El lobby
La falta de oficio, el desinterés o las omisiones de las autoridades han provocado el problema que hoy se vive en Zapopoan por el cierre de los basureros Picachos y Hasar’s. Muchos de los que hoy ven acumularse las bolsas de desperdicios en sus puertas pueden pensar que la gente que vive a las orillas del arroyo Milpillas los están afectando con su bloqueo a los tiraderos, pero una de las frases que salió el martes de las múltiples voces del plantón resume bien la situación: “si durante años a la gente de la ciudad no le importó lo que a nosotros nos pasaba con su basura, por qué nos deben importar ellos ahora”. Con esto parece comprobarse que la gente que vive fuera de las ciudades es más consciente de la cara más oscura de éstas –porque la padecen– que quienes habitamos en ellas.
Por lo demás, hoy al municipio le parece inviable satisfacer las demandas de los inconformes por la contaminación del arroyo Milpillas, pero aquí habría que recordar que es obligación de las autoridades cumplir con muchas de las cosas que se piden a manera de reparación de daños, como establecer un centro de salud cercano a esas comunidades. Los afectados están en posición de iniciar una demanda penal por los daños que produjeron el municipio y la empresa Hasar’s al permitir el derramamiento de lixiviados al arroyo; los hechos están acreditados por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, y a pesar de que en algunas ocasiones se argumentaron “situaciones de contingencia” para justificar la fuga de lixiviados, el daño con o sin contingencia es el mismo.
La Proepa tiene como plazo legal el día 20 de octubre para emitir una resolución sobre la situación de ambos vertederos (esto si el Ayuntamiento o Hasar’s no piden prórroga) y al parecer mucho de lo que se determine ese día marcará el rumbo de las decisiones de los manifestantes. Ayer quedó claro que la apuesta del Ayuntamiento de Zapopan es conseguir dónde tirar su basura, darle largas al asunto, provocar el cansancio de los inconformes para que desistan del plantón… quien en esta hora descartaría la intervención de la fuerza pública argumentando todo eso con que las autoridades legitiman el uso de cachiporras y demás utensilios. Es de esperarse que la actual administración, con lo que le queda de vida, aplique medidas paliativas o nade de muertito en este caso para dejarle un problema más a la que está por llegar.
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