Organizaciones civiles entregarán iniciativa de Nueva Ley Minera
Martha Elva González / El Sol de México
Ciudad de México.- Ante la sordera de los legisladores, organizaciones de la sociedad civil harán uso del derecho constitucional de presentar iniciativas y entregarán, acompañada de miles de firmas, la propuesta de Nueva Ley Minera que pretende frenar el deterioro del medio ambiente y la violación a los derechos humanos de las poblaciones indígenas, por parte de la "megaminería extranjera", anunció el colectivo Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos.
"Las grandes empresas mineras, en su mayoría extranjeras, son dueñas de concesiones que cubren casi la tercera parte del país, en diciembre de 2012, estaban registrados 850 proyectos mineros, en manos de 285 empresas, la mayoría canadienses y a cambio de las multimillonarias ganancias que obtienen, estas empresas prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación", pronunció.
Así lo dieron a conocer, en conferencia de prensa, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Saúl Anastasio Roque, del Consejo de los Pueblos; Javier Hernández, del Comité de Tetlama; Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ana Isabel León, del Movimiento Morelense en Contra de Concesiones Mineras y de Materiales Preciosos; Isabel Medina, de la Comunidad del Cerro de San Pedro, S.L.P; y Juan Jiménez Escobar, de la Comunidad Morelos.
"Es risible que se paguen entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, sin importar el monto del mineral extraído, las tierras que acaparan son casi 40 millones de hectáreas, entre 2005 y 2010 las trasnacionales mineras pagaron a México solo un equivalente a 1.18 por ciento de los recursos obtenidos, de 552 mil millones de pesos, pagaron derechos al país por solo 6 mil 500 millones", expresó.
Aseguraron que en San Luis Potosí, las mineras que actualmente explotan 475 hectáreas están negociando 30 mil más en total impunidad, a pesar de los múltiples recursos legales que las comunidades del Valle de S.L.P. han ganado desde hace 17 años.
"La afectación estructural a la iglesia y casas habitación de la comunidad del Cerro de San Pedro son evidentes, las enfermedades por contaminación han sido documentadas, no solo es San Pedro, sino en todo el Valle, afectando a más de un millón 300 mil pobladores.
La megaminería ha adquirido un gran poder político y económico, convirtiéndose en uno de los más graves problemas del país, se apropia de nuestros minerales y metales preciosos, utilizando tecnologías que permiten extraer estos recursos a muy bajos costos y en poco tiempo, sin importar los graves daños que ocasionan al ambiente y la violación sistemática a los derechos humanos, e incluso a la vida de poblaciones enteras", reiteró.
"El problema es grave en todo el país, pero especialmente en 17 estados se presentan severos conflictos sociales, por lo que ante la sordera de los legisladores, estamos en la tarea de recopilar firmas para presentar la iniciativa que ahora ya esta autorizada por la Constitución, que los ciudadanos puedan presentarla", comentó.
"Para que la nueva ley minera prohíba otorgar concesiones y mucho menos a compañías extranjeras, le de entrada al sector social, especialmente a las comunidades indígenas que finalmente son las dueñas de la tierra y de los recursos y las ganancias de la explotación, las reciban los pobladores, lo que no ha sucedido hasta el momento, no solo no recibe beneficios, son dañados por estas empresas", sentenció.
Ciudad de México.- Ante la sordera de los legisladores, organizaciones de la sociedad civil harán uso del derecho constitucional de presentar iniciativas y entregarán, acompañada de miles de firmas, la propuesta de Nueva Ley Minera que pretende frenar el deterioro del medio ambiente y la violación a los derechos humanos de las poblaciones indígenas, por parte de la "megaminería extranjera", anunció el colectivo Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos.
"Las grandes empresas mineras, en su mayoría extranjeras, son dueñas de concesiones que cubren casi la tercera parte del país, en diciembre de 2012, estaban registrados 850 proyectos mineros, en manos de 285 empresas, la mayoría canadienses y a cambio de las multimillonarias ganancias que obtienen, estas empresas prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación", pronunció.
Así lo dieron a conocer, en conferencia de prensa, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Saúl Anastasio Roque, del Consejo de los Pueblos; Javier Hernández, del Comité de Tetlama; Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ana Isabel León, del Movimiento Morelense en Contra de Concesiones Mineras y de Materiales Preciosos; Isabel Medina, de la Comunidad del Cerro de San Pedro, S.L.P; y Juan Jiménez Escobar, de la Comunidad Morelos.
"Es risible que se paguen entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, sin importar el monto del mineral extraído, las tierras que acaparan son casi 40 millones de hectáreas, entre 2005 y 2010 las trasnacionales mineras pagaron a México solo un equivalente a 1.18 por ciento de los recursos obtenidos, de 552 mil millones de pesos, pagaron derechos al país por solo 6 mil 500 millones", expresó.
Aseguraron que en San Luis Potosí, las mineras que actualmente explotan 475 hectáreas están negociando 30 mil más en total impunidad, a pesar de los múltiples recursos legales que las comunidades del Valle de S.L.P. han ganado desde hace 17 años.
"La afectación estructural a la iglesia y casas habitación de la comunidad del Cerro de San Pedro son evidentes, las enfermedades por contaminación han sido documentadas, no solo es San Pedro, sino en todo el Valle, afectando a más de un millón 300 mil pobladores.
La megaminería ha adquirido un gran poder político y económico, convirtiéndose en uno de los más graves problemas del país, se apropia de nuestros minerales y metales preciosos, utilizando tecnologías que permiten extraer estos recursos a muy bajos costos y en poco tiempo, sin importar los graves daños que ocasionan al ambiente y la violación sistemática a los derechos humanos, e incluso a la vida de poblaciones enteras", reiteró.
"El problema es grave en todo el país, pero especialmente en 17 estados se presentan severos conflictos sociales, por lo que ante la sordera de los legisladores, estamos en la tarea de recopilar firmas para presentar la iniciativa que ahora ya esta autorizada por la Constitución, que los ciudadanos puedan presentarla", comentó.
"Para que la nueva ley minera prohíba otorgar concesiones y mucho menos a compañías extranjeras, le de entrada al sector social, especialmente a las comunidades indígenas que finalmente son las dueñas de la tierra y de los recursos y las ganancias de la explotación, las reciban los pobladores, lo que no ha sucedido hasta el momento, no solo no recibe beneficios, son dañados por estas empresas", sentenció.
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