Invita a ambientalistas mexicanos a seguir ejerciendo presión
Obligación del Estado procurar agua sana a sus pueblos, advierte el TLA
Matilde Pérez U. (Enviada)
Guadalajara, Jal., 11 de octubre. Concluyó hoy la cuarta sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), con la esperanza de que sus resolutivos y recomendaciones coadyuven en las luchas que poblaciones de México, Chile, Perú y Honduras sostienen para que su derecho a agua limpia y un medio ambiente sano se cumpla y sea protegido por las autoridades por encima de los intereses económicos.
Durante los trabajos del organismo internacional en esta ciudad se presentaron siete casos de contaminación y sobrexplotación de acuíferos, cuatro de ellos relacionados con actividades mineras y tres por asentamientos humanos y actividades industriales.
Phillippe Texier, presidente del jurado que sesionó durante cuatro días en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara, aclaró a los denunciantes que las recomendaciones del TLA no significan el fin, sino el seguimiento de su lucha social, y los invitó a continuar ejerciendo presión, porque el Estado debe procurar agua sana a sus pueblos y protegerlos. “Tuvimos testimonios de una realidad muy dura; esto será una gota más de agua para quienes no tienen acceso a un líquido potable y aceptable”, dijo.
En los cuatro casos mexicanos expuestos, referentes a afectación del acuífero Chalco-Ameca por la construcción de proyectos inmobiliarios en el valle de México; posible contaminación del pozo El Calvario, ubicado en Cuautla, Morelos, por la operación de la gasolinera
Milenium 3000; amenaza a los recursos hídricos en el municipio del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por la Minera San Xavier, y los daños a la salud que sufren los pobladores de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, por la excesiva contaminación del río Santiago, el jurado del TLA asentó que la falta de coordinación eficiente entre las autoridades federales, estatales y municipales ha impedido la aplicación efectiva de las normatividades ambientales para una gestión sustentable de los acuíferos y ha propiciado la elusión de obligaciones institucionales.
En el caso de la contaminación del río Santiago – que lleva 30 años– y los daños a la salud de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, el TLA responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno por el “alarmante” deterioro de la cuenca y los efectos en la salud y las condiciones de vida de la población de dichos municipios, y los instó a que acuerden los términos para una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zona.
También les recomendó elaborar un estudio epidemiológico e interdisciplinario, independiente y participativo para analizar los daños a la salud de los habitantes; que los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico discutan sobre la degradación del río y se le relacione con los problemas de salud pública; se apliquen medidas de atención médica especializada y se realicen monitoreos constantes en los principales corredores industriales de dicha cuenca.
Para los casos de Cuautla y Cerro de San Pedro, el jurado recomendó suspender las actividades de la gasolinera Milenium 3000 y de la Minera San Xavier, ligada a la empresa canadiense Metallica Resources, por lo que acordó notificar del veredicto al gobierno de Canadá para que promueva mecanismos de vigilancia, indemnización y reparación de los daños causados por las empresas de ese país que realicen actividades en el extranjero. También recomendó la adopción de mecanismos de indemnización por los impactos causados en los sistemas hídricos y el ambiente.
Sobre Cuautla, sostuvo que las autoridades no velaron por el interés intergeneracional de la población, y desestimaron la aplicación del principio precautorio, el cual debe ser incorporado en todos los procesos de evaluación de impacto ambiental.
La Jornada
13.10.07
se decrete una emergencia sanitaria y comiencen de inmediato acciones
12-Octubre-07
El Tribunal Latinoamericano del Agua urge a decretar una emergencia sanitariaLas autoridades, responsables del daño al río SantiagoEl organismo internacional advirtió del “constante riesgo” de sufrir enfermedades graves para los pobladores de Juanacatlán y El Salto, que viven junto al contaminado afluente metropolitano.
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) recomendó ayer que se decrete una emergencia sanitaria y comiencen de inmediato acciones para atender la salud de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, afectados por la grave contaminación del río Santiago.En su fallo, el jurado que integra este tribunal ético resolvió “responsabilizar a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México por el alarmante deterioro del río Santiago y la cuenca a la que pertenece, y por las repercusiones sobre las condiciones de vida y la salud en los habitantes” de las poblaciones citadas, luego de considerar que, dado el nivel de contaminación del río, “la población está en un constante riesgo” de enfermar y evolucionar a enfermedades graves; además evidenció un notorio decremento en la calidad de vida.Este fallo fue el último que emitió el jurado, de entre los siete casos que escuchó en la audiencia pública desahogada a lo largo de esta semana en el paraninfo Enrique Díaz de León. La resolución del caso El Salto-Juanacatlán fue leída por el mismo presidente de este tribunal, el magistrado francés Philippe Texier, quien afirmó que los daños existentes y constatados “ya no permiten la aplicación del principio precautorio”, solicitado por los representantes legales de los vecinos en el curso de la audiencia.Sin embargo, el TLA resolvió “instar a las autoridades y a los demandantes a que acuerden los términos para lograr una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zona”; Texier explicó, en conferencia de prensa posterior al anuncio del fallo, que este diálogo es la única solución para frenar la emisión de aguas residuales contaminadas y comenzar a atender a las personas que ya presentan daños en su salud. Se le preguntó si la ausencia o negativa de autoridades locales a escuchar siquiera a los pobladores en años anteriores no les dejaba en indefensión, a lo que respondió que “la presión del pueblo”, en conjunto con la difusión de investigaciones y medios de comunicación, es la que permitirá frenar el daño ambiental, al sistema hídrico y a la salud de los habitantes de esas localidades.“¿En quién si no en manos de los demandantes podemos dejarlo?”, inquirió, tras aclarar que la función del TLA —que es un tribunal ético cuyas resoluciones no son obligatorias— es ayudar a los afectados y “dotarlos de herramientas para la lucha”. Es así que el organismo emitió siete recomendaciones (ver aparte), entre las cuales se destaca la solicitud para que los tres niveles de gobierno elaboren un estudio epidemiológico e interdisciplinario para determinar y evaluar los daños y que los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico discutan la degradación del río Santiago y su vinculación con los problemas de salud pública de El Salto y Juanacatlán, y que las Secretarías de Salud de la Federación y de Jalisco implementen medidas para la atención médica especializada a quienes ya padecen enfermedades en esas poblaciones.No menos importante fue la recomendación para que se respeten los plazos para el saneamiento de las descargas de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe recordar que, según disposición de Comisión Nacional del Agua (CNA), esta labor debió empezarse, como máximo, a partir del 30 de agosto pasado, aunque la misma comisión pretende postergarlo hasta el año 2011.Las resoluciones y recomendaciones de este