Un elefante blanco en el río Santiago
Anunciado como otra de esas grandes obras de infraestructura que los gobiernos panistas vendieron a la ciudadanía como remedios contra los grandes males del país, el gobierno de Felipe Calderón y el de Emilio González invirtieron casi mil millones de pesos en la planta de tratamiento de El Ahogado, en el municipio de El Salto. Especialistas y ambientalistas señalan que funciona desde mayo pasado sin previo saneamiento del río, con una capacidad insuficiente y sin que las dependencias estatales y federales apliquen la ley, por lo que el río Santiago sigue ahogándose en un miasma de metales pesados y desechos orgánicos.Finalmente, la planta de El Ahogado trata sólo la mitad de las aguas negras que se prometió cuando la construyeron –las del sureste del área metropolitana– y deja fuera las residuales de la industria, todo el drenaje de la cabecera del municipio de El Salto, donde se asienta, y el de varias colonias que derraman sus desechos directamente en el río Santiago.
El 17 de marzo pasado, cuando se inauguró la planta –que comenzó a operar en mayo–, el presidente Felipe Calderón se jactó de que El Ahogado “revela el serio, firme, inquebrantable compromiso” de su gobierno con el medio ambiente.
La planta debió resolver la contaminación de las aguas de la cuenca que abarca parte de los municipios conurbados de Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto, pero no resuelve ni siquiera el problema de la zona que comprende el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el corredor industrial de El Salto, donde funcionan al menos 220 fábricas contaminantes.
Después del 13 de febrero de 2008, cuando el niño Miguel Ángel López Rocha sucumbió intoxicado por arsénico al caer accidentalmente en el río Santiago mientras jugaba, a las autoridades locales de la Comisión Estatal de Agua (CEA) y al gobierno de Jalisco les urgía enviar a la sociedad el mensaje contundente de que la contaminación del río tenía remedio. Y lanzaron el proyecto de El Ahogado.
Al parecer, la solución no llegó. Y no llegará, al menos en el mediano plazo.
De todas formas el saneamiento del río Santiago y la dotación de agua limpia a la zona metropolitana fue el pretexto para levantar otra megaobra, que costó más de 858 millones de pesos. Sin embargo, la planta se diseñó para procesar hasta 2 mil 250 litros de agua por segundo, es decir, menos de 25% de los escurrimientos de aguas negras y residuales de la zona metropolitana, y no tiene una capacidad para tratar 40%, como repitieron las autoridades.
Especialistas, organizaciones civiles y habitantes de El Salto consultados por Proceso Jalisco aseguran que la planta está diseñada para captar descargas domésticas de tres delegaciones de El Salto, así como de los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y la parte sur de Zapopan, pero deja correr hacia el río las aguas de la parte baja de la planta y los desechos líquidos de las industrias de El Salto.
En entrevista, la directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, señala que las autoridades actuaron al revés porque edificaron la planta antes que sanear el río; también se les olvidó aplicar una política integral de acompañamiento que incluyera un diagnóstico de las descargas que se vierten al afluente. De esa forma, sostiene Nájera, sólo se beneficiaron los constructores, que cobraron “un mundo de dinero”.
Por su parte, Rodrigo Flores Elizondo, investigador sobre aguas del ITESO, afirma: “Ya se sabía que la puesta en funcionamiento de El Ahogado no iba a solucionar los problemas de la contaminación. Pues si bien la cantidad de agua que sale de la ciudad como descarga municipal es menor que la que vierten la industria, los basureros y los manejos agropecuarios, éstos generan más carga orgánica, tóxicos y, en general, más contaminantes que toda la ciudad. La planta sólo está diseñada para tratar los desechos de la ciudad, no para tratar el problema de la contaminación que causan los segundos”.
Este semanario recorrió el lugar y constató que el agua tratada que sale de la planta es vertida nuevamente al cauce del arroyo de El Ahogado, afluente del Santiago, donde nuevamente se mezcla con la corriente que contiene cargas tóxicas y desechos industriales.
Según Flores Elizondo, quien forma parte del Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, es absurdo que las aguas tratadas por la planta regresen al mismo cauce contaminado de la cuenca de El Ahogado, ya que así no se reutiliza el agua. Además, advierte:
“Si no se toman las medidas preventivas ahorita y se sigue permitiendo la contaminación del río, en 10 años veremos las consecuencias en la salud de quienes viven en la zona, con enfermedades en el hígado, en los huesos y en la piel, sin mencionar los riesgos de cáncer.”
Graciela González, representante de la asociación civil Un Salto de Vida, enfatiza que no existe una iniciativa de gobierno para desarrollar un proyecto serio de investigación sobre la salud en El Salto y municipios aledaños, a fin de corregir las deficiencias de la planta.
Algunos habitantes de El Salto recuerdan que hace más de 30 años iban al lecho del río Santiago a bañarse y pescar truchas. La familia González es testigo de la mutación mortífera de este afluente, el segundo más largo y uno de los más caudalosos de México. Por eso, junto con su esposo, Enrique Enciso, Graciela González impulsó a la organización Un Salto de Vida en enero de 2006 y desde entonces han organizado la defensa del medio ambiente.
