Se discute la posibilidad de entregar la obligación al estado, con recursos financieros suficientes, pues decenas de ayuntamientos dejan instalaciones como elefantes blancos por falta de dinero o desinterés.
La capacidad total de tratamiento sólo permite limpiar 24% del agua usada. Foto: Marco A. Vargas
Casi la cuarta parte de las 204 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales que existen en Jalisco, no están operando. Parece poco si se considera que sólo constituyen cuatro puntos porcentuales de los casi 20 mil litros por segundo de agua de desecho que se generan en toda la entidad, pero en términos cualitativos, dañan cuencas locales o regionales de forma severa y reducen las oportunidades para miles de pobladores que dependen de ríos y arroyos.
Además, sólo se poseen instalaciones con capacidad para limpiar entre 23 y 24 por ciento de los residuos estatales, lo que aumenta la importancia de omitir la operación de poco más de medio centenar de plantas, algunas de las cuales son obras nuevas. La causa fundamental es la economía precaria de los ayuntamientos, responsables de hacerlo según el artículo 115 de la Constitución mexicana. Pero a la escasez financiera se suelen agregar factores políticos: falta de voluntad para establecer sistemas de agua sanos que obliguen a cobrar el servicio a precios reales, admite el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.
“Sorprende cuando el mismo alcalde que la solicitó, semanas o meses después la deje abandonada, porque desde que ellos hacen su solicitud a la CEA empezamos a ver en qué lugar se puede hacer, los derechos de vía para los colectores, conseguir terrenos muchas veces con problemas; irnos después a la licitación, que en algunos casos es cuestionada […] hoy en día la normatividad exige que se haga una gestión social también, que la gente tome conciencia de que se necesita la planta, que deben estar al pendiente de la misma, de que sí se opere; sin embargo, no es nada más que participe la sociedad de buena voluntad, sino el orden económico: las plantas de tratamiento por diversas razones se estén parando, creo que lo que está fallando es el modelo…”.
El funcionario indica que el sistema de construir plantas y entregarlas a los municipios está mostrando sus límites. “Si analizamos con más profundidad el hecho de que el artículo 115 les otorgue facultades para las aguas en lo general, aguas potables, pluviales, tratadas, resulta que en la mayoría de los casos el ayuntamiento no cumple: no cumple en suministrar un agua con la calidad que requiere la población, un agua que sea totalmente cristalina, inodora, sobre todo que no traiga residuos fecales y ese tipo de cosas; no cumple en la continuidad que debe haber en el servicio […] también notamos que muchos no cloran, por ahorrar dinero, y el no clorar puede traer un problema severo a la comunidad, como un salmonelosis, una disentería, ese tipo de enfermedades gastrointestinales provocadas por la falta de calidad del agua”.
Es decir, hay un marco de incumplimento común que rebasa con mucho el tema del saneamiento. “Ahí empiezas a ver que no tienen la capacidad, la sapiencia debida para tratar de hacer las cosas bien, luego viene el efecto de cobranza, que si tu lo analizas objetivamente es de los pocos servicios que se cobran, porque la basura no se cobra, el alumbrado publico no se cobra, la cuestión de mercados, la policía […] éste se cobra mensual o bimensualmente, y resulta que la estructura del municipio tampoco está preparada; la relación personal con las pequeñas poblaciones es muy grande, todo mundo sabe dónde vives, de quién eres hijo, cuáles son tus hermanos, y el efectuar la cobranza en esas poblaciones se complica enormemente, porque salen a relucir una serie de amistades, de intereses, que por una o por otra causa no se cobra, y esto ha provocado que el municipio tenga que subsidiar la distribución de agua, lo cual quiere decir que de sus finanzas, y no recuperan el costo del servicio…”.
En ese escenario, llega una planta de tratamiento, la Ley de Ingresos señala que se cobra 20 por ciento de la tarifa para financiar su operación, pero no lo hacen. “Aunque lo pongan en el recibo tampoco lo cobran a fin de cuentas, y si en promedio vemos que se cobra alrededor de 30 por ciento de lo que cuesta el servicio de agua potable, hay un 70 por ciento que ya no se cobraba cuando empezó el saneamiento, que por supuesto tampoco se pagará”. El escenario no puede ser peor. Nueve de las plantas construidas en los últimos tres años no están funcionando, pero la lista, que es fluctuante mes a mes, tuvo 51 instalaciones sin operar en el corte más reciente. Y no se trata sólo de municipios rurales (ver gráficos anexos), porque están en ellas municipios como Zapotlán el Grande, Zapopan, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Tlajomulco, entre los más urbanizados de la entidad.
Esta realidad ha abierto una discusión seria con el Congreso del estado, añade Coll Carabias: la posibilidad de que la CEA se responsabilice de operar las plantas, siempre que se le otorguen los recursos para hacerlo, lo cual implica un golpe de timón, pues este año, la CEA apenas tuvo presupuesto para lo más sustantivo de sus obligaciones. Al director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Raúl Antonio Iglesias Benítez, la propuesta no le parece descabellada, y en todo caso, no afecta la relación que el gobierno federal tiene con el tema.
“Nosotros tenemos un subsidio para quien opere una planta de tratamiento, tratando de ayudar a resolver los problemas financieros que arrastran los ayuntamientos, y sobre todo en relación con la tarifa de electricidad que deben pagar, que es lo más les pega […] hemos calculado de forma promedio que sanear un metro cúbico, o mil litros de agua, sale a peso, entonces entregamos 50 centavos, siempre que el agua salga en las condiciones específicas en la que está comprometida y las condiciones particulares de descarga, esto avalado por un laboratorio certificado […] pueden ser informes trimestrales o semestrales, pero ahora estamos repartiendo en Jalisco 42 millones de pesos en este tema”.
Admite que es un paliativo, y que es incierta su duración. A su juicio se trata de ir creando costumbre para que los sistemas municipales asuman con el tiempo la responsabilidad. Algo en que con todo y crisis de agua, ya se han tardado.