tribunal dejaron conforme a la representante legal de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien consideró que el fallo “fue bueno en todos los aspectos y finalmente fue más allá de lo que esperábamos... pues declaró que ya no basta con prevenir, sino que aquí ya hay un daño y se tiene que remediar”.La abogada se mostró optimista respecto a que las autoridades de México y Jalisco atiendan las recomendaciones del TLA por ser una instancia “de fuera”, y estimó que servirá para impulsar la causa y buscar la declaratoria de emergencia sanitaria.También satisfecho con los trabajos durante esta semana se declaró el presidente del TLA, Philippe Teixer, quien vaticinó que, al convertirse el agua, de un bien común y al alcance de todos, en un bien de difícil acceso, muchos pueblos en el mundo enfrentarán luchas por el recurso, y los movimientos sociales y los tribunales especiales serán decisivos para respetar el derecho fundamental violado en todos los casos vistos en Guadalajara: el acceso al agua en adecuada cantidad y calidad. - ClavesSobre el caso de El Salto y Juanacatlán EL TRIBUNAL RESUELVE:• Responsabilizar a las autoridades, en los tres niveles de gobierno, por el alarmante deterioro del río Santiago y la cuenca a la cual pertenece, y por las repercusiones sobre las condiciones de vida y la salud de estas poblaciones• Exhortar al diálogo y la cooperación entre autoridades y demandantes• Instar a autoridades y demandantes a que acuerden los términos para lograr una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zonaRECOMENDACIONES:• Que las autoridades municipales de Juanacatlán y El Salto cumplan con las obligaciones de protección de sus respectivas comunidades de acuerdo con las atribuciones que les conceden las leyes• Que los tres niveles de gobierno ordenen la elaboración de un estudio epidemiológico e interdisciplinario, para determinar y analizar los daños específicos a la salud de los habitantes, a raíz de la contaminación del río Santiago• Que en los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico se discuta la problemática de contaminación de este río y relacione con los problemas de salud, con la participación de los demandantes• Que se respeten los plazos para el saneamiento de las descargas de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara ya establecidos por la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal• Que se hagan públicos los mecanismos de monitoreo• Que las Secretarías de Salud federal y de Jalisco implementen medidas inmediatas para la atención médica especializada y de calidad a las personas ya afectadas• Que se ejecute un monitoreo constante en los principales corredores de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico- A viva vozLos otros casos juzgados • Estación de gasolina instalada sobre un acuíferoCUAUTLA, MORELOS, MÉXICOResolución: se reconoció el riesgo potencial de contaminación del acuífero, las irregularidades en la expedición de la licencia y la construcción de la gasolinera, así como la elusión de las leyes, por lo que se aplicó el principio precautorio y se recomendó suspender de inmediato las actividades de este giro y la evaluación del impacto ambiental financiado por la empresa• Construcción de canal colector de 73 km de longitud que amenaza con destruir pastizales y zonas anegadas, principal sustento de las comunidades indígenas de la región de HuancavelicaPROVINCIA DE HUANCAVELICA, PERÚResolución: censurar a las autoridades de Perú y autoridades locales responsables, por acciones y omisiones en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza. Recomendó parar de inmediato la obra, crear mecanismos de indemnización por daños ya sufridos y realizar estudio de impacto ambiental• Explotación irracional y contaminación de aguas superficiales por actividad minera en el Valle de SiriaMUNICIPIOS DE SAN IGNACIO, CEDROS Y EL PORVENIR, HONDURASResolución: se reconoce apropiación abusiva de los recursos hídricos, que explota irracionalmente varios pozos en 23 mil hectáreas del Valle de Siria, concesión que actualmente goza una empresa canadiense; por lo que se recomendó suspender la actividad minera y obligar a la transnacional a indemnizar a las comunidades por daños sufridos y aplicar las normas ambientales vigentes en Canadá• Riesgo de afectación del acuífero Chalco-Amecameca por construcción de fraccionamientos en el Valle de MéxicoMUNICIPIOS DE AMECAMECA, TLAMANALCO, CHALCO Y OTROS SIETE, ESTADO DE MÉXICO Resolución: establecer medidas políticas y jurídicas para priorizar la sustentabilidad hídrica; implementar nuevo programa de reordenamiento territorial para recuperar áreas de recarga del acuífero y conciliar con los demandantes la solución a la instalación de vivienda• Desaparición de territorio y dos poblados a raíz de la explotación minera a cielo abierto de la mina San JavierCERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICOResolución: reconocer la responsabilidad de la empresa transnacional y las tres autoridades de gobierno por los daños ambientales y sociales, y comunicarlo al gobierno de Canadá para que promueva indemnización de daños causados por las mineras canadienses en otros países y mitigar tales daños• Construcción de un tranque para contener 2,060 millones de toneladas de relaves generados por mina, sobre vertientes del estero PupíoCOMUNA LOS VILOS, REGIÓN DE COQUIMBO, CHILEResolución: cancelar de inmediato y en definitiva la obra. Responsabilizar a la empresa minera (40 por ciento de capital japonés y 60 por ciento chileno) por la destrucción de recursos hídricos y censurar a las autoridades de gobierno por omisión de sus compromisos
Guadalajara•Maricarmen Rello Publico
El Tribunal Latinoamericano del Agua urge a decretar una emergencia sanitariaLas autoridades, responsables del daño al río SantiagoEl organismo internacional advirtió del “constante riesgo” de sufrir enfermedades graves para los pobladores de Juanacatlán y El Salto, que viven junto al contaminado afluente metropolitano.
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) recomendó ayer que se decrete una emergencia sanitaria y comiencen de inmediato acciones para atender la salud de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, afectados por la grave contaminación del río Santiago.En su fallo, el jurado que integra este tribunal ético resolvió “responsabilizar a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México por el alarmante deterioro del río Santiago y la cuenca a la que pertenece, y por las repercusiones sobre las condiciones de vida y la salud en los habitantes” de las poblaciones citadas, luego de considerar que, dado el nivel de contaminación del río, “la población está en un constante riesgo” de enfermar y evolucionar a enfermedades graves; además evidenció un notorio decremento en la calidad de vida.Este fallo fue el último que emitió el jurado, de entre los siete casos que escuchó en la audiencia pública desahogada a lo largo de esta semana en el paraninfo Enrique Díaz de León. La resolución del caso El Salto-Juanacatlán fue leída por el mismo presidente de este tribunal, el magistrado francés Philippe Texier, quien afirmó que los daños existentes y constatados “ya no permiten la aplicación del principio precautorio”, solicitado por los representantes legales de los vecinos en el curso de la audiencia.Sin embargo, el TLA resolvió “instar a las autoridades y a los demandantes a que acuerden los términos para lograr una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zona”; Texier explicó, en conferencia de prensa posterior al anuncio del fallo, que este diálogo es la única solución para frenar la emisión de aguas residuales contaminadas y comenzar a atender a las personas que ya presentan daños en su salud. Se le preguntó si la ausencia o negativa de autoridades locales a escuchar siquiera a los pobladores en años anteriores no les dejaba en indefensión, a lo que respondió que “la presión del pueblo”, en conjunto con la difusión de investigaciones y medios de comunicación, es la que permitirá frenar el daño ambiental, al sistema hídrico y a la salud de los habitantes de esas localidades.