Exigen ¡ya! solución en El Zapotillo
Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodrigo Gutiérrez Rivas.
"Simulación jurídica" es la que hace el Gobierno del Estado en el caso de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la altura de la presa El Zapotillo, y lo más grave es que atenta contra el Congreso del Estado por haber sido la instancia que interpuso la Controversia Constitucional, sentenció el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rodrigo Gutiérrez Rivas; en tanto la diputada del PRD, Celia Fausto Lizaola, dijo que el Poder Ejecutivo desacata la orden de la Corte, ya que se sigue construyendo la cortina.
Levantaron la voz para exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a iniciar las "gestiones con su similar de Guanajuato y ante la Conagua para que la presa se edifique con una cortina cuya elevación no pase de los 80 metros de altura y se respete el derecho a la vida, al ecosistema y a la libre empresa de los alteños".
"Desde mi punto de vista, por la dignidad de los pueblos y también por la dignidad de este propio Congreso, se debería verificar el cumplimiento de esa sentencia y que el Congreso asuma un papel activo para lograr el cumplimiento de la misma y la protección de los derechos fundamentales", indicó el académico.
Por su parte, Fausto la calificó de "una estrategia dilatoria. Una estrategia dilatoria porque falta de conocimiento no lo creo; tiene mucho de fondo este asunto y obviamente si les están apostando a que luego se trate ya de un acto consumado, tipo Villas Panamericanas, entonces yo creo que sería muy grave y muy lamentable porque la lucha social de quienes en principio de la región se ven afectados no han cesado en su búsqueda de que no se inunden sus comunidades".
En el foro "El derecho de los pueblos frente a las Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", los participantes se pronunciaron en contra de lo que está haciendo el Gobierno Estatal.
El investigador de la UNAM añadió "no sólo se está lastimando a los pueblos, sino se está lastimando la soberanía de este Congreso; si bien la inejecución está afectando principalmente a Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el segundo afectado en esto, el Ejecutivo se está saltando olímpicamente al esta soberanía; desde mi punto de vista, por la dignidad de los pueblos pero también por la dignidad de este Congreso, se debería verificar el cumplimiento de esta sentencia".
Recordó que la controversia constitucional interpuesta por el Congreso ante la SCJN le da la razón al Legislativo para que se invalide el acuerdo signado por los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato en 2007 y la Conagua para dejar la cortina a 105 metros en lugar de 80.
PRESENTARÁ INICIATIVA FAUSTO PARA EXIGIR AL GOBIERNO QUE ACATE RESOLUCION DE LA CORTE
La diputada Fausto Lizaola informó en entrevista que está por concluir los últimos detalles de la iniciativa que presentará para "exigir al Gobernador del Estado que firme un nuevo convenio", y así evitar con ello inundaciones a los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyos habitantes estuvieron en el Congreso del Estado, en donde se llevó a cabo este foro.
Tanto el académico como la legisladora y otros ponentes que participaron en el foro exigieron que el Ejecutivo garantice que la cortina se edifique a 80 metros.
En el foro, hablaron a nombre de los habitantes de siete municipios de Sonora por la afectación que les generó la construcción y operación del acueducto Independencia, así como los ejidatarios de Tila, en Chiapas, que fueron despojados de 130 hectáreas. Además de los participantes citados, estuvieron la presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmerejo, Abigail Agredano y la ex diputada Olga Gómez Flores.
La legisladora Celia Fausto Lizaola hizo un exhorto a sus compañeros y al Gobierno del Estado para que se realicen las gestiones pertinentes ante el Gobierno de Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua para retomar el proyecto original de la presa, y que ésta se construya con una cortina de 80 metros de alto y no de 105 como se edifica actualmente.
Abigail Agredano señaló que un pueblo como Temacapulín con tantos siglos de historia no puede ser borrado del mapa con el pretexto del progreso y la modernidad. Recriminó que las anteriores administraciones del Gobierno Estatal poco atendieron su problemática, y aunque la actual ha instalado mesas de diálogo, aseguró que éstas no sirven de nada y sólo les han hecho perder tiempo en su lucha por evitar la inundación de su poblado.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, afirmó que Temacapulín es un "vivo ejemplo de la simulación de nuestras instituciones. La problemática que padecen los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo son una muestra de ocho años de una autoridad ausente, de ocho años sin Derecho".
