El mito de los órganos ciudadanos

Rubén Martín

• 2010-04-15•Acentos

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Es curioso que un político casi recién llegado a la arena pública local, como es el caso del diputado verde Enrique Aubry, haya destapado una polémica al seno de la clase política y en los medios acerca de la supuesta ciudadanización de algunos órganos públicos de Jalisco.

El diputado Enrique Aubry, en un arranque de sinceridad (o de ingenuidad) declaró lo que todos sabemos: que la elección de consejeros no se atiene a lo que dice la ley sobre buscar perfiles, y que más bien las fracciones parlamentarias se reparten las posiciones mediante cuotas. Coordinadores de otras fracciones y partidos se desgarraron las vestiduras e intentaron a desautorizar al diputado verde, negando lo que es una realidad.

El incidente abrió de nuevo las críticas provenientes desde la sociedad civil que cuestionan los métodos mediante los cuales los diputados eligen a los consejeros electorales y a otros representantes de entidades públicas.

A esta crítica se sumó ayer también el gobernador Emilio González Márquez quien con aparente candidez ciudadana (como si pudiera dejar de representar un poder público y la jefatura de un grupo político) criticó que los partidos se repartan a los consejeros.

Según ésta crítica, la clase política profesional ha ido copando espacios que antes eran ciudadanos. En esa tendencia a “pervertir” con la lógica partidista órganos que antes eran ciudadanos, la clase política desvirtúa su origen y vacía la supuesta pureza ciudadana con la que operaban antes.

Este incidente da pie para desnudar este mito que corre en el discurso de la política local, la supuesta virginidad ciudadana de los órganos autónomos: El organismo electoral (antes comisión, luego consejo y ahora instituto), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social (Cesjal) y el Instituto de Transparencia e Información Pública.

En realidad estas entidades públicas nunca han sido “organismos ciudadanos”. Basta recordar brevemente la historia de su origen para constarlo. En primer lugar todos los organismos nacieron como una necesidad del Estado mexicano y de la clase gobernante para buscar legitimidad y credibilidad de la población en momentos de crisis.

Los organismos ciudadanos se volvieron “ciudadanos” luego de la crisis del sistema político mexicano revelada por el alzamiento zapatista de 1994; las comisiones de derechos humanos nacieron en el sexenio de Carlos de Salinas, plagadas de violaciones a las garantías individuales; los institutos de transparencia surgen por la presión de los contribuyentes para que los gobernantes rindieran cuentas de cómo gastan los impuestos.

En algunos casos las primeras versiones de dichos organismos fueron manejados por ciudadanos sin partidos, como una necesidad de la clase política para ganar una bocanada de legitimidad, pero siempre los nombramientos han pasado por los acuerdos entre grupos políticos.

Muchos de los ciudadanos que pasaron por estos organismos se encandilaron con el poder y ahora o son políticos profesionales o sirven a políticos profesionales.

La esencia política de los supuestos organismos ciudadanos era que buscaban ganar credibilidad para el sistema político; la esencia jurídica de los mismos es que siempre han sido extensiones del Estado, es decir, organismos que forman parte del sistema político que a veces desde la postura de pureza ciudadana se dice criticar o combatir.

En resumen, no existe tal cosa llamada “organismos ciudadanos” tomados por los partidos; siempre han sido organismos del Estado mexicano para engatusar ciudadanos.

No es cierto que en los últimos años la democracia mexicana se esté pervirtiendo por la partidocracia que impone sus intereses a todos los organismos públicos. Lo cierto es que algunos ciudadanos creyeron (algunos de buena fe) que así vigilaban y acotaban al Estado y a los grupos de poder, cuando en realidad se convirtieron en empleados y legitimadores de la clase gobernante y del aparato estatal. Así que nadie se espante porque un político que viene del Estado de México “revela” que los consejeros electorales se reparten como cuotas partidistas. Así ha sido siempre.