“¿En quién si no en manos de los demandantes podemos dejarlo?”, inquirió, tras aclarar que la función del TLA —que es un tribunal ético cuyas resoluciones no son obligatorias— es ayudar a los afectados y “dotarlos de herramientas para la lucha”. Es así que el organismo emitió siete recomendaciones (ver aparte), entre las cuales se destaca la solicitud para que los tres niveles de gobierno elaboren un estudio epidemiológico e interdisciplinario para determinar y evaluar los daños y que los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico discutan la degradación del río Santiago y su vinculación con los problemas de salud pública de El Salto y Juanacatlán, y que las Secretarías de Salud de la Federación y de Jalisco implementen medidas para la atención médica especializada a quienes ya padecen enfermedades en esas poblaciones.No menos importante fue la recomendación para que se respeten los plazos para el saneamiento de las descargas de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe recordar que, según disposición de Comisión Nacional del Agua (CNA), esta labor debió empezarse, como máximo, a partir del 30 de agosto pasado, aunque la misma comisión pretende postergarlo hasta el año 2011.Las resoluciones y recomendaciones de este tribunal dejaron conforme a la representante legal de los habitantes de Juanacatlán y El Salto, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien consideró que el fallo “fue bueno en todos los aspectos y finalmente fue más allá de lo que esperábamos... pues declaró que ya no basta con prevenir, sino que aquí ya hay un daño y se tiene que remediar”.La abogada se mostró optimista respecto a que las autoridades de México y Jalisco atiendan las recomendaciones del TLA por ser una instancia “de fuera”, y estimó que servirá para impulsar la causa y buscar la declaratoria de emergencia sanitaria.También satisfecho con los trabajos durante esta semana se declaró el presidente del TLA, Philippe Teixer, quien vaticinó que, al convertirse el agua, de un bien común y al alcance de todos, en un bien de difícil acceso, muchos pueblos en el mundo enfrentarán luchas por el recurso, y los movimientos sociales y los tribunales especiales serán decisivos para respetar el derecho fundamental violado en todos los casos vistos en Guadalajara: el acceso al agua en adecuada cantidad y calidad. - ClavesSobre el caso de El Salto y Juanacatlán EL TRIBUNAL RESUELVE:• Responsabilizar a las autoridades, en los tres niveles de gobierno, por el alarmante deterioro del río Santiago y la cuenca a la cual pertenece, y por las repercusiones sobre las condiciones de vida y la salud de estas poblaciones• Exhortar al diálogo y la cooperación entre autoridades y demandantes• Instar a autoridades y demandantes a que acuerden los términos para lograr una posible declaratoria de emergencia sanitaria en la zonaRECOMENDACIONES:• Que las autoridades municipales de Juanacatlán y El Salto cumplan con las obligaciones de protección de sus respectivas comunidades de acuerdo con las atribuciones que les conceden las leyes• Que los tres niveles de gobierno ordenen la elaboración de un estudio epidemiológico e interdisciplinario, para determinar y analizar los daños específicos a la salud de los habitantes, a raíz de la contaminación del río Santiago• Que en los consejos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico se discuta la problemática de contaminación de este río y relacione con los problemas de salud, con la participación de los demandantes• Que se respeten los plazos para el saneamiento de las descargas de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara ya establecidos por la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal• Que se hagan públicos los mecanismos de monitoreo• Que las Secretarías de Salud federal y de Jalisco implementen medidas inmediatas para la atención médica especializada y de calidad a las personas ya afectadas• Que se ejecute un monitoreo constante en los principales corredores de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico- A viva vozLos otros casos juzgados • Estación de gasolina instalada sobre un acuíferoCUAUTLA, MORELOS, MÉXICOResolución: se reconoció el riesgo potencial de contaminación del acuífero, las irregularidades en la expedición de la licencia y la construcción de la gasolinera, así como la elusión de las leyes, por lo que se aplicó el principio precautorio y se recomendó suspender de inmediato las actividades de este giro y la evaluación del impacto ambiental financiado por la empresa• Construcción de canal colector de 73 km de longitud que amenaza con destruir pastizales y zonas anegadas, principal sustento de las comunidades indígenas de la región de HuancavelicaPROVINCIA DE HUANCAVELICA, PERÚResolución: censurar a las autoridades de Perú y autoridades locales responsables, por acciones y omisiones en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza. Recomendó parar de inmediato la obra, crear mecanismos de indemnización por daños ya sufridos y realizar estudio de impacto ambiental• Explotación irracional y contaminación de aguas superficiales por actividad minera en el Valle de SiriaMUNICIPIOS DE SAN IGNACIO, CEDROS Y EL PORVENIR, HONDURASResolución: se reconoce apropiación abusiva de los recursos hídricos, que explota irracionalmente varios pozos en 23 mil hectáreas del Valle de Siria, concesión que actualmente goza una empresa canadiense; por lo que se recomendó suspender la actividad minera y obligar a la transnacional a indemnizar a las comunidades por daños sufridos y aplicar las normas ambientales vigentes en Canadá• Riesgo de afectación del acuífero Chalco-Amecameca por construcción de fraccionamientos en el Valle de MéxicoMUNICIPIOS DE AMECAMECA, TLAMANALCO, CHALCO Y OTROS SIETE, ESTADO DE MÉXICO Resolución: establecer medidas políticas y jurídicas para priorizar la sustentabilidad hídrica; implementar nuevo programa de reordenamiento territorial para recuperar áreas de recarga del acuífero y conciliar con los demandantes la solución a la instalación de vivienda• Desaparición de territorio y dos poblados a raíz de la explotación minera a cielo abierto de la mina San JavierCERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICOResolución: reconocer la responsabilidad de la empresa transnacional y las tres autoridades de gobierno por los daños ambientales y sociales, y comunicarlo al gobierno de Canadá para que promueva indemnización de daños causados por las mineras canadienses en otros países y mitigar tales daños• Construcción de un tranque para contener 2,060 millones de toneladas de relaves generados por mina, sobre vertientes del estero PupíoCOMUNA LOS VILOS, REGIÓN DE COQUIMBO, CHILEResolución: cancelar de inmediato y en definitiva la obra. Responsabilizar a la empresa minera (40 por ciento de capital japonés y 60 por ciento chileno) por la destrucción de recursos hídricos y censurar a las autoridades de gobierno por omisión de sus compromisos
Guadalajara•Maricarmen Rello Publico
Hoy, Tribunal Latinoamericano del Agua
11-Octubre-2007
Hoy, Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve éste y otros 7 casosLas pruebas de polución en Juanacatlán y El Salto, al TLAEn audiencia pública, demandantes se quejaron de enfermedades y muertes por cáncer y solicitaron acciones para que el gobierno federal actúe.
