Poca vigilancia y coordinación, entre las anomalías en la Cuenca Lerma-Santiago
• Sólo hay cuatro inspectores para toda la región, revela el informe de la CCA
Funciona de forma correcta únicamente el 8% de las estaciones de monitoreo de calidad del agua. Foto
Son sólo cuatro los inspectores que se tienen para vigilar la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago; el sistema de monitoreo de la calidad del agua no funciona de forma adecuada; no existe una coordinación entre la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y no hay nadie que en los consejos de cuenca vele por el interés del medio ambiente, a pesar de ser un derecho constitucional.
Los datos fueron proporcionados por Paolo Solano, oficial jurídico de la Unidad de Peticiones Relativas a la Aplicación de la Legislación Ambiental de la CCA, organismo en el que participan los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, creado a la par del Tratado de Libre Comercio (TLC) para que ninguno de los tres países tomara ventaja económica por no aplicar la legislación ambiental vigente.
Los datos se incluyen en el Expediente de Hechos del caso denominado Lago de Chapala II, que inició el 23 de mayo del 2003 con una petición de diversos organismos no gubernamentales para que se indagara la actuación del gobierno de México en los casos relativos a la contaminación de los ríos Lerma y Santiago, y la intención entonces de construir la Presa de Arcediano sobre uno de los afluentes más contaminados del país.
En 2005 el secretariado técnico consideró que sí se ameritaba una investigación pero fue hasta el 2008 cuando los gobiernos de los tres países dieron luz verde para que se hiciera, terminando el 9 de octubre de 2012.
Los resultados que se dieron a conocer en público ayer en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con la presencia de Irasema Coronado, directora ejecutiva de la CCA, en un hecho inédito, ya que nunca el organismo había presentado sus resultados en público y menos en el lugar donde se solicitó la intervención.
Respecto a la carencia de inspectores, Paolo Solano admitió que no fue fácil conseguir la información, puesto que el gobierno de México tardaba en hacerlo. Para evitar retrasos, la Comisión para la Cooperación Ambiental tuvo que solicitar los datos bajo el amparo de la Ley de Transparencia.
“Uno ve la situación, los inspectores, y uno dice pues cómo le van a hacer, si no hay inspección, si no se controla la contaminación en la fuente, pues cómo le vamos a hacer”, expresó.
También se documentó la falta de coordinación de la Comisión Nacional del Agua con el personal del área de inspección de la Comisión Estatal del Agua.
De acuerdo a la investigación, otra de las cuestiones que se detectaron fue el deficiente monitoreo de la calidad de las aguas en el país puesto que si bien ha crecido el número de estaciones, al pasar de 363 en 1982 a mil 535 en el año 2009, las mediciones son inconsistentes y no sistemáticas, porque nada más el 8 por ciento registran de forma adecuada,
Indicó además que en los consejos de cuenca no se tiene algún representante que vele por los intereses medioambientales considerados en la Constitución.
José Luis Hernández Amaya, funcionario de la Conagua y encargado de dar seguimiento a asuntos relativos la Cuenca Lerma Chapala, escuchó los resultados del Expediente de Hechos, y al final tuvo una intervención que no respondió a ninguno de los argumentos de la CCA.
Señaló que se está preparando un nuevo programa de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los estados de la región, que son México, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Al final se negó a dar entrevistas argumentando que no estaba autorizado para hacerlo.
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