Barragán y el ejido de Ayotitlán. Por tal motivo, este miércoles tendrá una reunión interna con los involucrados para planear la agenda de trabajo.
Horas más tarde, el líder nahua dio una
rueda de prensa en la que indicó que durante la visita que autoridades
estatales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) hicieron a Ayotitlán el sábado pasado, se inspeccionó que el
sitio de saqueo irregular de minerales en la zona estuviera clausurado;
sin embargo, en cuanto los funcionarios dejaron el pueblo, los
sellos fueron retirados y se documentó la extracción de más de 200
toneladas de hierro en los últimos dos días, indicó Mancilla.
“Ellos (los funcionarios) ciertamente cuando estuvieron ahí, la gente estuvo parada, pero nomás se fueron y volvieron a romper los sellos que hizo Profepa”.
Al menos siete camiones sin ningún tipo de razón social o distintivo
–cuatro de ellos sin placas– fueron vistos sacando material de los
yacimientos que fueron clausurados por la Profepa el pasado 23 de
agosto, detalló el abogado y asesor del Consejo de Mayores de Ayotitlán,
Jaime Hernández Lamas.
El abogado detalló:
“Se ha denunciado desde 2008 la irrupción de estas empresas mineras ilegales, se ha estado actuando de manera legal en contra de ellas, se han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades ambientales y efectivamente fue clausurada la explotación en los predios de Cañada Verde y Piedra Imán”.
Oficialmente, el ejido de Ayotitlán tiene contabilizados dos mil 891 camiones que han extraído material de dichos yacimientos.
“Estas personas con independencia de que
actúe el gobierno, se siguen metiendo y esto es lo que le ha generado
mucha molestia en la gente de la comunidad”, añadió, y explicó que la minera Peña Colorada cuenta con un convenio con el ejido para la explotación de un yacimiento, y aunque sí provoca problemas ambientales, dijo, el problema es con los grupos que extraen los minerales de manera irregular.
Ante estos problemas, Mancilla Roblada detalló que se acordó la conformación de un grupo de vigilantes ambientales que serán capacitados y acreditados por Profepa,
y añadió que la propuesta que se había hecho de una policía comunitaria
en la zona era para proteger los recursos naturales de la Sierra de
Manantlán.
El representante del Consejo de Mayores agradeció la visita del gobernador a su comunidad y relató que Sandoval Díaz le pidió disculpas por los excesos en los que incurrieron elementos de la Fiscalía General
que lo detuvieron el pasado 22 de agosto, por lo que pidió la
destitución de los elementos que “actuaron con abuso de autoridad”.
Con los acuerdos alcanzados –entre los
que también destaca coordinación para solicitar vigilancia militar en la
zona–, dijo Mancilla Roblada:
“consideramos iniciado un camino para que se resuelvan los agravios sufridos por el abuso de autoridad y confiamos en que se atenderán nuestras demandas que permitan garantizar la seguridad”.
Se pronuncian organizaciones
Las organizaciones que integran la Red
de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT),
junto con grupos y académicos locales emitieron un pronunciamiento a
raíz de la detención de Gaudencio Mancilla en el que además expresan su preocupación
por “el creciente saqueo de recursos naturales que está teniendo lugar
en el territorio indígena nahua del Ejido Ayotitlán en la Sierra de
Manantlán”.
Así, exigieron que:
- Cese a la represión de las comunidades indígenas nahuas de Ayotitlán, que han defendido de manera legítima sus territorios del saqueo ilegal de minerales y bosques.
- Que el Estado mexicano en coordinación con la comunidad garantice que se detenga el saqueo de recursos naturales en dichos territorios.
- Que se garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas a organizar su seguridad y vigilancia comunitaria, en esquemas de colaboración y conforme a sus tradiciones y formas propias de toma de decisiones.
- Se garantice el derecho a la autodeterminación de los pueblos, su derecho a la tierra y el territorio, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
- La cancelación inmediata de las concesiones mineras que operan en territorio de los pueblos nahuas.
- La restitución inmediata de los bienes y expedientes legales sustraídos ilegalmente de los domicilios particulares y la consignación de los responsables de este acto ilegal.
- La presentación con vida de Celedonio Monroy Prudencio y castigo a los responsables.
Firman el comunicado:
la Asociación Jalisciense de Apoyo a los
Grupos Indígenas (AJAGI), el Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo (Cepad), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario
(Imdec), el Programa Institucional de Derechos Humanos del ITESO, el
Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal-Guadalajara), la Secretaría
Ejecutiva de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y
Todos (Red TDTT), la Agrupación Un Salto de Vida, A.C, el Comité
Salvabosque en Defensa del Bosque El Nixticuil, Arturo Espinoza
(producción del programa Territorios, Radio UdeG), los ecólogos
Enrique Jardel Peláez y Eduardo Santana Castellón, Mauricio Maldonado
Sánchez Aldana (consultor ambiental), Eduardo Reyes Lara, Rubén Martín
Martín, Jorge Alonso (investigador de CIESAS), el Comité Agua y Vida de
Santa Cruz de las Flores, el Colectivo Cuadernos de Resistencia e Isaac
Sánchez.
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