La imagen parecía celestial. Grumos que, como copos de nieve, se desprendían del río Santiago —completamente blanquecino por la espuma— y volaban libres con la corriente del aire. Tras el testimonio videográfico de este paisaje idílico, los jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) recibieron ayer más pruebas documentales y oyeron de viva voz testimonios de habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quienes están sufriendo en carne propia los efectos de la contaminación en ese cuerpo de agua lleno de espuma envenenada.Los jueces escucharon la voz de madres y padres quebrarse mientras narraban la pérdida de sus hijos a causa del cáncer. Niños de dos, cinco, trece años, con tumores en el cerebro o cáncer en la sangre. También oyeron peticiones enérgicas de los ambientalistas y defensores de derecho humanos a favor de esta población. No iban a ciegas. El pasado domingo asistieron personalmente al espectáculo de la caída de agua de Juanacatlán, a los olores fétidos, y al malestar que provocan los gases invisibles que emanan del Santiago.Así, a las 12:15 horas comenzó la audiencia pública sobre el séptimo caso que analiza el TLA en el paraninfo Enrique Díaz de León. Los demandantes solicitaron a este tribunal, instancia compuesta por autoridades prestigiadas a escala mundial, emitir un pronunciamiento precautorio y una “recomendación severa” a las autoridades mexicanas y a las de Jalisco, para que éstas frenen ya las descargas de aguas que se vierten en este cuerpo sin ningún tratamiento, junto a las descargas municipales de toda la zona metropolitana que, igualmente sin tratar, se estancan en el sitio y generan varios venenos. Entre otros, el ácido sulfhídrico que respiran los habitantes de El Salto y Juanacatlán, y que propios y extraños describen como olor “a huevo podrido”.En su turno de comparecer, Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) e integrante del movimiento civil que pretende rescatar al río Santiago, solicitó al TLA que requiera al gobierno federal, con base en un principio precautorio, hacer una declaratoria de emergencia sanitaria para las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.Una declaratoria de esta naturaleza implicaría tomar medidas inmediatas, sin esperar mayor evidencia científica, para cesar toda descarga de aguas no tratadas al río Santiago, y a la par atender los problemas de salud en los habitantes de esta “zona extraordinaria”. De aplicarse el principio precautorio, sería algo inédito en la historia de este país.Asimismo se exigiría que la Secretaría de Salud Jalisco arranque un estudio científico y objetivo sobre la incidencia de cáncer y otras afecciones en la zona, pues hasta el momento la dependencia se ha concretado a afirmar que el problema no existe, sin sustentarlo.Sobre lo anterior, tanto Gutiérrez Nájera, como de Juan Gallardo, Rodrigo Saldaña López, del Instituto Vida en Juanacatlán —quien también compareció— y Francisco Javier Parra Cervantes, médico investigador de Juanacatlán, coincidieron que por lo pronto ya hay suficientes evidencias epidemiológicas.Con firmeza y respeto, los demandantes solicitaron a los siete integrantes del TLA que también hicieran otras recomendaciones al presidente del país, Felipe Calderón, como conformar un fondo de compensación ambiental, a partir de las cuotas que en la zona metropolitana se cobran por concepto de saneamiento de aguas y el cual “no se da”.Los jueces recibieron el estudio de Parra Cervantes sobre daños en la salud de niños de la primaria que, en una paradoja cruel, lleva el nombre de Mártires del Río Blanco, y donde se advierte la afectación de vías respiratorias, conjuntivitis y alteraciones neurológicas.“Ahorita [que] ya hay un daño respecto de los niños, podemos establecer una relación causa-efecto”, dijo Gutiérrez Nájera y añadió que respecto a la población general hay documentada una situación de riesgo por la cual procede aplicar el principio precautorio. “Y ya no es excusa la falta de certeza o estudios epidemiológicos”.La abogada ambientalista aprovechó para fustigar el hecho de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) en un “acto inaudito”, pretenda ampliar el plazo para que los municipios de esta zona metropolitana —Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá— comiencen a tratar sus descargas de agua municipales. Dicho plazo se venció el 30 de agosto pasado y pretende ampliarse hasta el año 2011. Lo anterior, citó, toda vez que según declaración del director del organismo Cuenca Lerma Chapala Santiago, los municipios no cuentan con recursos para sufragar el tratamiento del agua.Hoy, el TLA emitirá su fallo sobre los siete casos vistos en audiencias públicas y entre los demandantes hay esperanzas de contar con un pronunciamiento serio. - ClavesLas peticiones al Tribunal Los demandantes del caso de contaminación en El Salto y Juanacatlán solicitaron al Tribunal Latinoamericano del Agua haga un pronunciamiento y “recomendaciones severas” al gobierno mexicano y autoridades estatales de Jalisco, con los siguientes objetivos:• Que cesen las descargas de aguas no tratadas al río Santiago, y las aguas tratadas por las industrias sean utilizadas en sus propios procesos productivos• Que se haga una solicitud directa al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que instaure de manera inmediata un programa de inspección permanente y continua de todas las descargas al río Santiago, desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta su confluencia con el estado de Nayarit. Y que se den informes regulares a los habitantes de El Salto y Juanacatlán sobre la calidad del agua del río Santiago• Que el TLA se pronuncie porque el gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales de la zona metropolitana (ptrincipales aportadores de descargas de agua al río Santiago) formen el Fondo de Compensación Ambiental a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, y cuyo principal capital sea la cuota que se cobra en los recibos de agua a los habitantes de esta metrópoli “por el concepto de saneamiento de aguas que aún no se hace” y estos recursos se apliquen para sanear efectivamente• Que emita una recomendación muy severa a la Comisión Nacional del Agua (CNA) con el fin de que ésta no amplíe el plazo a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara para comenzar a limpiar las descargas municipales que arrojan a este río (el plazo venció el 30 de agosto pasado y según declaración del director del organismo Cuenca Lerma-Santiago, la CNA dio una prórroga hasta 2011)• Que se emita un exhorto al presidente Felipe Calderón para que a partir de este año no se pongan pretextos económicos, ni falta de proyectos ejecutivos ni de ninguna otra naturaleza para empezar a limpiar las descargas• Que de manera inmediata las poblaciones de Juanacatlán y El Salto sean declaradas por el presidente Felipe Calderón como zonas extraordinarias en materia de salubridad y de restauración ambiental, de aguas y recursos naturales, a fin de parar las enfermedades, mutaciones y muertes por cáncer
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- A viva VozHablaron las víctimas Su voz la sostuvo firme mientras declaraba ante los siete jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Narró que dos de sus hijas fallecieron de cáncer, tumores que aparecieron de forma inexplicable, y que ella misma padece ahora fibrosis quística. “No quisiera que otras personas pasaran lo que pasamos nosotros”, dijo. “La contaminación ha matado mucha gente de cáncer y otras enfermedades… en la escuela hay cinco niños con bolitas en la pierna, entre ellas, también mi hija”. Su voz, entonces, se quebró.
• Leticia Curiel Ballesteros Vecina de Juanacatlán
Hace 30 años “comimos de lo que daba el río”, había diversidad de peces, nos bañamos en él, nos divertíamos. “El río nos dio vida”, ahora nos da tanto dolor por la pérdida de seres queridos y rabia por la contaminación que nos echaron. El 3 de enero de 2006 falleció mi hija de cáncer en la sangre y le prometí que en cualquier foro sobre el tema estaría yo para dar mi testimonio.
• José Mendoza Luévanos Vecino de Juanacatlán
Publico
Hoy, Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve éste y otros 7 casosLas pruebas de polución en Juanacatlán y El Salto, al TLAEn audiencia pública, demandantes se quejaron de enfermedades y muertes por cáncer y solicitaron acciones para que el gobierno federal actúe.
