Gobierno federal ocultó información vital sobre presa El Zapotillo durante medio año
• Pese a su alto costo económico y social, el embalse sólo cumpliría sus funciones durante 5 añosMauricio Ferrer.-Durante casi medio año el gobierno federal ocultó el dictamen con el que en abril pasado justificó la elevación a 105 metros de altura de la cortina de la presa El Zapotillo, anunció ayer el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
En rueda de prensa, la organización detalló que José Elías Chedid Abraham, director general del Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, retuvo y ocultó por espacio de seis meses el dictamen realizado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El estudio fue el argumento con el que la Conagua anunció a principios de abril que la cortina de la presa sería a 105 metros.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo dio a conocer también una serie de inconsistencias que 50 especialistas de diferentes universidades –entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente– y organizaciones internacionales encontraron en el documento de la Conagua.
La primera irregularidad, subrayaron los expertos, corresponde a los oficios de entrega del dictamen. Éstos no coinciden en cuanto a fechas de revisión, envío y elaboración del propio documento.
La revisión de los especialistas arrojó que el 18 de octubre, Horacio Rubio Gutiérrez, responsable del CTOOH, informó a Chedid Abraham que después de haber revisado toda la información sobre las alternativas para el abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara, se había tomado el acuerdo de que el proyecto de la presa El Zapotillo era la mejor solución.
Pero en el oficio B00.00.R09.-000484, que el 10 de abril, Chedid Abraham envió a Felipe Tito Lugo, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el funcionario federal aseguró que el análisis había concluido “recientemente”.
“Esta información evidencia que José Elías Chedid Abraham retuvo dicho dictamen por casi 6 meses y que ocultó información fundamental sobre el proyecto Presa El Zapotillo que debió haber dado a conocer inmediatamente, lo que permitió que el proyecto continuara avanzando y se engañara a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que en las mismas fechas se encontraban en mesas de diálogo con el gobierno de Jalisco; además de posibilitar el incumplimiento de la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que mandata la construcción de una cortina a 80 metros de altura”, según los especialistas en el texto que elaboraron.
El dictamen de Conagua, de acuerdo con los académicos, también carece de información técnica. Como ejemplo, mencionaron el anexo IV, que se refiere al “dictamen de los diques”, pero que no incluye los resultados de los estudios que se hicieron en la zona donde se planteó erigir tales construcciones.
En el oficio B00.00.R09.-000484, Conagua manifestó que para lograr el acuerdo de elevar la cortina a 105 metros de altura, se tomaron en cuenta tres factores: la seguridad hídrica, la seguridad financiera y el estrés hídrico. Sin embargo, dijeron los especialistas, en ninguna de las tres se incluyó la seguridad de los pobladores, que fue el principal argumento utilizado en los comunicados oficiales del gobierno de Jalisco.
“Nos llama la atención que dentro de los 20 sitios alternativos analizados en el documento, no se incluye la alternativa que contempla una cortina a 60 metros de altura, alternativa que se propuso y entregó en un documento firmado por las partes interesadas el 1 de octubre del 2013 durante la mesa de trabajo técnica sostenida con el gobierno de Jalisco y las comunidades afectadas para buscar alternativas a la presa El Zapotillo”, añadió el medio centenar de investigadores.
Para ellos es también preocupante que “de manera irresponsable y precipitada” se diga que después de cinco años de operación de El Zapotillo, se requiera otra obra adicional para seguir cubriendo las necesidades de agua de la población.
“Un proyecto de más de 13 mil millones de pesos que cumple su ‘justificación’ sólo durante cinco años, porque después se requerirá de una obra o más. Nos preguntamos ¿qué pasaría si el proyecto en el que se han empeñado no logra su objetivo y funcionamiento? ¿Habrá responsables? ¿Cuál será su sanción? Estamos hablando de más de 30 mil millones tan sólo en los proyectos Zapotillo y Purgatorio, miles de millones de pesos que son fondos públicos, es decir que todas y todos estamos pagando de nuestros bolsillos”, cuestionaron.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo consideró que la crisis de agua de Chapala y los tandeos que realiza el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado obedecen a una “crisis inducida” por los gobiernos federal y estatal para legitimar la construcción de la presa El Zapotillo.
La obra, añadió la agrupación, solo redundará en un negocio para las constructoras trasnacionales FCC y Abengoa, y las nacionales La Peninsular y Grupo Hermes; abastecerá de agua a las compañías internacionales del proyecto Puerto Seco o Guanajuato Puerto Interior, en el estado de Guanajuato; y perjudicará a tres comunidades y a toda la región de Los Altos.
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