Asimismo, remarcó que las sentencias incumplidas promovidas por pueblos de México "son una muestra de la gravísima situación en la que nos encontramos. Es decir, estamos reunidos para dialogar sobre cómo la autoridad y los poderes fácticos han transgredido resoluciones del Máximo Tribunal Constitucional del país, y cancelado así los derechos de las personas".
Agregó que los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo continúan sosteniendo la legítima defensa de sus derechos, "hoy tienen la razón jurídica y social, tienen los argumentos legales y morales para defender su causa; y sin embargo, no tienen certeza jurídica de que sus derechos e integridad estén siendo respetados".
A esta falta de certeza jurídica, dijo que debe agregarse que "el Gobierno del Estado ha mostrado una actitud errática al respecto. Pareciera que las promesas del Gobernador no pesan lo suficiente; pareciera que su compromiso de no inundar a Temacapulín no hiciera eco entre su equipo de Gobierno; que aún hoy sigue descargando sus responsabilidades y, con ello, el desenlace de estos pueblos en la Conagua.
"Esta falta de claridad y contundencia por parte del Ejecutivo Estatal no genera certidumbre, ni garantías, ni tranquilidad a los habitantes de estos pueblos, y por ello prevalece la exigencia hacia el Gobernador para que cumpla sus compromisos".
Refiriéndose al Poder Legislativo, añadió que "tenemos al Congreso del Estado, que tampoco ha hecho lo suficiente. El día de hoy tenemos que ser autocríticos y reconocer que ha faltado contundencia y consistencia en este caso".
En tanto que la ex diputada, Olga Gómez Flores, hizo un recuento del procedimiento mediante el cual el Congreso del Estado interpuso una controversia constitucional y que echó por tierra el acuerdo entre ambos Estados, toda vez se pactó sin incluir a los Congresos locales.
El tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, detalló los incumplimientos de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y concluyó en que quienes realicen funciones jurisdiccionales deben aplicar tratados internacionales, y acatar los criterios que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los funcionarios públicos que no son parte de un órgano jurisdiccional, pero que integran el Estado Mexicano, están obligados a hacer lo mismo a fin de entender la nueva dinámica del servicio público, y no cumplir representa una probable responsabilidad internacional.
Se cuestionó: "¿Qué necesidad hay de llegar a las instancias internacionales para que se tengan que cumplir las reparaciones del daño a los derechos humanos?, ¿Qué necesidad hay de que México siga siendo exhibido ante la comunidad internacional? Hoy por hoy, la razón les asiste a los habitantes de Temacapulín y lo dijimos desde el 2009".
CASOS DE SONORA Y CHIAPAS
A nombre de la tribu yaqui habló Mario Luna Romero, quien refirió todo lo relativo a la construcción de una presa y el acueducto Independencia para el aprovechamiento de las aguas del Río Yaqui, debido a que les afectó siete municipios sonorenses, pues se hace un trasvase de una cuenca a otra para beneficiar cultivos, en tanto que a los demás los condena a desaparecer.
El abogado Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dijo que se les dio la razón en la SCJN sobre la manifestación de impacto ambiental, y el asunto está pendiente de resolverse por parte de las autoridades.
En cuanto al Ejido de Tila, ubicado al norte de Chiapas, Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio lectura a un comunicado dirigido al Foro por los afectados del despojo de 130 hectáreas, "para privatizarlas y convertirlas en mercancías", con fines de explotación de maderas preciosas y el cultivo de café, además de otros aprovechamientos, pertenecientes al pueblo indígena ch'ol.
Explicó que la discusión del asunto jurídico fue suspendida por la SCJN bajo el argumento de un caso extremadamente complejo, en el que se debe determinar cómo debe ser el cumplimiento de la sentencia y analizar jurídicamente el tema de la condición étnica de los integrantes del ejido, y solicitó al Rector de la UNAM que propusiera expertos para realizar dos peritajes. Uno sobre las eventuales afectaciones o no que pudiera causar la restitución desde la óptica de desarrollo urbano, ingeniería y economía; y otro en antropología jurídica, para determinar las características socio-culturales de la población que habita dicho ejido.
Claudia Gómez Godoy, jurista del Colectivo de Abogados, hizo un análisis de los planteamientos que hicieron sobre los tres asuntos y lamentó que aún cuando ganaron las instancias judiciales los afectados, todavía no se concreten los asuntos que puedan llevarse muchos años más para resolverse en definitiva, y citó la frase: "Obedézcase, pero no se cumpla".
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