La imagen parecía celestial. Grumos que, como copos de nieve, se desprendían del río Santiago —completamente blanquecino por la espuma— y volaban libres con la corriente del aire. Tras el testimonio videográfico de este paisaje idílico, los jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) recibieron ayer más pruebas documentales y oyeron de viva voz testimonios de habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quienes están sufriendo en carne propia los efectos de la contaminación en ese cuerpo de agua lleno de espuma envenenada.Los jueces escucharon la voz de madres y padres quebrarse mientras narraban la pérdida de sus hijos a causa del cáncer. Niños de dos, cinco, trece años, con tumores en el cerebro o cáncer en la sangre. También oyeron peticiones enérgicas de los ambientalistas y defensores de derecho humanos a favor de esta población. No iban a ciegas. El pasado domingo asistieron personalmente al espectáculo de la caída de agua de Juanacatlán, a los olores fétidos, y al malestar que provocan los gases invisibles que emanan del Santiago.Así, a las 12:15 horas comenzó la audiencia pública sobre el séptimo caso que analiza el TLA en el paraninfo Enrique Díaz de León. Los demandantes solicitaron a este tribunal, instancia compuesta por autoridades prestigiadas a escala mundial, emitir un pronunciamiento precautorio y una “recomendación severa” a las autoridades mexicanas y a las de Jalisco, para que éstas frenen ya las descargas de aguas que se vierten en este cuerpo sin ningún tratamiento, junto a las descargas municipales de toda la zona metropolitana que, igualmente sin tratar, se estancan en el sitio y generan varios venenos. Entre otros, el ácido sulfhídrico que respiran los habitantes de El Salto y Juanacatlán, y que propios y extraños describen como olor “a huevo podrido”.En su turno de comparecer, Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) e integrante del movimiento civil que pretende rescatar al río Santiago, solicitó al TLA que requiera al gobierno federal, con base en un principio precautorio, hacer una declaratoria de emergencia sanitaria para las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.Una declaratoria de esta naturaleza implicaría tomar medidas inmediatas, sin esperar mayor evidencia científica, para cesar toda descarga de aguas no tratadas al río Santiago, y a la par atender los problemas de salud en los habitantes de esta “zona extraordinaria”. De aplicarse el principio precautorio, sería algo inédito en la historia de este país.Asimismo se exigiría que la Secretaría de Salud Jalisco arranque un estudio científico y objetivo sobre la incidencia de cáncer y otras afecciones en la zona, pues hasta el momento la dependencia se ha concretado a afirmar que el problema no existe, sin sustentarlo.Sobre lo anterior, tanto Gutiérrez Nájera, como de Juan Gallardo, Rodrigo Saldaña López, del Instituto Vida en Juanacatlán —quien también compareció— y Francisco Javier Parra Cervantes, médico investigador de Juanacatlán, coincidieron que por lo pronto ya hay suficientes evidencias epidemiológicas.Con firmeza y respeto, los demandantes solicitaron a los siete integrantes del TLA que también hicieran otras recomendaciones al presidente del país, Felipe Calderón, como conformar un fondo de compensación ambiental, a partir de las cuotas que en la zona metropolitana se cobran por concepto de saneamiento de aguas y el cual “no se da”.Los jueces recibieron el estudio de Parra Cervantes sobre daños en la salud de niños de la primaria que, en una paradoja cruel, lleva el nombre de Mártires del Río Blanco, y donde se advierte la afectación de vías respiratorias, conjuntivitis y alteraciones neurológicas.“Ahorita [que] ya hay un daño respecto de los niños, podemos establecer una relación causa-efecto”, dijo Gutiérrez Nájera y añadió que respecto a la población general hay documentada una situación de riesgo por la cual procede aplicar el principio precautorio. “Y ya no es excusa la falta de certeza o estudios epidemiológicos”.La abogada ambientalista aprovechó para fustigar el hecho de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) en un “acto inaudito”, pretenda ampliar el plazo para que los municipios de esta zona metropolitana —Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá— comiencen a tratar sus descargas de agua municipales. Dicho plazo se venció el 30 de agosto pasado y pretende ampliarse hasta el año 2011. Lo anterior, citó, toda vez que según declaración del director del organismo Cuenca Lerma Chapala Santiago, los municipios no cuentan con recursos para sufragar el tratamiento del agua.Hoy, el TLA emitirá su fallo sobre los siete casos vistos en audiencias públicas y entre los demandantes hay esperanzas de contar con un pronunciamiento serio. - ClavesLas peticiones al Tribunal Los demandantes del caso de contaminación en El Salto y Juanacatlán solicitaron al Tribunal Latinoamericano del Agua haga un pronunciamiento y “recomendaciones severas” al gobierno mexicano y autoridades estatales de Jalisco, con los siguientes objetivos:• Que cesen las descargas de aguas no tratadas al río Santiago, y las aguas tratadas por las industrias sean utilizadas en sus propios procesos productivos• Que se haga una solicitud directa al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que instaure de manera inmediata un programa de inspección permanente y continua de todas las descargas al río Santiago, desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta su confluencia con el estado de Nayarit. Y que se den informes regulares a los habitantes de El Salto y Juanacatlán sobre la calidad del agua del río Santiago• Que el TLA se pronuncie porque el gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales de la zona metropolitana (ptrincipales aportadores de descargas de agua al río Santiago) formen el Fondo de Compensación Ambiental a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, y cuyo principal capital sea la cuota que se cobra en los recibos de agua a los habitantes de esta metrópoli “por el concepto de saneamiento de aguas que aún no se hace” y estos recursos se apliquen para sanear efectivamente• Que emita una recomendación muy severa a la Comisión Nacional del Agua (CNA) con el fin de que ésta no amplíe el plazo a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara para comenzar a limpiar las descargas municipales que arrojan a este río (el plazo venció el 30 de agosto pasado y según declaración del director del organismo Cuenca Lerma-Santiago, la CNA dio una prórroga hasta 2011)• Que se emita un exhorto al presidente Felipe Calderón para que a partir de este año no se pongan pretextos económicos, ni falta de proyectos ejecutivos ni de ninguna otra naturaleza para empezar a limpiar las descargas• Que de manera inmediata las poblaciones de Juanacatlán y El Salto sean declaradas por el presidente Felipe Calderón como zonas extraordinarias en materia de salubridad y de restauración ambiental, de aguas y recursos naturales, a fin de parar las enfermedades, mutaciones y muertes por cáncer
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- A viva VozHablaron las víctimas Su voz la sostuvo firme mientras declaraba ante los siete jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Narró que dos de sus hijas fallecieron de cáncer, tumores que aparecieron de forma inexplicable, y que ella misma padece ahora fibrosis quística. “No quisiera que otras personas pasaran lo que pasamos nosotros”, dijo. “La contaminación ha matado mucha gente de cáncer y otras enfermedades… en la escuela hay cinco niños con bolitas en la pierna, entre ellas, también mi hija”. Su voz, entonces, se quebró.
• Leticia Curiel Ballesteros Vecina de Juanacatlán
Hace 30 años “comimos de lo que daba el río”, había diversidad de peces, nos bañamos en él, nos divertíamos. “El río nos dio vida”, ahora nos da tanto dolor por la pérdida de seres queridos y rabia por la contaminación que nos echaron. El 3 de enero de 2006 falleció mi hija de cáncer en la sangre y le prometí que en cualquier foro sobre el tema estaría yo para dar mi testimonio.
