Los maíces transgénicos y la democracia en México

21 febrero 2012

Jaime Morales Hernández.-

Foro en defensa de los pueblos del maiz. foto Arturo Campos Cedillo.

El último día de diciembre de 2011 el gobierno federal retiró el último candado legal y autorizó la siembra de maíces transgénicos en superficies experimentales. Esto significa el paso previo a su siembra comercial una decisión largamente esperada por las empresas trasnacionales de agroinsumos, cuyas consecuencias tendrán preocupantes impactos en las familias rurales y en el alimento fundamental de nuestro país.
El tema de los maíces transgénicos en México tiene un carácter diferente a otros países; nuestro territorio es el centro mundial de origen del maíz y cuna de una gran agrodiversidad basada en enorme riqueza genética. El maíz y los cultivos que lo acompañan en la milpa son la base de nuestra alimentación y un componente central de la economía rural. El maíz es además, un elemento de la identidad cultural de México y el eje de la vida campesina e indígena. Por ello los riesgos que implican los maíces transgénicos son un tema estratégico para el futuro del campo y del país.
La autorización para la siembra experimental de los maíces transgénicos ilustra a cabalidad algunos de los grandes huecos de nuestra pobre y maltrecha democracia. Por una parte, nos lleva a concluir con tristeza sobre la nula importancia que desde el poder se la asigna a las opiniones de la sociedad civil y a los científicos que no avalan las decisiones gubernamentales. Los argumentos a favor de la conservación del patrimonio genético del maíz, y de la aplicación del principio de precaución en los transgénicos han provenido de un amplio espectro de científicos y organismos nacionales e internacionales y van desde la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio, hasta la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo el gobierno federal y sus funcionarios han desestimado las observaciones y atendido fundamentalmente los intereses de las grandes empresas transnacionales.
Por otra parte el tema de los transgénicos nos llama también a reflexionar acerca de la ética y las responsabilidades de los funcionarios públicos. Ahora ante una decisión que tendrá una significativa incidencia en algo tan sensible como la alimentación de todos nosotros y que impactará múltiples ámbitos de la vida en un medio rural ya en crisis, conviene cuestionarse acerca de la responsabilidad de los funcionarios que autorizaron esta decisión y qué es lo que se puede hacer desde la sociedad civil. Los ciudadanos nos preguntamos ¿a quiénes y bajo qué mecanismos es posible llamar a cuentas? si por ejemplo se presenta una contaminación de los maíces nativos y perdemos el patrimonio genético, o bien si por la falta de diversidad genética continúan las hambrunas entre comunidades campesinas e indígenas.
En este tema como en tantos otros, la sensación que nos queda es la de una profunda indefensión ante las decisiones de la autoridad y una gran impotencia al observar cómo la clase política dilapida los recursos de México y pone en riesgo el futuro del país. Por ello en este año de mercadotecnia electoral es imprescindible incluir entre las agendas ciudadanas la exigencia de tomar en cuenta a la sociedad civil como un actor indispensable y la necesidad de establecer una responsabilidad y una ética en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, como elementos básicos de la democracia.