DEFENSORES...

Defensores en indefensión

2 julio, 2013 | Categoria: Artículos,Opinión | Escrito por: Edición Impresa

• Agresiones y hostilidad; Repetida impunidad; Criminalización constanteJaime Hernández Ortiz.- La semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ACNUDH) dio a conocer el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance 2013.
El documento señala que la incidencia de casos de agresiones contra las y los activistas de derechos humanos persiste y sigue afectando la plena vigencia del derecho a la defensa de los derechos humanos.
Agresiones y hostilidad 
La ACNUDH coincide con lo señalado por otras organizaciones internacionales en el tema: que los defensores de derechos humanos están expuestos a graves ataques  y riesgos y que viven dentro de un clima de hostilidad permanente debido a las  actividades que realizan.
El informe comprende el estudio de casos de 26 mujeres, 35 hombres y 11 organizaciones de derechos humanos que han sufrido ataques y agresiones.
El organismo señaló que los tipos de agresiones más frecuentes continúan siendo las amenazas de muerte y de causar daño, así como las injerencias arbitrarias a través de allanamientos a las oficinas de las organizaciones o mediante el robo de información vía electrónica. Se indica que los ataques no son aislados ni casuales, ya que al menos 55 personas habían sido víctimas de algún tipo de agresión directa, contra algún familiar o contra la organización en la que trabajaban.
Los activistas agredidos tenían acciones de trabajo relacionadas con los derechos de la población migrante, la defensa de derechos civiles, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (particularmente los relacionados con derechos laborales, el medio ambiente y el impacto de determinados proyectos de desarrollo), así como la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.
Es decir, los activistas tenían una incidencia en la defensa de amplios sectores sociales.
Como en muchos casos esas actividades afectan intereses de particulares y de empresas es de suponer que las agresiones sufridas no necesariamente fueron cometidas por agentes gubernamentales, sino que en muchos se realizaron con su aquiescencia.
La ACNUDH señaló que hubo escasos avances en la identificación de los presuntos responsables y que sólo en tres casos se logró su detención y consignación a la autoridad judicial, pero que “hasta el momento de la publicación de este informe, los procesos penales no habían resultado en ninguna sentencia firme”.
Repetida impunidad
La ACNUDH precisó que “la falta de sanción a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan realizando su labor”.
Por ello, el organismo considera que “una debida investigación y una sanción adecuada son una efectiva forma de protección para quienes defienden los derechos humanos”. Y reitera, por lo tanto, la pertinencia de continuar abogando por la adopción e implementación de las diez recomendaciones emitidas desde el 2009 al Estado mexicano para mejorar las condiciones en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos.
Por ejemplo, la ACNUDH recomendó a las autoridades federales y estatales “articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores, así como para difundir la Declaración sobre defensores de derechos humanos entre la población en general y, de manera particular, entre las y los funcionarios de todos los poderes y niveles de gobierno”.
Pero, como se observa, es casi inexistente lo realizado al respecto. Incluso, a un año de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los resultados a través del mecanismo aún son nulos y de escaso impacto nacional y regional.
Otra recomendación de la ACNUDH fue “fortalecer la reforma constitucional en materia de derechos humanos garantizando, entre otras cuestiones, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y el principio pro persona”.
Sin embargo, es grave que ya está en puerta en la Cámara de Diputados una iniciativa priísta claramente regresiva para echar atrás la reforma constitucional.
Criminalización constante
Otra recomendación fue implementar efectivamente la reforma constitucional en materia de amparo, de junio de 2011; pero la nueva Ley de Amparo entró en vigor el pasado 3 de abril del 2013 y sin los efectos retroactivos que tiene toda ley al derogar una anterior; de manera que sigue sin conocerse los beneficios de esa reforma, sobre todo respecto del interés legítimo y la procedencia del amparo colectivo.
La ACNUDH propuso también “regular a nivel federal, estatal y municipal el uso de la fuerza pública en la contención del derecho a la protesta social, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”.
No obstante, se han endurecido las políticas públicas y tanto en Jalisco como varias entidades persiste la criminalización de la protesta pública bajo el pretexto de afectar “derechos de terceros y vías de comunicación”.
Además no vemos condenas públicas de las autoridades frente a las agresiones. Ahí están recientes los casos de los Gaudencio Macilla en Ayotitlán y los opositores a la minera Gan-Bo, quienes han recibido graves amenazas.
Si alguien pensaba que las cosas mejorarían con el cambio de la administración pública federal está totalmente equivocado. Los escenarios no son nada alentadores.
Hay que reconocer que sin los activistas de derechos humanos está incompleta toda causa a favor de la democracia y el imperio de la ley.