• José Mendoza Luévanos Vecino de Juanacatlán
Publico
10.10.07
Declaración Latinoamericana del Agua
Audiencia Regional México Tribunal Latinoamericano del Agua
CONSIDERANDO QUE:
• Al aproximarse al tercer milenio, millones de personas Latinoamericanas están privadas del agua potable y sus sistemas de distribución, lo cual afecta especialmente a la población infantil y femenina.• Las comunidades se ven obligadas a realizar ingentes esfuerzos para obtener agua que, a la postre, resulta no solo escasa sino de baja calidad, con lo cual se exponen a riesgos sanitarios y enfermedades.• Los cuerpos de agua y cuencas hidrográficas de la región padecen, en mayor o menor grado, de serios impactos ambientales que amenazan su conservación y uso sostenible, provocados por los conflictos asociados a la deforestación, los modelos monoculturales de la agroindustria y la contaminación.• La contaminación hídrica está ampliamente extendida en la región, pues no parece existir ningún curso de agua, lago o acuífero sin contaminar; es preocupante que menos de la mitad de la población urbana de América Latina esté conectada a sistemas cloacales, y que las aguas servidas, casi en su totalidad, sean descargadas a los cursos de agua sin tratamiento alguno, particularmente en puntos cercanos a las grandes ciudades, lo cual afecta seriamente la salud de la población.• Las principales fuentes de contaminación de las aguas son los vertimientos directos de aguas servidas de origen doméstico e industrial. La explotación minera afecta también muchos ríos y zonas costeras. Otra fuente de contaminación proviene del uso a gran escala de fertilizantes y agrotóxicos. Los acuíferos son contaminados por lixiviados de basureros, pozos sépticos, alcantarillados, derrames de petróleo y escorrentías agrícolas.• El deterioro y contaminación de las aguas en la región se producen de manera simultánea a severos desastres inducidos por la devastación ambiental y los cambios climáticos globales. Invaluables ecosistemas y extensas áreas boscosas han desaparecido. Huracanes e inundaciones han asolado países enteros dejando a millones de personas en la miseria absoluta, sin vivienda y expuestos a las más inclementes epidemias.• El creciente endeudamiento externo y el pago del servicio de la deuda han agotado los fondos públicos para atender las inversiones en infraestructura hidráulica y gestión ambiental de las aguas. La expansión de los sistemas de suministro ha cesado casi por completo y, en consecuencia, la cantidad de agua disponible per cápita es menor. Las personas más pobres del campo y la ciudad están asentadas en las cabeceras y zonas altas de las cuencas hidrográficas e inducen cambios tanto en el régimen hidrológico como en la calidad del agua.• No existe en la región Latinoamericana una política integral y multiagencial para la gestión ambiental de las aguas. Inequitativas tasas retributivas debido a las concesiones de uso de aguas públicas para fines agroindustriales y a las licencias para usar los cuerpos de agua como receptores de vertimientos contaminantes motivan que, en la práctica, el deterioro y contaminación de las aguas sean finalmente asumidos por la colectividad, en ausencia de mecanismos para exigir su internalización en los procesos productivos y cobrar el deterioro ambiental a quienes las contaminan.• No existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de los conflictos suscitados por los usos de las aguas. Los débiles controles legales generalmente no se ejercen contra las conductas ecológicamente negativas y dañinas provocadas por los vertidos de las grandes industrias y de los efluentes urbanos. No existen estrategias de concertación para solucionar y/o mitigar los graves conflictos que agobian los cuerpos de agua y sistemas hídricos, e impiden su conservación y uso sostenible.
RECONOCIENDO QUE:
• El agua es el elemento primordial en la naturaleza. Es artífice de la biosfera y escultora de la Tierra. La Tierra es el planeta del agua. En consecuencia, el derecho fundamental a la vida supone el derecho fundamental al agua.• La causa de la injusta carencia de agua que agobia a millones de latinoamericanos no es la escasez natural del precioso líquido, sino el cúmulo de políticas inadecuadas tanto para el manejo de las cuencas hidrológicas y cuerpos de agua como para su distribución. Aunque el agua dulce utilizable representa un porcentaje mínimo de la hidrosfera, el volumen total disponible es suficiente para satisfacer los requerimientos humanos presentes y futuros, siempre que se preserve el recurso y se controlen los niveles de contaminación.• Es necesario formular normas específicamente orientadas a controlar la calidad ambiental, las emisiones de afluentes, los productos y procesos productivos y tecnológicos, así como también actualizar las ya existentes. Los instrumentos normativos deben acompañarse del fortalecimiento institucional de las entidades gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la gestión ambiental del agua. Simultáneamente a la promulgación de normas reglamentarias deben adoptarse medidas económicas y fiscales para estimular la conservación y uso sostenible de las aguas.• Los Estados y Pueblos de Latinoamérica deben fomentar una cultura social del agua. Desafortunadamente, la gran mayoría de los habitantes de la región no cuentan con una cultura respetuosa de la naturaleza, especialmente del agua. Es prioritario propiciar un cambio en la percepción del agua como mero recurso, para reconocerla como un elemento viviente íntimamente vinculado a la vida humana y a la biosfera.• Los Estados y Pueblos de Latinoamérica deben consolidar una adecuada base científica y tecnológica sobre sus sistemas hídricos. Actualmente la carencia de investigación extendida e intensa sobre los cuerpos de agua y los sistemas hídricos de la región es uno de los más serios obstáculos a la gestión ambiental de las aguas.• Los Estados y Pueblos de Latinoamérica deben procurar una política integral y diversificada del agua, garantizando la más amplia participación de todos los actores sociales en las tareas vinculadas a la conservación, manejo, control y administración de los cuerpos de agua y sistemas hídricos.• La participación social es el fundamento para una efectiva protección de los sistemas hídricos.
INVOCANDO:
Los principios de convivencia, respeto a la dignidad humana, solidaridad entre los pueblos, santidad de las formas vivientes, ética biosférica y responsabilidad ambiental consagrados en las Constituciones Políticas y Leyes de los países de la región, en las normas del Derecho Consuetudinario y en las disposiciones de los Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales suscritos tanto por Estados soberanos como por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en defensa del patrimonio común de la humanidad y beneficio de las presentes y futuras generaciones. Los principios enunciados por los siguientes instrumentos de Derecho Internacional:• Convención sobre el Desarrollo de Obras Hidroeléctricas que afecten mas de un Estado (Ginebra, 1923), art. 4.• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), arts. 25 y 30.• Convención Americana de Derechos Humanos.• Carta de las Naciones Unidas.• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1967), arts. 5, 11 y 12.• Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes Económicos de los Estados, arts. 3 y 30. 2• Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1968).• Convención sobre la Prevención de la Polución Marina por Basuras y Otras Materias (Londres, México, Moscú, 1972).• Convención Internacional para la Prevención de la Polución por Barcos (Londres, 1973). • Declaración Mar del Plata, ONU Conferencia del agua, 1977.• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979).• Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).• Convención sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1982), arts. 192 al 237.• Carta Mundial de la Naturaleza (1982).• Protocolo de San Salvador (1988), art. 11.• Declaración de La Haya sobre Medio Ambiente (1989).• Convención sobre los Derechos del Niño (1989)• ILO Convenio No. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989• Reportes de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1º al 6º ).• Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas de Ríos Internacionales.• Carta de la Comunidad Europea sobre Derechos y Obligaciones Ambientales (Diciembre de 1990).• Principios de las Naciones Unidas para Personas Mayores, Asamblea General Resolución 46/91, 16 de diciembre del 1991.• Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992).• Agenda 21, ONU conferencia de ambiente y desarrollo, 1992.• Los principios consagrados por la Declaración de Estocolmo (1972), la Declaración de Dublín.• Declaración Alma-Ata, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 1978.• Habitat agenda, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Habitat, Istanbul, 1996.• Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996.• Convenio Americano sobre los derechos humanos, Pacto de San José, Costa Rica, 1969.• Observación General No. 15: Observación general Nº 15 El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).• Observación general Nº 6: Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.• (1992), la Declaración de París (1998) y las Declaraciones de Rotterdam (1983) y Amsterdam (1993) del Tribunal Internacional del Agua, así como las conclusiones de las Conferencias de Mar del Plata (1977), Nueva Delhi (1990) y Nordwijk (1994).
