Admite que la CEA convenió con el Iprovipe la construcción

Gobierno del estado niega haber sido notificado por TEA respecto a Temaca

GEORGINA GARCÍA SOLÍS

Escudado en que todavía no es de su conocimiento la resolución que ordena la suspensión de la obra del nuevo centro de población de Temacapulín, emitida por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez no anticipó la acción legal que emprenderá el gobierno del estado.

A pesar de que la postura del gobierno de Emilio González Márquez siempre ha sido a favor del proyecto federal, la presa El Zapotillo, pero desmarcada de su ejecución, el funcionario estatal reconoció que el Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Jalisco (Iprovipe)– una de las tres instancias a la que está dirigida la resolución–, está a cargo de la construcción de Talicoyunque, a donde pretenden mudar a los habitantes de Temacapulín a fin de que este pueblo sea inundado.

La participación de Iprovipe, precisó, obedece a un convenio firmado con la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyo titular César Coll se deslindó de atender la orden de suspensión bajo el argumento de que la dependencia a su cargo, no es un ente jurídico involucrado en el litigio (La Jornada Jalisco 19 de noviembre de 2010).

“La Comisión Estatal del Agua (CEA) no tiene facultades para construir, entonces se ha realizado un convenio con el Iprovipe para que la población que se tiene que reubica, pueda contar con casas con mejores condiciones de las que actualmente tienen en la población y para eso se hizo un convenio entre Iprovipe y la Comisión Estatal para la construcción de este núcleo de población”, aceptó.

El secretario dijo que esperarán la notificación de esta resolución para revisarla jurídicamente y determinar cómo procederán, pero consideró es una “suspensión para iniciar un procedimiento, entonces no llega más allá”.

“Si la vía de la legalidad y el orden jurídico dan soluciones en esto tendrán que respetarse, si estas resoluciones fueran definitivas tendrían que atacarse”, expuso.

La magistrada Patricia Campos concedió cinco días hábiles al CEA, Iprovipe y al ayuntamiento de Cañadas de Obregón (autoridades demandadas) para que suspendan la obra, o de lo contrario se dará vista al agente del Ministerio Público para que ejercite la acción penal.