En febrero de este año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le negó a la activista una copia de la manifestación de impacto ambiental de la planta de tratamiento porque esa información es “inexistente”. Mediante el oficio AC/CI-CONAGUA-080/2012 el organismo le mencionó que sólo había encontrado el estudio de consulta pública.
Para González y muchos otros habitantes de El Salto, es importante saber cuál es el funcionamiento real de la planta de tratamiento porque, asegura, por un error en su ubicación no procesa las aguas residuales de las delegaciones El Castillo, La Azucena, El Quince, El Muelle y la cabecera municipal.
Precisa que varios investigadores estiman que en El Salto habrá una crisis de agua potable en los próximos 20 años a consecuencia del crecimiento urbano y la extracción desmedida en los pozos de absorción. Recuerda que el ayuntamiento elaboró en 2005 un estudio de disponibilidad del agua y detectó un déficit de 6 millones de metros cúbicos, a pesar de lo cual sigue autorizando fraccionamientos.
Mediante la Ley de Transparencia también solicitaron copia de las visitas de inspección que realizaron la CEA y el ayuntamiento de El Salto a las industrias entre junio y agosto de 2011, así como de las sanciones que aplicaron. Para su sorpresa, les entregaron un pliego de documentos cuya información fue censurada con plumón negro sobre la razón social y la dirección de las fábricas emisoras de contaminantes.
De acuerdo con el inventario elaborado por la organización Un Salto de Vida, en ese municipio están instaladas 219 industrias, pero Graciela González dice que en las colonias existen otras fábricas pequeñas y medianas que maquilan para las grandes empresas y pueden argumentar que no son responsables de sus emisiones tóxicas.
Apatía mortal
La organización ecologista internacional Greenpeace logró desclasificar en mayo de este año la información mencionada y puso al descubierto el nombre de las industrias que contaminan y el tipo de químicos que están arrojando al río mediante dos estudios técnicos a los que tuvo acceso.
Uno de ellos es el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminación (RETC) elaborado en 2012, el cual señala que las empresas con reportes más elevados de descarga de metales pesados y cianuro en la cuenca del río Santiago son IBM de México, CIBA especialidades químicas, Grupo Celanese, Cervecería Modelo de Guadalajara, Nestlé México, Hylasal Mexicana, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Servicios Estrella Azul de Occidente.
El otro documento corresponde al análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) titulado Actualización del estudio de calidad del agua del río Santiago (desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta la presa Santa Rosa), sobre la contaminación del Santiago de 2009 a 2011.
Entre otros resultados relevantes destaca que el IMTA encontró en el río mil 90 sustancias químicas, muchas altamente tóxicas, como ftalatos (que causan alteraciones hormonales), fenoles (que afectan el desarrollo neuronal), tolueno (un cancerígeno) y retardantes de flama.
En el estudio se advierte que el río tiene grandes cantidades de arsénico y plomo superiores al límite establecido por la Ley Federal de Derechos para la Protección de la Vida Acuática.
En el apartado “Niveles de contaminantes peligrosos en las descargas y en la corriente del río Santiago” señala: “De los contaminantes inorgánicos presentes en las descargas, sobrepasan el límite máximo permisible de la NOM-ECOL-001SEMARNAT el arsénico y plomo. Con respecto a los límites permitidos en los criterios de calidad del agua en el río: el cadmio, cianuros, mercurio y níquel sobrepasan también los límites para protección de la vida acuática”.
Revela también que las descargas industriales son más contaminantes que las municipales, ya que de 87% a 94% de las industrias incumplen con al menos uno de los parámetros de la NOM 001-SEMARNAT-1996. En resumen, se vierten, para las condiciones más críticas encontradas, un total de 507.5 toneladas de contaminantes convencionales diariamente.
Los dos estudios coinciden en que corren mayor peligro quienes viven hasta a 10 kilómetros del río, ya que están expuestos a la toxicidad de compuestos orgánicos volátiles, metales pesados y otros contaminantes que producen enfermedades letales, crónico-degenerativas y cancerígenas. La realidad es que 51% de los habitantes de El Salto moran a menos de un kilómetro del río y 90% a menos de 5 kilómetros de las fábricas y de las aguas contaminadas de origen municipal e industrial.
Y es en la presa El Ahogado, dice el IMTA, donde se han presentado los niveles más altos de contaminación, con metales pesados, como bario, cromo, hierro, mercurio y zinc, en cantidades muy superiores a los límites máximos establecidos en la Ley Federal de Derechos de Agua 2009 (LDF 2009). Un seguimiento epidemiológico publicado por Greenpeace con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) destaca que de 2007 a 2010 se elevó la tasa de mortalidad en la ribera del río Santiago a causa de diarreas y gastroenteritis, así como por enfermedades renales hipertensivas.