DECLARAMOS:
Primero. El derecho al agua es un derecho fundamental, inherente a la vida y dignidad humanas. La población de la región latinoamericana es titular del derecho fundamental al agua en adecuada cantidad y calidad.
Segundo. Todas las mujeres y hombres Latinoamericanos tienen los mismos derechos de acceso e idénticas opciones a los beneficios de los cuerpos de agua y sistemas hídricos de la región.
Tercero. El agua de la región es patrimonio común de las presentes y futuras generaciones de América Latina. Su conservación y uso sostenido es una obligación compartida de los Estados, las colectividades y la ciudadanía.
Cuarto. El cuidado de las aguas y su provisión es un asunto de justicia ambiental. Los y las latinoamericanas tienen derecho a una pronta y efectiva justicia ambiental, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y ambientales.
Quinto. La población Latinoamericana tiene derecho a participar en los proyectos, obras y decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua y sistemas hídricos a nivel local, nacional e internacional. La consulta ciudadana debe ser procedimiento obligatorio en estos casos.
Sexto. La población Latinoamericana tiene derecho a la información sobre el estado actual y tendencias de los cuerpos de agua y sistemas hídricos. El derecho a la información comprende el conocimiento y la investigación científica sobre las cuencas hidrográficas, cuerpos de agua y ecosistemas asociados.
Séptimo. La población latinoamericana tiene derecho a la inversión de los recursos financieros e institucionales necesarios para garantizar el ejercicio pleno de su derecho fundamental al agua. En el mismo sentido, tiene derecho a la compensación y pago de la deuda ecológica en los casos de daño a los cuerpos de agua y sistemas hídricos.
Firmada en la Ciudad de México entre los días trece y veinte del mes de Marzo de 2006.
CONSIDERANDO QUE:
• Al aproximarse al tercer milenio, millones de personas Latinoamericanas están privadas del agua potable y sus sistemas de distribución, lo cual afecta especialmente a la población infantil y femenina.• Las comunidades se ven obligadas a realizar ingentes esfuerzos para obtener agua que, a la postre, resulta no solo escasa sino de baja calidad, con lo cual se exponen a riesgos sanitarios y enfermedades.• Los cuerpos de agua y cuencas hidrográficas de la región padecen, en mayor o menor grado, de serios impactos ambientales que amenazan su conservación y uso sostenible, provocados por los conflictos asociados a la deforestación, los modelos monoculturales de la agroindustria y la contaminación.• La contaminación hídrica está ampliamente extendida en la región, pues no parece existir ningún curso de agua, lago o acuífero sin contaminar; es preocupante que menos de la mitad de la población urbana de América Latina esté conectada a sistemas cloacales, y que las aguas servidas, casi en su totalidad, sean descargadas a los cursos de agua sin tratamiento alguno, particularmente en puntos cercanos a las grandes ciudades, lo cual afecta seriamente la salud de la población.• Las principales fuentes de contaminación de las aguas son los vertimientos directos de aguas servidas de origen doméstico e industrial. La explotación minera afecta también muchos ríos y zonas costeras. Otra fuente de contaminación proviene del uso a gran escala de fertilizantes y agrotóxicos. Los acuíferos son contaminados por lixiviados de basureros, pozos sépticos, alcantarillados, derrames de petróleo y escorrentías agrícolas.• El deterioro y contaminación de las aguas en la región se producen de manera simultánea a severos desastres inducidos por la devastación ambiental y los cambios climáticos globales. Invaluables ecosistemas y extensas áreas boscosas han desaparecido. Huracanes e inundaciones han asolado países enteros dejando a millones de personas en la miseria absoluta, sin vivienda y expuestos a las más inclementes epidemias.• El creciente endeudamiento externo y el pago del servicio de la deuda han agotado los fondos públicos para atender las inversiones en infraestructura hidráulica y gestión ambiental de las aguas. La expansión de los sistemas de suministro ha cesado casi por completo y, en consecuencia, la cantidad de agua disponible per cápita es menor. Las personas más pobres del campo y la ciudad están asentadas en las cabeceras y zonas altas de las cuencas hidrográficas e inducen cambios tanto en el régimen hidrológico como en la calidad del agua.• No existe en la región Latinoamericana una política integral y multiagencial para la gestión ambiental de las aguas. Inequitativas tasas retributivas debido a las concesiones de uso de aguas públicas para fines agroindustriales y a las licencias para usar los cuerpos de agua como receptores de vertimientos contaminantes motivan que, en la práctica, el deterioro y contaminación de las aguas sean finalmente asumidos por la colectividad, en ausencia de mecanismos para exigir su internalización en los procesos productivos y cobrar el deterioro ambiental a quienes las contaminan.• No existen los instrumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. Tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo de los conflictos suscitados por los usos de las aguas. Los débiles controles legales generalmente no se ejercen contra las conductas ecológicamente negativas y dañinas provocadas por los vertidos de las grandes industrias y de los efluentes urbanos. No existen estrategias de concertación para solucionar y/o mitigar los graves conflictos que agobian los cuerpos de agua y sistemas hídricos, e impiden su conservación y uso sostenible.
RECONOCIENDO QUE:
• El agua es el elemento primordial en la naturaleza. Es artífice de la biosfera y escultora de la Tierra. La Tierra es el planeta del agua. En consecuencia, el derecho fundamental a la vida supone el derecho fundamental al agua.• La causa de la injusta carencia de agua que agobia a millones de latinoamericanos no es la escasez natural del precioso líquido, sino el cúmulo de políticas inadecuadas tanto para el manejo de las cuencas hidrológicas y cuerpos de agua como para su distribución. Aunque el agua dulce utilizable representa un porcentaje mínimo de la hidrosfera, el volumen total disponible es suficiente para satisfacer los requerimientos humanos presentes y futuros, siempre que se preserve el recurso y se controlen los niveles de contaminación.• Es necesario formular normas específicamente orientadas a controlar la calidad ambiental, las emisiones de afluentes, los productos y procesos productivos y tecnológicos, así como también actualizar las ya existentes. Los instrumentos normativos deben acompañarse del fortalecimiento institucional de las entidades gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la gestión ambiental del agua. Simultáneamente a la promulgación de normas reglamentarias deben adoptarse medidas económicas y fiscales para estimular la conservación y uso sostenible de las aguas.• Los Estados y Pueblos de Latinoamérica deben fomentar una cultura social del agua. Desafortunadamente, la gran mayoría de los habitantes de la región no cuentan con una cultura respetuosa de la naturaleza, especialmente del agua. Es prioritario propiciar un cambio en la percepción del agua como mero recurso, para reconocerla como un elemento viviente íntimamente vinculado a la vida humana y a la biosfera.• Los Estados y Pueblos de Latinoamérica deben consolidar una adecuada base científica y tecnológica sobre sus sistemas hídricos. Actualmente la carencia de investigación extendida e intensa sobre los cuerpos de agua y los sistemas hídricos de la región es uno de los más serios obstáculos a la gestión ambiental de las aguas.• Los Estados y Pueblos de Latinoamérica deben procurar una política integral y diversificada del agua, garantizando la más amplia participación de todos los actores sociales en las tareas vinculadas a la conservación, manejo, control y administración de los cuerpos de agua y sistemas hídricos.• La participación social es el fundamento para una efectiva protección de los sistemas hídricos.
