Habitantes demandan a la Profepa que haga su trabajo y apoye a los afectados
Comunidades aledañas a Picachos rechazan prolongación de sus funciones por 100 años
Martha Ruth del Toro se ha hecho de la vista gorda ante los daños socioambientales, señalan
Los planes de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) para prolongar a 100 años la vida del vertedero de Picachos no cayeron bien en las comunidades aledañas de Milpillas, San Lorenzo, Huaxtla y San Francisco Ixcatán. Recién desempacados de la sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, celebrada en la localidad de La Magdalena Ocotlán, Oaxaca los días 11 y 12 de septiembre, los habitantes de los poblados en mención suscribieron un comunicado de prensa en el que exigen al Ayuntamiento de Zapopan, el cumplimiento de una vez por todas, del convenio firmado y ratificado por el pleno del cabildo el 14 y 20 de octubre del año pasado, para el resarcimiento de daños por el derrame de lixiviados de los basureros de Picachos y Hassar’s y dos granjas porcícolas que contaminan el arroyo Grande de Milpillas y el río Santiago.
“Martha Ruth del Toro, secretaria del medio ambiente y desarrollo sustentable (sic) del Gobierno de Jalisco, cercanísima personera del grupo de Alberto Cárdenas Jiménez, quiere 100 años más de vida del basurero de Picachos cuando se ha hecho de la vista gorda por los daños socioambientales en la zona desde hace más de una década, las inspecciones han sido una burla y las licencias para abrir más celdas de depósito de basura las ha otorgado sin pudor alguno y fuera de la norma”, señala el comunicado.
A la par, los habitantes demandan a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) que haga su trabajo y se ponga de lado de los pueblos afectados, y no de los propietarios con poder económico y político que se apropian de las tierras, como ocurre en la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán.
“Que no respalde al gobierno municipal que ha incumplido una y otra vez los plazos en las obras urgentes de remediación; cuando hemos denunciado hasta el cansancio que ahí se tiran indiscriminadamente y sin control, arsénico, cromo total, cianuro y mercurio constituyendo un delito federal. De la misma forma se están contaminando con descargas habitacionales y otras desconocidas, los ríos Blanco y sus vertientes, la Soledad, el Achichilco y otras microcuencas que son de jurisdicción federal, corrientes que tributan al río Santiago y al océano Pacífico”, precisan.
La Jornada Jalisco (13 septiembre 2010) publicó que la titular de Semades, Martha Ruth del Toro, busca extender la vida de Picachos 100 años y retirarle al Ayuntamiento de Zapopan la administración del vertedero para que sea operado por un Consejo Metropolitano.
“Estamos convencidos de que si defendemos el territorio preservamos identidades, vida, conocimientos, riquezas naturales y culturales y ante todo la posibilidad de que siga habitable la casa de todos, sin ella no habrá derechos que defender, alimentos que degustar, ni libros, ni chozas, ni lenguas, ni pueblos, ni caminos, ni mares, ni mujeres, ni hombres, sólo muerte y desolación”, señala uno de las conclusiones de la sexta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Del encuentro realizado en el sur del país se desprenden acciones para cada uno de los pueblos de Jalisco y de la Zona Metropolitana de Guadalajara que padecen la contaminación del río Santiago cuya longitud es de 262 kilómetros aproximadamente. En un informe de 21 páginas, del que éste rotativo posee una copia, se mencionan a detalle las características de los pueblos, micro climas y micro cuencas afectadas por la contaminación industrial.
En lo que es la denominada Cuenca del Ahogado, ubicada hacia el municipio de El Salto, los afectados reiteran sus demandas formuladas el 14 de abril del 2008 al Gobierno Federal y Estatal, para que se declare de forma inmediata área de emergencia ambiental y acción extraordinaria de atención en materia de salud con la construcción de un hospital de tercer nivel, y la suspensión inmediata de la autorización de permisos de construcción de zonas habitacionales, industriales, comerciales y de servicios, mientras no se asegure el abastecimiento de los recursos naturales y de servicios públicos para que la población existente tenga una vida sana, digna y segura.
Para el caso del municipio de Juanacatlán, que desde 1988 se ha visto afectado por el cambio de uso de suelo, con deforestación para el cultivo de agave, los afectados exigen que se ponga alto a la construcción de la primera planta de etanol, a la ampliación urbanística e industrial de El Salto, y al macrolibramiento metropolitano que romperá con el frágil equilibrio natural y social de la entidad.
En el manifiesto redactado a modo de conclusión, las comunidades afectadas consideran que lo que ocurre en sus territorios son “crímenes de lesa humanidad”, que deberían ser llevados a tribunales internacionales.
“A pesar de que periodistas, científicos, académicos y afectados han repudiado este desastre socio ambiental en diversas zonas de la barranca del Santiago, hasta el momento nadie ha sido sancionado, ni remediado los efectos perversos contra los pueblos afectados, ni pagado daños a la economía local y sanitaria, mucho menos resarcido el impacto al entorno natural. Denunciamos que las mesas técnicas y de diálogo con el gobierno estatal y municipal, nomás han servido para alargar la agonía de nuestro territorio”, se añade en el texto.
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