Congreso estatal se opone a modernizar el sector agua: CEA
2012-03-12 • Impreso El Tema
Planta Miravalle del SIAPA. El organismo requiere de más recursos para seguir funcionando, indica la CEA.
El Congreso del Estado se ha convertido en el principal obstáculo para modernizar el sector agua en Jalisco, advierte el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.
El funcionario alude al frustrado intento de cambiar la Ley Estatal del Agua, situación que había sido acordada con legisladores de todos los partidos, pero atribuye al legislador Jesús Casillas Romero, hoy aspirante priista al Senado, haber dejado atrás los acuerdos en enero pasado para persistir en el control político de las tarifas, pese a que implica “una clara violación a la autonomía municipal, consagrada en el 115 constitucional”.
Coll Carabias espera que vengan mejores tiempos, porque no encuentra manera de que los diputados locales dejen el privilegio. “Llama la atención que Jalisco es apenas uno de nueve estados donde se da ese control político, en el resto de las entidades federativas ya no existe”, apunta el funcionario.
Sobre el mismo tema, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), José Luis Hernández Amaya, apunta la urgencia de que se determine en cuestión de semanas o, de lo contrario, se amenazan las finanzas del principal organismo operador de Jalisco con el colapso (ver recuadro aparte).
El proceso
“Nosotros empezamos a trabajar en el Modelo Agua Jalisco; ahí surgen las inquietudes para quitar del Congreso el que manipulen las tarifas del agua, porque hemos visto en los últimos años que se politizan mucho, y cada municipio tiene sus propias necesidades y costos para manejar el agua; no es lo mismo tener un manantial aguas arriba, con muy buena calidad, que se entuba, y que por gravedad llega y se distribuye con muy bajo costo, a cuando tienes que sacarla de 300 metros o más de profundidad, bombear y meter en un tanque para romper la presión y distribuirla luego; ahí los costos son diferentes”, añade Coll Carabias.
Así, “el agua no puede valer lo mismo en cada lugar y, por ello, deben tener sus propias tarifas, con sus particularidades, y si a esto sumamos que en el tema agua más de un diputado agarra la bandera de la pobre gente, cómo les vamos a aumentar, cuando realmente los impactos no son tan mayores como para quebrantar la economía familiar: el promedio aquí en Guadalajara anda por domicilio en 16 metros cúbicos por mes [de consumo], que a seis pesos, darían 100 pesos, y si le subimos 5 por ciento, que era la solicitud que se tenía, son cinco pesos al mes, que si lo divides entre 30 días, hablas de menos de 20 centavos al día”.
El proyecto que se desarrolló “era la de formar comités o consejos tarifarios, con la participación mayoritaria de la sociedad organizada, con una representatividad igual o mayor a la de los tres ámbitos de gobierno, con el objetivo de analizar las tarifas que necesita el organismo operador, esto con el ánimo de que un cuerpo colegiado, que sería el ayuntamiento, aprobara las tarifas. OK, el consejo tarifario me dice después de analizar tales opciones, y si tengo dudas los llamo, y le ajustamos cosas, pero lo ponemos a la disposición de los regidores, y ellos lo aprueban, era hasta ahí…”.
Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, encabezada por Jesús Casillas Romero —quien ya en el pasado había manifestado su oposición a ceder el control de las tarifas— presentó una propuesta que el director de la CEA juzga regresiva.
En su iniciativa, que modifica la que presentó Luis Armando Córdova Díaz, “todo lo que habíamos trabajado con los asesores de la Comisión de Hacienda, con el jurídico de la Secretaría General de Gobierno, con nuestro personal, y que ya estaba acordado, el señor Casillas le hace una serie de cambios para que quede otra vez en manos del Congreso, pero con otras cosas y condiciones, y entonces se vuelve más burocrático, y en eso es donde no estamos de acuerdo, y si lo vamos a hacer así es dar un paso atrás, mejor no lo toquen y que se quede como está; ya llegará otra Legislatura”.
Coll Carabias no cree que sea parte de la agenda urgente del Congreso. “Todo esto lo relegan, no es su agenda, no les interesa arreglar este asunto, y tenemos al SIAPA en una situación de estrés financiero, con problemas de renegociación por los préstamos que tiene, y lo distraen de su operación; si no se le da el debido sustento a la institución, evidentemente se vuelve un círculo vicioso, y la gente dice: arreglen las fallas, los desperdicios que tienen; pues sí, pero para eso necesitamos dinero, y si no tengo acceso al dinero o a los bancos que me lo presten, y no tengo buenas tarifas, pues de dónde va a sacar dinero la institución para arreglar estas fugas”.
De este modo, “es fundamental que las tarifas vayan a un nivel real, y que se le subsidie o se le condone el pago a gente muy humilde que no tiene para pagar el agua, que es un esquema muy superior al que tenemos ahora, en que nadie paga el agua a su precio real, sea o no pobre”.