Y en El Salto y Juanacatlán la tasa de mortalidad por tumores malignos del sistema digestivo, leucemia linfoide y cáncer de mama superó la media estatal.
Sin embargo, en estas zonas de alto riesgo el crecimiento urbano no se detiene. En los recientes 10 años, las administraciones del PAN y del PRI autorizaron más de 23 fraccionamientos, entre los que destaca el conjunto residencial Campobello, con 2 mil 500 viviendas y ubicado a menos de un kilómetro de la nueva planta de distribución de Pemex. Así se impulsó la urbanización en San José de El Quince, San José El Verde, El Refugio, Zapote del Valle, San José del Castillo y La Alameda.
Después de las explosiones de los colectores de Guadalajara, el 22 de abril de 1992, provocadas por una fuga de gasolina de la planta de Pemex en La Nogalera, la distribuidora se mudó a una zona despoblada de El Salto para prevenir otra catástrofe como esa. Y ahora ya se construyó una colonia en su entorno.
El reto de las industrias
En entrevista con Proceso Jalisco, el coordinador de la campaña Tóxicos de Greenpeace, Pierre Terras, señala que en México se puede contaminar “respetando la ley”, ya que las regulaciones ambientales son obsoletas y permisivas con la industria. Agrega:
“El problema es que sólo una docena de parámetros están regulados en la normatividad de SEMART (Nom 001-semarnat-1996), que regula las descargas de aguas nacionales. Esta norma resulta obsoleta contra la realidad de contaminación que se vive en México, pues las industrias descargan cientos de químicos que no están regulados por dicha norma. Tal es el caso del nonilfenol, sustancia altamente tóxica que causa alteraciones hormonales y no está incluida en ninguna norma. Cualquier empresa puede descargar tanto nonilfenol como desee, sin ningún problema. Lo mismo pasa con el tolueno, el benceno y otros.”
Terras también advierte que la planta de tratamiento de El Ahogado fue diseñada para resolver sólo el problema de la contaminación orgánica y bacteriológica que se genera en el uso doméstico del agua, ya que no existe tecnología para limpiar el líquido de los tóxicos más peligrosos generados por la industria.
“La industria es la que más contamina, no los desechos que genera la ciudad, y actualmente no hay procesos para tratar los metales pesados ni sustancias como el nonifenol. Esto no se puede limpiar con ninguna tecnología, por eso debe prohibirse su uso, como en otros países. El saneamiento sólo se puede generar una vez que se deja de contaminar, pero en México estamos al revés.”
A su vez, el coordinador general de campañas de Greenpeace, Gustavo Ampugnani, recuerda que los ingleses vivieron una situación similar hace 20 años en el Támesis, un río más caudaloso y mucho más grande que el Santiago. La restauración de ese río, enfatiza, no se logró con una planta de tratamiento, sino que la industria y la gente dejaron de arrojarle químicos y la vida acuática regresó.
Es por eso que el investigador Rodrigo Flores Elizondo cuestiona que el ayuntamiento de El Salto sea omiso al aplicar sus reglamentos, pues tiene el poder de cerrarle a las industrias el servicio de drenaje o negarles licencias municipales en caso de incumplimiento.
El académico, también miembro del Consejo Tarifario Ciudadano del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, recuerda que desde 2007, en el Primer Foro Nacional Rumbo al Saneamiento Integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago que organizaron diputados federales, se propuso transparentar los resultados de las inspecciones que realiza la Conagua.
Así se sabría cuáles son las empresas que contaminan y qué sanciones les corresponden, dice Flores Elizondo, y comenta que a las autoridades también les ha faltado capacitar a los habitantes para que muestren interés en el monitoreo de la calidad del agua.
Por su parte, Graciela González, activista de Un Salto de Vida, precisa que el municipio podría poner un poco de orden, pero su Dirección de Ecología no aplica rigurosamente su reglamento ni promueve la elaboración de dictámenes ambientales que determinen si una empresa puede continuar funcionando ahí.
“De otra manera no hay forma de regular que una industria esté cumpliendo la ley estatal y la federal. No se sabe de ninguna empresa que esté detenida por incumplimiento, y estoy segura de que muchas empresas no cumplen”, dice.
El Salto forma parte del Polígono de Fragilidad Ambiental que comprende los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, Zapopan, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río y Tala. En el área se establecieron medidas para mitigar la contaminación. La activista González considera que el alcalde de El Salto, Joel González –quien llega al cargo por segunda ocasión–, se toma a la ligera la polución que padece su municipio.
E indica que él y su hermano Gerardo González, su antecesor en el puesto, se han negado a elaborar el Plan de Ordenamiento Ecológico que forma parte de la estrategia de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del estado para mitigar la contaminación y contener a las empresas que descargan sus residuos tóxicos en la zona.
La puesta en marcha de El Zapotillo representaría la desaparición de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
En el mundo no hay otro lugar como México donde se controlan los límites de velocidad con los topes. 
