Aparentes inconexiones
Cada vez es más frecuente y sencillo establecer o atar cabos entre una serie de sucesos aparentemente inconexos derivados de decisiones gubernamentales y cierto tipo de reacciones que esclarecen la dificultad y el poco sentido que tiene jugar a hacer política desde la sociedad, pero en el campo del poder, reaccionando a las iniciativas del Gobierno. Con ello en realidad se reproduce al sistema y se hacen funcionales los procesos y las instituciones que no se cansan de evidenciar la crisis en la que se encuentran. Voy a referirme a tres hechos que demuestran esta tesis.
Uno. La declaración involuntaria del diputado local Enrique Aubry ratifica lo que desde hace varios años se ha cuestionado sobre la supuesta “autonomía” de los llamados “organismos autónomos”. Si alguna vez la hubo, ésta no existe más, porque tanto el Gobierno como los partidos políticos meten mano y definen sus procesos. No obstante esta evidencia, hay quienes siguen manejando la idea de que se deben “disputar” estos espacios pretendidamente para que “sean de la sociedad”. Y con esta “buena voluntad” se proponen como candidatos que deberán ser cabildeados o negociados por los partidos políticos.
Dos. En otro ejemplo más de la inutilidad de las “recomendaciones” que emiten las comisiones de derechos humanos, la Coanagua simplemente dijo no aceptar la que le hizo la mismísima CNDH respecto de la contaminación del Río Santiago y de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha en febrero de 2008. Y para decir que no se acepta la recomendación, por lo visto, no se requiere ningún argumento y no hay nada más que hacer. Junten este caso con el anterior y entonces quedará más claro el tema.
Tres. En términos políticos y jurídicos hace tiempo que se discute la validez o no, o mejor dicho, la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico.
Todos los temores que se tenían al respecto ahora son absolutas realidades. Muchos militares en funciones de alto rango han sido corrompidos y muchos otros retirados o dados de baja, dicen las versiones, se han pasado a las filas del enemigo. Como se supone que debe ser, los militares son formados para matar, para aniquilar. No son formados para prevenir la delincuencia y muchos menos para actuar teniendo en mente el respeto de los derechos y las libertades de nadie que se ponga en su camino en el momento de la acción. Por eso Calderón y el general Guillermo Galván los justifican afirmando que “habrá más muertos” o más “daños colaterales”. Y claro, en una guerra siempre hay muertos y por eso son despreciables.
En fin, volviendo al centro de este comentario, en referencia al Ejército no hay recomendación de derechos humanos ni solicitud de transparencia que valga. Ellos quieren seguir interviniendo en actividades que legalmente no les corresponden y actuando respecto de la población, pero sin que sus excesos sean juzgados por las leyes civiles. ¿Verdad que las inconexiones son solamente aparentes?
Uno. La declaración involuntaria del diputado local Enrique Aubry ratifica lo que desde hace varios años se ha cuestionado sobre la supuesta “autonomía” de los llamados “organismos autónomos”. Si alguna vez la hubo, ésta no existe más, porque tanto el Gobierno como los partidos políticos meten mano y definen sus procesos. No obstante esta evidencia, hay quienes siguen manejando la idea de que se deben “disputar” estos espacios pretendidamente para que “sean de la sociedad”. Y con esta “buena voluntad” se proponen como candidatos que deberán ser cabildeados o negociados por los partidos políticos.
Dos. En otro ejemplo más de la inutilidad de las “recomendaciones” que emiten las comisiones de derechos humanos, la Coanagua simplemente dijo no aceptar la que le hizo la mismísima CNDH respecto de la contaminación del Río Santiago y de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha en febrero de 2008. Y para decir que no se acepta la recomendación, por lo visto, no se requiere ningún argumento y no hay nada más que hacer. Junten este caso con el anterior y entonces quedará más claro el tema.
Tres. En términos políticos y jurídicos hace tiempo que se discute la validez o no, o mejor dicho, la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico.
Todos los temores que se tenían al respecto ahora son absolutas realidades. Muchos militares en funciones de alto rango han sido corrompidos y muchos otros retirados o dados de baja, dicen las versiones, se han pasado a las filas del enemigo. Como se supone que debe ser, los militares son formados para matar, para aniquilar. No son formados para prevenir la delincuencia y muchos menos para actuar teniendo en mente el respeto de los derechos y las libertades de nadie que se ponga en su camino en el momento de la acción. Por eso Calderón y el general Guillermo Galván los justifican afirmando que “habrá más muertos” o más “daños colaterales”. Y claro, en una guerra siempre hay muertos y por eso son despreciables.
En fin, volviendo al centro de este comentario, en referencia al Ejército no hay recomendación de derechos humanos ni solicitud de transparencia que valga. Ellos quieren seguir interviniendo en actividades que legalmente no les corresponden y actuando respecto de la población, pero sin que sus excesos sean juzgados por las leyes civiles. ¿Verdad que las inconexiones son solamente aparentes?
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