—Entonces, ¿el planteamiento de reforma era el tema de las tarifas y que sea el cabildo el que tenga la última palabra?
—Correcto, es que tiene la facultad, el cabildo, lo dice el 115 constitucional, pero en ningún lado dice que todo esto sea decisión de los diputados, como se lo han tomado.
—¿Y de dónde nace que ellos tuvieran la facultad?
— Pues en que le meten mano a las leyes de ingresos, y en las leyes de ingresos están las tarifas del agua.
—¿Entonces están violando la autonomía municipal al meterle mano a las leyes de ingreso?
—La están violando, y no hipotéticamente.
Al SIAPA le urge autonomía financiera
tEl organismo operador de los servicios de agua y alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara no cree prudente esperar a que pase la actual Legislatura para sacar adelante la propuesta de cambios que dé autonomía en tarifas, a nivel municipal o de los Consejos Tarifarios, advierte su director, José Luis Hernández Amaya.
“Definitivamente hay que cambiar, y no en este año, sino en este mes, porque el consejo consultivo ya debería de estar trabajando, para en junio o julio, tener un presupuesto, un análisis, una propuesta, para llevarla a analizar. Ya estamos en tiempos muy reducidos, y si no este mes, en el próximo debe definirse si va o no el Consejo Consultivo Tarifario, y si no va, para la institución será un daño financiero para los próximos años, que no tendremos un escenario seguro de hacia dónde vamos, y seguiremos como estamos, con decisiones políticas desfavorables para el organismo operador, pero más desfavorables para quienes menos tienen, porque no invertimos, no les llevamos el agua a quienes no tienen y lo más grave es que la infraestructura se va desmoronando, se va llegando a un colapso”, subraya.
—¿Qué van a hacer con el Congreso, si no quiere entender esto?
—Pues es algo que lamentablemente no se ha definido, pero estamos impulsando que se dé la importancia en los tiempos adecuados.
Claves
Los detalles controversiales
Lo que se propuso:
► Otorgar la facultad y responsabilidad de autorizar las cuotas y tarifas a comisiones tarifarias municipales, cuando los servicios los proporcione directamente el ayuntamiento, y a consejos tarifarios o consejos de administración, cuando los servicios los proporcionen organismos operadores descentralizados
► Se amplían y puntualizan las facultades de los ayuntamientos para la concesión total o parcial de la prestación de los servicios, a asociaciones de participación social o vecinal, buscando con esto brindar las facilidades para regularizar la situación que guardan actualmente diversos conjuntos habitacionales que operan los servicios de agua
► Se integra dentro de la Ley del Agua, un Reglamento de los Servicios de Agua para su aplicación supletoria, para aquellos ayuntamientos que no emitan el propio
►Los consejos tarifarios que se constituyan, contarán, cuando menos, con igual número de consejeros de asociaciones u organismos ciudadanos, que los representantes de las autoridades municipales
►La propuesta parte de la idea de que con la creación de consejos o comisiones tarifarias, sean aprobadas tarifas suficientes y, en caso de no ser así, al ser los responsables de su aprobación las autoridades locales y la sociedad representada, las primeras deberán tomar las previsiones necesarias para solventar la operación de los servicios
Lo que cambió la Comisión de Puntos Constitucionales:
►Crear consejos o comisiones tarifarias como órganos de consulta, manteniendo la facultad de proponer las tarifas en los ayuntamientos, a través de las leyes de ingresos, y de autorizarlas el Congreso
►Se omite el reglamento estatal y se dispone que los ayuntamientos tendrán 90 días naturales, a partir de la publicación de las modificaciones a la Ley del Agua, para emitir su reglamento. La integración de los consejos se deja a lo que establezcan los acuerdos o convenios que creen los organismos operadores
►Además, esta comisión propone que, en caso de que las tarifas no garanticen la suficiencia económica de los organismos y del servicio público, así como el cumplimiento de las contribuciones federales y estatales, el estado y los municipios deberán garantizar la suficiencia mediante la aportación de recursos, es decir, subsidios a los organismos
Las consecuencias, según la CEA:
►La propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura, “promueve la ineficiencia, alienta que los ayuntamientos y sistemas de agua no busquen mejorar la calidad en la prestación de los servicios, y generaría un deterioro en las finanzas, ya no sólo de los propios ayuntamientos, sino también del estado”
►Esta propuesta “lo que hace es burocratizar más el proceso de autorización de las tarifas y no solventa la problemática actual por la politización a que están sometidos los servicios […] además de irresponsable, es un retroceso en las políticas que ha venido impulsando el estado para sacar del rezago en que se encuentran los servicios de agua en Jalisco”
►De este modo, la propuesta ha sido vetada por el poder Ejecutivo
Agustín del Castillo • Guadalajara
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