Magistrado falla a favor de comuneros
de Mezcala
Entre 1999 y 2008 se realizaron peritajes y desahogaron las pruebas para demostrar que esas personas invadían territorio comunal. EL INFORMADOR / ARCHIVO
- En 1999 un empresario de Guadalajara comenzó a cercar áreas de territorio comunal
Los pobladores fueron notificados de una sentencia favorable para la restitución de más de diez hectáreas
GUADALAJARA, JALISCO (29/SEP/2014).- Después de 15 años de haber sido despojados de una extensión de terreno, comuneros del poblado de Mezcala en el municipio de Poncitlán fueron notificados de unas sentencia favorable para la restitución de más de diez hectáreas que en 1999 fueron invadidas por un empresario tapatío y un prestanombres, informó Rocío Moreno, miembro de la comunidad: "Lo que ordena el magistrado es que se recupere la tierra que había sido invadida por estas dos personas para la comunidad de Mezcala".
La sentencia fue dictaminada el 18 de agosto y se notificó a ambas partes el 25 de septiembre, tras lo que comenzaron a hacer pública la noticia.
Rocío Moreno recordó que en 1999 un empresario de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra utilizó a un prestanombres de la comunidad, Cresenciano Santana, para comenzar a cercar un área más o menos de diez hectáreas en un cerro dentro de los terrenos de la comunidad conocido como El Pandillo: "Cuando los comuneros ven que empieza a circular con alambre esta área interponen un juicio agrario por restitución de tierras comunales".
Entre 1999 y 2008 las autoridades llevan a cabo peritajes y desahogan las pruebas que los pobladores entregaron para demostrar que esas personas invadían territorio comunal.
Con el juicio en marcha, los pobladores fueron presionados durante los años siguientes e incluso amedrentados por gente de Guillermo Moreno, aseveró la entrevistada. En 2011, por ejemplo, denunciaron que alrededor de 20 personas buscaban intimidarlos al deambular en sus tierras armados.
En ese entonces era común escuchar disparos provenientes de los terrenos ocupados por el empresario. Por este hecho, levantaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
También denunciaron a la Comisión Nacional del Agua que había desviado el curso de arroyos para construir una represa.
Aún pueden inconformarse
Ahora, seis años después de concluida la etapa de peritajes, un magistrado dictaminó finalmente a favor de los comuneros, aunque Rocío Moreno reconoció que el empresario y su testaferro aún pueden acudir a instancias federales. Tienen hasta este martes para presentar su recurso en el Supremo Tribunal de Justicia:
"Nosotros creemos que van a hacer uso de ese recurso, pero lo bueno para la comunidad es que en esas instancias federales ya hay tiempos marcados, no puede pasar de más de entre tres y seis meses para ratificar o dar otra sentencia. Todavía falta, pero decimos que fue un paso importante para la comunidad y la verdad es que después de tantos años de espera y sobre todo las irregularidades que han pasado, pues sí es esperanzador".
Rocío Moreno se mostró optimista de que incluso ganarán en la Suprema Corte pues una pregunta básica que se le hace a las dos partes es señalar si el terreno en disputa se encuentra dentro del polígono de las tres mil 600 hectáreas: "Está prácticamente en el medio de la comunidad, y con esa simple respuesta no hay paso atrás, no puede haber propiedad privada en un territorio comunal". En caso de que no haga uso de este recurso comenzará el desalojo en 15 días.
Toman precauciones
Ante los hechos de años pasados de presuntas amenazas y reacciones violentas de Guillermo Moreno Ibarra y Cresenciano Santana, la comunidad toma medidas de precaución, como hacer pública la sentencia de la corte, además de dejar constancia mediante denuncias de ello: "Hasta el momento ya no ha pasado nada, creemos que es por la denuncia pública porque hasta cierto punto sería muy obvio que se atreviera a hacer algo en contra de cualquiera de los comuneros o de los pobladores que hemos estado a lo largo de este proceso legal".
La sentencia fue dictaminada el 18 de agosto y se notificó a ambas partes el 25 de septiembre, tras lo que comenzaron a hacer pública la noticia.
Rocío Moreno recordó que en 1999 un empresario de Guadalajara de nombre Guillermo Moreno Ibarra utilizó a un prestanombres de la comunidad, Cresenciano Santana, para comenzar a cercar un área más o menos de diez hectáreas en un cerro dentro de los terrenos de la comunidad conocido como El Pandillo: "Cuando los comuneros ven que empieza a circular con alambre esta área interponen un juicio agrario por restitución de tierras comunales".
Entre 1999 y 2008 las autoridades llevan a cabo peritajes y desahogan las pruebas que los pobladores entregaron para demostrar que esas personas invadían territorio comunal.
Con el juicio en marcha, los pobladores fueron presionados durante los años siguientes e incluso amedrentados por gente de Guillermo Moreno, aseveró la entrevistada. En 2011, por ejemplo, denunciaron que alrededor de 20 personas buscaban intimidarlos al deambular en sus tierras armados.
En ese entonces era común escuchar disparos provenientes de los terrenos ocupados por el empresario. Por este hecho, levantaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
También denunciaron a la Comisión Nacional del Agua que había desviado el curso de arroyos para construir una represa.
Aún pueden inconformarse
Ahora, seis años después de concluida la etapa de peritajes, un magistrado dictaminó finalmente a favor de los comuneros, aunque Rocío Moreno reconoció que el empresario y su testaferro aún pueden acudir a instancias federales. Tienen hasta este martes para presentar su recurso en el Supremo Tribunal de Justicia:
"Nosotros creemos que van a hacer uso de ese recurso, pero lo bueno para la comunidad es que en esas instancias federales ya hay tiempos marcados, no puede pasar de más de entre tres y seis meses para ratificar o dar otra sentencia. Todavía falta, pero decimos que fue un paso importante para la comunidad y la verdad es que después de tantos años de espera y sobre todo las irregularidades que han pasado, pues sí es esperanzador".
Rocío Moreno se mostró optimista de que incluso ganarán en la Suprema Corte pues una pregunta básica que se le hace a las dos partes es señalar si el terreno en disputa se encuentra dentro del polígono de las tres mil 600 hectáreas: "Está prácticamente en el medio de la comunidad, y con esa simple respuesta no hay paso atrás, no puede haber propiedad privada en un territorio comunal". En caso de que no haga uso de este recurso comenzará el desalojo en 15 días.
Toman precauciones
Ante los hechos de años pasados de presuntas amenazas y reacciones violentas de Guillermo Moreno Ibarra y Cresenciano Santana, la comunidad toma medidas de precaución, como hacer pública la sentencia de la corte, además de dejar constancia mediante denuncias de ello: "Hasta el momento ya no ha pasado nada, creemos que es por la denuncia pública porque hasta cierto punto sería muy obvio que se atreviera a hacer algo en contra de cualquiera de los comuneros o de los pobladores que hemos estado a lo largo de este proceso legal".
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