4.7.13

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS...

Los derechos a la territorialidad, a la subsistencia y vida digna en México

• Es justamente desde la Ética, donde los ciudadanos y ciudadanas debemos tomar la fuerza para indignarnos
En la preaudiencia que el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó en San Gabriel se expusieron 23 casos de diversas comunidades de Jalisco y otros estados de la República. Foto Alejandro Velazco
En la preaudiencia que el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó en San Gabriel se expusieron 23 casos de diversas comunidades de Jalisco y otros estados de la República. Foto Alejandro Velazco
Jaime Morales Hernández.- El pasado fin de semana en la comunidad de San Isidro en el municipio de San Gabriel, Jalisco, se llevó a cabo la preaudiencia del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). El Tribunal es una instancia ética, internacional y no gubernamental, que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos y está conformado por personalidades de reconocida autoridad moral, provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.
En esta ocasión el Tribunal recibió acusaciones y denuncias en torno a los temas de territorialidad, subsistencia y vida digna y por ello resulta significativo que la sesión se haya realizado en la comunidad de San Isidro, lugar en pie de lucha por la defensa de la tierra desde 1939, y aún no les han entregado 280 hectáreas, que actualmente están siendo explotadas por diversas empresas agrícolas. Por la misma zona, se ubica el agroparque donde hace un par de semanas fueron “encontrados” en condiciones de esclavitud un gran número de jornaleros. Estos casos ilustran el actual panorama en el Llano Grande de Juan Rulfo, donde se extiende sin control la producción agroindustrial e intensiva de cultivos altamente demandantes de agua, con un elevado uso de agrotóxicos, y basada la explotación inhumana de los trabajadores
El Tribunal atendió 23 casos donde diferentes comunidades  de Jalisco y de México, presentaron las violaciones a sus derechos a través de la minería, la contaminación de sus ríos y lagos, la agricultura industrial, los transgénicos y las presas, y expusieron sus tristezas, frustraciones y esperanzas en la búsqueda de un futuro digno para ellos y para sus hijos. Es importante señalar que en todos los casos la gente ha optado por el camino de la institucionalidad y la legalidad, y escuchamos el viacrucis que han vivido ante las diferentes instancias gubernamentales buscando ser oídos y atendidos en su desesperación al comprobar la corrupción, ineficiencia e inutilidad de las distintas instancias de gobierno. Mientras exponían sus testimonios ante el Tribunal, a todos los asistentes nos invadía una sensación de rabia e impotencia ante las enormes injusticias que se cometen actualmente en nuestro estado y en el país.
El Comité dictaminador del TPP señaló en su veredicto que el Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, así como ciertas empresas nacionales y transnacionales, son los responsables de la destrucción sistemática de la vida campesina, de los medios de subsistencia, la autonomía y el despojo en todo el territorio nacional. El Tribunal además detectó procesos de simulación e impunidad y un desamparo institucional que se caracteriza por la ausencia del Estado para evitar los daños a la tierra, a la subsistencia y a la vida digna. El Tribunal concluye señalando que el Estado mexicano no adopta conductas que prevengan la amenaza de empresas mineras, urbanísticas, agroquímicas o transgénicas.

El Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene carácter jurídico vinculante y su autoridad proviene de principios y fundamentos éticos, y es justamente desde la Ética –como dice Leonardo Boff–, donde los ciudadanos y ciudadanas debemos tomar la fuerza para indignarnos, para movilizarnos y fortalecer los pasos hacia el respeto a la tierra y a la vida en toda su diversidad, hacia el cuidado de la comunidad de vida con comprensión, compasión y amor, hacia la construcción de sociedades democráticas, justas, sustentables, pacíficas y participativas; y con ello asegurar la riqueza y belleza de la tierra para las generaciones presentes y futuras.

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