El Lobby
MAURICIO FERRER
Un año y nada
“Asunto: violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, los derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social”, así inicia la recomendación que el 27 de enero de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), emitió a las autoridades estatales y de diferentes municipios, para contrarrestar el problema de la contaminación del río Santiago, y que afecta a las poblaciones de El Salto y Juanacatlán a su paso.
Al ver el listado de violaciones a las garantías que el organismo defensor enumeró, uno se pregunta: ¿qué queda en El Salto y Juanacatlán? ¿Habrá algún rincón de ambas poblaciones que pueda albergar vida aun? Porque la lista no deja ni un ápice de esperanza para cualquier humano, ni un trozo de vida digna que pueda garantizarle el estado a cada habitante de aquellas comunidades en donde el cáncer es común en cada cuadra en sus diferentes modalidades: de pulmón, de piel, de huesos, etcétera.
Hasta ahora, después de la lamentable muerte de Miguel Ángel, el menor que cayó al río, luego en coma –como producto de una intoxicación por arsénico-, y luego en brazos de la muerte, las autoridades lo único que han hecho es entubar el agua del río pa’que no huela tanto a “huevo podrido” en la parte del puente que une El Salto y Juanacatlán.
–¿Cómo le va con la contaminación?, –le pregunté a un cerrajero que fue a componerme la chapa de mi casa hace algunas semanas, cuando supe que vivía en El Salto.
–Híjole, de la fregada. Lo único que hicieron fue entubar el agua.
“Lo único que hicieron fue entubar el agua”, la frase del hombre. Y muchos dirán: “pues que se vaya a otro lado a vivir”. Pero muchas de esas personas ahí nacieron, ahí han crecido, y ahí han contraído la muerte en diferentes padecimientos. Por eso es su casa y su ataúd al mismo tiempo. Un recinto para toda la vida que, lo de menos, debería estar limpio.
Sólo se ha puesto un tubo, como parte de 172 sugerencias que emitió el organismo para garantizar una mejor vida a los habitantes de El Salto y Juanacatlán.
“En forma inmediata se construyan y pongan en operación, conforme a la caracterización de las aguas residuales que para tal efecto se realice, las plantas necesarias para tratar el líquido que fluye hacia la cuenca del río Santiago; dentro del proceso de construcción, que se elabore y dé a conocer a la opinión pública un informe trimestral de los avances. Se propone actualizar los estudios de impacto ambiental de las macroplantas de tratamiento El Ahogado y Agua Prieta, incluyendo estudios de impacto social y a la salud, tanto directos como indirectos y, según sea el caso, se tomen medidas compensatorias y de mitigación”, es una de las medidas dictadas por la CEDHJ. Nada hasta ahora.
“Evaluar los riesgos a la salud y al ambiente ocasionados por la operación de empresas y particulares cuyas actividades puedan dañar el ecosistema, a fin de que se adopten acciones en beneficio de la población y del equilibrio ecológico de la cuenca y se haga lo pertinente para que se acaten”, es otra de las recomendaciones de la macrorrecomendación. Tampoco, nada.
“En el término de seis meses se realice un inventario de las industrias establecidas en la cuenca El Ahogado y el alto Santiago, donde se presente la caracterización y volumen de sus descargas de aguas residuales, así como de los fraccionamientos, propietarios y habitantes que vierten al río Santiago o sus afluentes cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos, quiénes de ellos cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y cuántos no cuentan con un estudio de impacto ambiental actualizado”, otra más. Ha pasado un año, y nada.
“Elabore una propuesta de reforma a la Constitución del estado y leyes ordinarias que doten a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de autonomía, personalidad y patrimonio propio, y se incorpore en su estructura como máximo órgano de gobierno un consejo ciudadano con facultades para proponer y supervisar acciones en la protección y defensa del ambiente”, mucho menos.
“Se dicten las medidas tendentes a evitar accidentes y contacto directo e indirecto con el agua del río, principalmente de niñas y niños, así como para la protección de personas que están en contacto con esas aguas por razones laborales”, otra más.
Así, podemos seguir poniendo ejemplos de las recomendaciones dictadas por la CEDHJ a las que el gobierno estatal y las autoridades municipales han hecho oídos sordos. A un año, nada aún. Y la gente, sigue muriendo.
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