INVOCANDO:
Los principios de convivencia, respeto a la dignidad humana, solidaridad entre los pueblos, santidad de las formas vivientes, ética biosférica y responsabilidad ambiental consagrados en las Constituciones Políticas y Leyes de los países de la región, en las normas del Derecho Consuetudinario y en las disposiciones de los Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales suscritos tanto por Estados soberanos como por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en defensa del patrimonio común de la humanidad y beneficio de las presentes y futuras generaciones. Los principios enunciados por los siguientes instrumentos de Derecho Internacional:• Convención sobre el Desarrollo de Obras Hidroeléctricas que afecten mas de un Estado (Ginebra, 1923), art. 4.• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), arts. 25 y 30.• Convención Americana de Derechos Humanos.• Carta de las Naciones Unidas.• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1967), arts. 5, 11 y 12.• Carta de las Naciones Unidas sobre Derechos y Deberes Económicos de los Estados, arts. 3 y 30. 2• Carta Europea del Agua (Estrasburgo, 1968).• Convención sobre la Prevención de la Polución Marina por Basuras y Otras Materias (Londres, México, Moscú, 1972).• Convención Internacional para la Prevención de la Polución por Barcos (Londres, 1973). • Declaración Mar del Plata, ONU Conferencia del agua, 1977.• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979).• Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).• Convención sobre el Derecho del Mar (Ginebra, 1982), arts. 192 al 237.• Carta Mundial de la Naturaleza (1982).• Protocolo de San Salvador (1988), art. 11.• Declaración de La Haya sobre Medio Ambiente (1989).• Convención sobre los Derechos del Niño (1989)• ILO Convenio No. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989• Reportes de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1º al 6º ).• Reglas de Helsinki sobre los Usos de las Aguas de Ríos Internacionales.• Carta de la Comunidad Europea sobre Derechos y Obligaciones Ambientales (Diciembre de 1990).• Principios de las Naciones Unidas para Personas Mayores, Asamblea General Resolución 46/91, 16 de diciembre del 1991.• Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992).• Agenda 21, ONU conferencia de ambiente y desarrollo, 1992.• Los principios consagrados por la Declaración de Estocolmo (1972), la Declaración de Dublín.• Declaración Alma-Ata, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 1978.• Habitat agenda, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Habitat, Istanbul, 1996.• Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996.• Convenio Americano sobre los derechos humanos, Pacto de San José, Costa Rica, 1969.• Observación General No. 15: Observación general Nº 15 El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).• Observación general Nº 6: Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.• (1992), la Declaración de París (1998) y las Declaraciones de Rotterdam (1983) y Amsterdam (1993) del Tribunal Internacional del Agua, así como las conclusiones de las Conferencias de Mar del Plata (1977), Nueva Delhi (1990) y Nordwijk (1994).
DECLARAMOS:
Primero. El derecho al agua es un derecho fundamental, inherente a la vida y dignidad humanas. La población de la región latinoamericana es titular del derecho fundamental al agua en adecuada cantidad y calidad.
Segundo. Todas las mujeres y hombres Latinoamericanos tienen los mismos derechos de acceso e idénticas opciones a los beneficios de los cuerpos de agua y sistemas hídricos de la región.
Tercero. El agua de la región es patrimonio común de las presentes y futuras generaciones de América Latina. Su conservación y uso sostenido es una obligación compartida de los Estados, las colectividades y la ciudadanía.
Cuarto. El cuidado de las aguas y su provisión es un asunto de justicia ambiental. Los y las latinoamericanas tienen derecho a una pronta y efectiva justicia ambiental, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y ambientales.
Quinto. La población Latinoamericana tiene derecho a participar en los proyectos, obras y decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua y sistemas hídricos a nivel local, nacional e internacional. La consulta ciudadana debe ser procedimiento obligatorio en estos casos.
Sexto. La población Latinoamericana tiene derecho a la información sobre el estado actual y tendencias de los cuerpos de agua y sistemas hídricos. El derecho a la información comprende el conocimiento y la investigación científica sobre las cuencas hidrográficas, cuerpos de agua y ecosistemas asociados.
Séptimo. La población latinoamericana tiene derecho a la inversión de los recursos financieros e institucionales necesarios para garantizar el ejercicio pleno de su derecho fundamental al agua. En el mismo sentido, tiene derecho a la compensación y pago de la deuda ecológica en los casos de daño a los cuerpos de agua y sistemas hídricos.
Firmada en la Ciudad de México entre los días trece y veinte del mes de Marzo de 2006.
Tribunal Latinoamericano del Agua
10-Octubre-07
El Salto, “una situación inhumana”Visitaron el contaminado río Santiago: “Es urgente tomar medidas”.
Esta mañana diversas or-ganizaciones de El Salto y Juanacatlán presentarán sus alegatos para denunciar la violación a su derecho a tener un ambiente sano ante los integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).Los jurados y especialistas del TLA ya saben de lo que les hablarán. El domingo tuvieron una probadita, y muy desagradable.Javier Bogantes Díaz, director del Tribunal Latinoamericano del Agua, contó que, durante la visita que un grupo de especialistas hizo a El Salto y Juanacatlán, se encontraron con una situación difícil de imaginar para la vida de las personas, pero a ellos mismos los olores y la situación de contaminación les parecieron intolerables. Tan así es, que a uno de los jurados incluso se le durmió la lengua. “Fuimos a El Salto-Juanacatlán, sentimos los olores, incluso a uno de los jurados empezó a dormírsele la lengua y a sentir un como cierto sabor a metal, en el paladar”, reseñó Bogantes Díaz, especialista costarricense en medio ambiente.El director del TLA relató la impresión que dejó a los jueces y científicos del tribunal el estado de contaminación que impera en el río Santiago, en su paso por El Salto. “Es una situación que realmente nos impresionó, y cómo la gente puede soportar estos olores. Recuerdo que hice una visita en marzo de 2006 a ese mismo lugar y ahí era todavía peor y no podía creer, y nos dimos cuenta de que la gente está viviendo y padeciendo algo que de ninguna manera va con los derechos humanos; es una situación realmente inhumana”.Bogantes Díaz dijo que se tiene que reconocer que el fenómeno de la contaminación en ese sitio es un asunto complejo y que viene de décadas atrás. En ese sentido, las actuales autoridades no son las únicas responsables, pero llamó al gobierno a actuar de inmediato para resolver ese estado de cosas. “El gobierno debe tomar medidas al respecto, diríamos como recomendación del Tribunal, que es urgente tomar medidas para solucionar este problema”. La audiencia del TLA para recibir el caso de El Salto-Juanacatlán será esta mañana a las 11:30 am en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.En este mismo escenario se llevará a cabo mañana jueves un foro para discutir el proyecto de la presa Arcediano y el TLA se ofreció como una “plataforma de mediación” en la que se espera que se expresen todos los puntos de vista, incluidos los del gobierno, informó Bogantes Díaz, quien añadió que la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Jalisco manifestó su intención de participar en dicho foro.
Rubén Martín
Milenio Diario, seccion ciudad y region.
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