El ataque a Internet y a su comunidad usuaria

Aleida Hernández.-

El mes de enero de 2012 será recordado, entre otros motivos, por el ataque más serio que ha sufrido Internet y su comunidad usuaria en lo que lleva de vida. Las sedes del ataque están ubicadas en los poderes gubernamentales de varios países y son impulsadas por grandes empresas privadas que representan al gran mercado en el mundo, principalmente aquellas dedicadas a la propiedad intelectual y todos sus derivados, industria, empleos y beneficios.
La ley SOPA (Stop Online Privacy Act), el Acta de Protección de Propiedad Intelectual (PIPA, por sus siglas en inglés); la ley Döring, versión mexicana de las anteriores propuestas de ley estadunidenses; el ACTA, una especie de tratado impulsado por la Comisión Europea y los estados miembros de la Unión Europea, entre otros mecanismos jurídicos de amplio espectro internacional, han saltado a la “fama pública” los últimos días como algunos de los misiles contra la libre circulación de contenidos en Internet relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Su finalidad es la de endurecer las leyes de propiedad intelectual para que se sancione a prestadores de servicios de Internet y a sus usuarios que supuestamente violen derechos de autor y falsifiquen bienes a través de este medio.
No obstante lo expresado formalmente por los impulsores de tales iniciativas, detrás de esta fuerte amenaza a la libertad que ha caracterizado a la forma de operar y de ser de la Internet, pareciera que se encuentran otras motivaciones, como la de controlar y limitar una de las creaciones humanas más descentralizadas, horizontales y libres que se han generado en los últimos tiempos, sin olvidarnos de sus inherentes contradicciones.
Recordando un poco la historia del surgimiento de Internet, convendría señalar que a pesar de que se dice que su nacimiento estuvo motivado por las necesidades de la industria bélica estatal, fue a partir de que se masificó su uso, a principios de los años 90, que su espíritu tuvo mayor relación con un uso libre, sin un poder centralizado que lo controlara y operara; Internet se convirtió en el lugar por excelencia en donde todos podían participar libremente sin estar bajo vigilancias y controles excesivos por parte de gobiernos o sectores privados (salvo varios países como China). Esto no quiere decir que no existieran desde siempre ciertas restricciones, pero aún no se convertían en la regla para el uso de la red. Así, para 2006 se estimaban mil 100 millones de internautas, con una proyección para 2016 de dos mil millones.
Por eso, el ataque a Internet y su comunidad usuaria es enorme. Con ese tipo de restricciones al uso de la red que se pretende concretar con las legislaciones y tratados mencionados alrededor del mundo –que seguramente piensan emular muchos países– estaríamos en presencia de las siguientes pérdidas y limitaciones a nuestros derechos: censura en Internet; restricción de la libertad de expresión; pérdida de la neutralidad de la red debido a la restricción de uso de ciertos protocolos; vigilancia total de todas nuestras actividades en línea; pérdida de las libertades y la restricción de los derechos civiles; sanciones como perder nuestro acceso a Internet o la cárcel; sólo por mencionar algunos retrocesos de nuestro uso de Internet.
Es evidente que también estamos en presencia de una fuerte tensión de derechos, el de la propiedad intelectual y los derivados derechos de autor, por una parte, frente a la libertad de expresión y libre circulación del conocimiento y las ideas por otra, que exige un análisis con mayor detenimiento y que estamos obligados a realizar más adelante.
Por lo pronto, es importante mencionar una intuición que a muchos se nos presenta al conocer este tipo de embates a Internet: la posible intención de los poderes gubernamentales y privados de todo el mundo de evitar un nuevo episodio Wikileaks, controlando y vigilando al máximo todo lo que circula en línea con el pretexto de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Sin duda este tema nos da para seguir analizando las posibles motivaciones reales de estos proyectos tan restrictivos de nuestros derechos y libertades, alcanzados en la supuesta era de la información y la sociedad del conocimiento.